25 municipios del Cauca en riesgo electoral
“En 170 municipios del país hay riesgo coincidente por factores indicativos de fraude y violencia para las elecciones de 2026”, según estudios interdisciplinarios elaborados por la Misión de Observador Electoral, MOE.
“De estos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Los focos críticos se encuentran en las subregiones de Arauca; el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el andén del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia); el norte del Cauca; el suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare); y el medio y bajo Putumayo”.
De estos, 25 municipios de los 42 del departamento del Cauca, están en alto riesgo electoral, según el reciente mapa y estudios difundidos en Popayán por Alejandra Barrios, directora Nacional del MOE y Andrés Chilito y Ricardo Montilla, coordinadores de la Misión en el departamento, invitados por la Universidad del Cauca a una serie de eventos divulgativos (el 18 de febrero en el salón de Consejos y el Paraninfo Caldas) y un taller de capacitación (el 19 de febrero en la nueva sede de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales) enmarcados en la celebración del día del periodista.
Aprovechando la cercanía de las elecciones del 8 de marzo para elegir 102 senadores entre 1079 candidatos y 182 representantes entre 2057 inscritos; con tarjetón opcional para las consultas pre-presidenciales; la directora de la MOE, presentó varios mapas y estadísticas elaborados desde antes del acuerdo de paz con las FARC, registrando la evolución de los factores de riesgo por fraude y violencia, durante elecciones anteriores, destacando que para los comicios del 2026, estos se han incrementado, especialmente en regiones como el Cauca, Chocó, Arauca y el Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Guajira, donde diferentes grupos que no se han desarmado a pesar de negociaciones adelantadas con anteriores y este gobierno, luchan entre ellos por el dominio territorial, con la población civil en medio, buscando controlarla y a sus líderes, y también las economías ilegales relacionadas con el narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión y el secuestro; pero haciendo énfasis que en cada región del país los conflictos tienen sus particularidades que los diferencian de los demás.
Con respecto al Cauca, resaltó que hay que articular el riesgo de violencia electoral con perspectivas de derechos humanos y enfoque étnico; aunque destacó que históricamente en el departamento el fraude electoral no es tan preocupante, a excepción de votaciones sorpresivas y definitivas para decidir curules a Cámara, como las registradas hace años en municipios aislados de la costa del Pacífico.
Además, se mostró de acuerdo con la simplificación del Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación, conocida como formulario E-14, que minimiza posibilidades de fraude, a diferencia del anterior, más complejo y abigarrado, con numerosas casillas que facilitaban el llenado posterior al cierre de la votación, con números escritos registrando votos que no estaban en las urnas.
También mostró preocupación por el temor e influencia que sobre la participación o no en los comicios, puedan tener en poblaciones y comunidades rurales, los diversos grupos armados, que en el año anterior, en el departamento del Cauca, hicieron más de 500 acciones armadas, muchas de las cuales contra líderes de comunidades indígenas, negras y campesinas que se oponen a sus planes de expansión, control territorial y del narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores.
Destacó hechos recientes que tienen un mensaje político de fondo, como la retención, en el municipio de Totoró, de la senadora Aida Quilcué, rescatada por la rápida reacción de la Guardia Indígena y no por el Ejército y la Policía. Esto se suma a lo sucedido a los candidatos a la Cámara de Representantes, Lucy Amparo Guzmán, retenida a cinco minutos de Santander de Quilichao por un grupo armado perteneciente a las disidencias de las Farc; y al exdiputado Víctor Armero, detenido en el sur del Cauca, a quienes despojaron de sus vehículos después de desarmar a los escoltas y al igual que candidatos de otros partidos políticos, han tenido dificultades para visitar poblaciones y zonas rurales de varios municipios donde se les prohíbe hacer proselitismo, los despojan de sus vehículos o si cuentan con buena suerte, apenas les cobran peajes para dejarlos transitar y organizar eventos públicos. Esta situación difícil se ha registrado con mayor frecuencia en municipios del norte del Cauca y del Alto Patía.
También se refirió a las 16 circunscripciones transitorias de paz (CITREP) con igual número de curules para la Cámara de representantes, que en este período tienen su última oportunidad y en el Cauca, 2 circunscripciones abarcan territorio de 13 municipios incluidos en el PDET, y son compartidas con municipios limítrofes del norte de Nariño y la costa pacífica del Valle del Cauca.
Sobre estas curules, fruto de los acuerdos de paz firmados con las FARC durante el gobierno de Santos, a nivel regional y nacional puede haber presión tanto de los partidos tradicionales como de los grupos armados, que incluso pueden hacer alianzas temporales como las concertadas en el Catatumbo, donde un sector de conservadores ha hecho acuerdos con disidencias de las FARC, para apoyar a Tatiana Gaona, conocida como “la Cebollita”, según reciente denuncia hecha pública en diferentes medios de comunicación.
Acerca de la participación del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la reglamentación de las consultas previas y en el proceso de unión de los diversos grupos políticos que apoyaron al presidente Petro, expresó que se evidenció la desventaja y riesgos para la transparencia y seguridad jurídica, que significa la participación de un Consejo Nacional Electoral, integrado no por magistrados especializados y sí por miembros de diferentes grupos políticos, la mayoría abiertos opositores al actual gobierno, que se reparten los cargos y presupuestos y además no actúan en derecho, como debería hacerlo un auténtico tribunal electoral, por el estilo de los ya existentes en numerosos países.
Como se apreció a pocos días de cerrarse los plazos para inscribirse a las consultas, las decisiones del CNE fueron tomadas más para perjudicar a los movimientos políticos y candidatos afines al actual gobierno, cuando debieron pronunciarse a tiempo sobre el proceso de unidad del Pacto Histórico y los partidos y movimientos que votaron por el presidente Petro, boicoteando el proceso la unificación; al igual que sobre las consultas, al no decidir a tiempo y guardar silencio cuando solicitaron su concepto acerca de la participación o no de Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, -tanto en la consulta intrapartidista que inicialmente fue convocada en octubre de 2025 y en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, cuando después de hechos cumplidos, con argumentos dudosos y conjueces cuestionados por su cercanía al expresidente Uribe y al candidato Abelardo de La Espriella, bloquearon la participación de Iván Cepeda, pero si autorizaron la de Daniel Quintero.
En todo este tejemaneje también destacó los errores cometidos al interior de los partidos de izquierda y la pobre asesoría jurídica conque contaron, insuficiente para salir airosos del silencio cómplice, al no responder a tiempo las preguntas acerca del proceso de integración en un solo partido del llamado Pacto Histórico, y la validez o no de las consultas previas, haciéndolos caer en las emboscadas leguleyas que les tendieron sus enemigos enquistados en el CNE.
Alejandra Barrios, anunció, que el MOE, para cubrir elecciones que registran un censo electoral de 41.408.605, de ciudadanos, de los cuales 20.112.170 son hombres y 21.296.435 mujeres, desplegará cerca de 4.000 observadores electorales en todo el país, y en el departamento del Cauca tendrá presencia en 30 municipios.
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