WATERGATE, A LA CRIOLLA
Por JOSE LOPEZ HURTADO*
En muy mal momento la prensa ecuatoriana acaba de denunciar posibles interceptaciones ilegales a altos funcionarios y al propio Presidente Correa, por parte de la agencia de inteligencia DAS de Colombia.
Por supuesto que no pueden existir momentos propicios para la comisión de una empresa criminal de ésta magnitud, que en su tiempo forzó la dimisión de Nixon, oscuro mandatario republicano, de quien recientemente se acaba de revelar su participación en el crimen de Allende y a conocerse un video cuando así se lo manifestaba a ese otro tenebroso personaje Kissinger, su secretario de Estado, de ingrata recordación para los pueblos latinoamericanos.
El agonizante gobierno del señor Uribe, soportado por los colombianos durante ocho años, enfiló baterías contra los representantes del Poder Judicial, particularmente contra los magistrados de las altas cortes, jueces y abogados, cuando sus fallos no le complacían ni favorecían a sus amigos.
La enojosa historia del espionaje oficial apenas se descubrió, ahora, en las postrimerías de su mandato, cuando se supo que la punible interferencia telefónica a la intimidad de los funcionarios, a su vida privada, a sus desplazamientos, e incluso a las sesiones confidenciales de las corporaciones judiciales, fueron hechas por esa oficina, adscrita directamente al despacho del Presidente de la República.
La circunstancia de que ex funcionarios de esa policía secreta, involucrados en la investigación hayan invocado para su caso, la aplicación del “principio de oportunidad”, que equivale a suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, a cambio de colaboración eficaz de los indiciados, significa, ni más ni menos, que en efecto se consumó esa empresa delictiva por parte de la agencia estatal. Un verdadero concierto para delinquir, además, al más alto nivel de las esferas de poder colombianas.
Sopesando esos antecedentes, resulta claro por qué la opinión pública nacional y extranjera, no cree en las inverosímiles justificaciones del señor Uribe, que arriesga así el auspicioso puente de entendimiento tendido por el electo Presidente Santos con el gobierno ecuatoriano.
Por eso mismo, parece proporcionada la reacción de Correa al amenazar con una nueva ruptura de relaciones diplomáticas y por parte de la Fiscalía de ese país, de solicitar al diario que publicó el escándalo, revele, así mismo, la fuente de información (el secreto profesional está consagrado en el art. 16 de la Constitución Política ecuatoriana), por los asuntos de seguridad interna y externa que involucra el espinoso asunto.
El G-3, grupo de inteligencia que terminó realizando seguimientos ilegales y “chuzadas” a periodistas, miembros de la oposición política y magistrados en Colombia, así como la “Operación Salomón” de Ecuador, además de violentar principios universales de respeto a la intimidad de las personas, atentan, en este caso ,contra reconocidos postulados universales de no intervención en los asuntos de otros Estados.
Episodios bochornosos que deben ser investigados hasta dar con sus directos responsables, conservando, eso sí, a buen recaudo el saludable ambiente que se comienza a respirar entre los dos gobiernos amigos y hermanos, a raíz de la elección del nuevo Presidente de los colombianos.
*Analista Internacional, colombiano.
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