Pandillas gobiernan barrios enteros en Puerto Tejada. Este municipio del norte del Cauca, atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. La violencia urbana, alimentada por conflictos entre pandillas, homicidios, hurtos y delitos conexos, deja un saldo alarmante en lo que va de 2025. Solo el 26 de marzo se registraron más de 41 personas heridas en hechos violentos ocurridos en diferentes municipios del departamento, con Puerto Tejada como uno de los focos más graves.
Ese día, tres homicidios sacudieron a la comunidad. Steven Ochoa Colorado fue asesinado en el parque del barrio Villa Clarita, en medio de una confrontación entre pandillas juveniles. Horas antes, Cindy Lorena Díaz, de 22 años y madre de dos menores, fue asesinada dentro de un taxi cuando hombres armados dispararon contra el vehículo. Un tercer asesinato ocurrió en el barrio Jardín, dejando además a una persona herida.
De acuerdo con testimonios recopilados por Proclama del Pacífico, la respuesta institucional no ha logrado contener la ola de crímenes. A pesar de la apertura de un centro de atención por parte de la Fiscalía desde el 11 de marzo de 2025 y de la realización de consejos de seguridad, los asesinatos continúan.

La administración municipal ha desplegado un plan de respuesta basado en tres líneas: seguridad y justicia, prevención y resocialización. En lo operativo, se incrementaron patrullajes con apoyo del Ejército y se impuso toque de queda para menores. También se habilitó un punto de atención de la Fiscalía, y se están solicitando más unidades policiales y equipos de movilidad para el control territorial.
En cuanto a la prevención, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional que articula programas educativos, culturales y deportivos con el fin de ofrecer alternativas a la juventud. Paralelamente, se desarrolla un programa de resocialización con la participación voluntaria de integrantes de cuatro pandillas que buscan dejar atrás la violencia. Algunos de estos jóvenes dieron testimonio público durante un reciente foro municipal.
La alcaldesa ha presentado proyectos ante el Ministerio del Interior para la instalación de cámaras de videovigilancia y hace un llamado al Gobierno nacional y departamental para fortalecer la presencia institucional en Puerto Tejada. También invita a las familias a involucrarse en los procesos de formación de sus hijos y a brindar información que permita desarticular las estructuras criminales.
La alcaldesa de Puerto Tejada se pronuncia sobre la ola de violencia juvenil
La alcaldesa Luz Adíela Salazar se refirió a la compleja situación de seguridad que enfrenta Puerto Tejada, un municipio que desde hace más de tres décadas ha sido impactado por el fenómeno de las pandillas juveniles. Según explicó, se trata de grupos conformados por adolescentes y jóvenes que han incurrido en delitos como hurtos, homicidios y microtráfico, generando disputas territoriales, barreras invisibles, divisiones y afectaciones tanto a sus miembros como a la comunidad que no hace parte del conflicto.
La situación se ha agudizado en los últimos seis meses, especialmente por el regreso de algunos pandilleros que recuperaron su libertad y buscan retomar el control de los grupos, encontrando resistencia por parte de las nuevas generaciones. Estas disputas se evidencian incluso en redes sociales, donde circulan amenazas entre ellos.
Actualmente, se tiene registro de 32 pandillas activas en el municipio, responsables de hurtos, enfrentamientos armados entre ellas, ataques contra la Policía y homicidios de ciudadanos inocentes durante balaceras y atentados.
Frente a esta situación, la administración municipal ha implementado tres líneas estratégicas para mitigar la problemática:
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Medidas de seguridad y justicia:
Se ha fortalecido la articulación con la Policía, el CTI, la Fiscalía y el Ejército. Gracias a esta gestión, en 2023 se logró incrementar el pie de fuerza en 40 unidades policiales y se obtuvo el acompañamiento de un pelotón del Ejército Nacional, especialmente durante los fines de semana. También se implementó un toque de queda para menores de edad y se ha solicitado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa un aumento adicional del pie de fuerza y mayor presencia del Ejército.
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Medidas de prevención:

Se conformó una mesa de trabajo con entidades públicas, privadas y comunitarias, con el fin de impulsar acciones preventivas que permitan ocupar el tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de manera positiva. La estrategia incluye programas enfocados en principios y valores, educación, cultura, deporte y recreación. También se desarrollan charlas y actividades pedagógicas en instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y la vinculación de menores a redes de violencia.
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Medidas de resocialización:
Conscientes de que más de 600 jóvenes hacen parte de las pandillas, la administración puso en marcha un programa de resocialización que ya cuenta con la participación voluntaria de miembros de al menos cuatro grupos. En un foro reciente, algunos de estos jóvenes compartieron sus testimonios como referentes positivos del programa «Jóvenes en Paz», demostrando que es posible transformar sus vidas y dejar atrás la violencia.
La alcaldesa también destacó que se han tocado diversas puertas a nivel nacional para fortalecer las condiciones de seguridad. Entre las gestiones adelantadas se encuentra un proyecto presentado al Ministerio del Interior para la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio.
“Seguiremos adelante con este plan integral, y con la ayuda de Dios y de la comunidad, esperamos recuperar la tranquilidad en nuestro municipio”, concluyó la mandataria.
Finalmente, la población ya no espera discursos ni diagnósticos repetidos. En Puerto Tejada no caben más foros ni mesas que se diluyen en promesas estériles mientras los cuerpos caen en las calles y el miedo se vuelve rutina. La comunidad exige respuestas reales, no comunicados. Pide presencia efectiva del Estado, no solo en cifras ni en titulares, sino en decisiones firmes que rompan el círculo de impunidad y abandono. La violencia no da tregua, y la paciencia social se agota. Cada día sin acción decidida, sin justicia que llegue al territorio, es una sentencia para cientos de jóvenes atrapados entre la muerte y el olvido. La indiferencia institucional no puede seguir siendo la norma ante un municipio que clama, no por más planes, sino por resultados