Votaré solo por candidatos con propuestas pertinentes

Nada más. No importa qué organización política los avalen.

Hoy es domingo, 28 de diciembre de 2025, faltan exactamente 70 días para que los colombianos salgamos a elegir el nuevo Congreso de la República.

Ese día, el domingo 8 de marzo de 2026, voy a madrugar para depositar en la urna oficial dos tarjetones: el de la Cámara de Representantes, donde marcaré el número que distingue a uno de los 31 candidatos que aspiran por la circunscripción territorial del Cauca y el del Senado de la República, donde pondré una X sobre el número que identifica a uno solo de los 1.078 ciudadanos que quieren ser senadores. Tenemos dos meses y una semana para preparar la decisión que definirá la suerte del Cauca.

Será una decisión familiar que discutiré con amigos que sean conscientes de votar en conciencia. Para votar con responsabilidad cívica, debemos diseccionar la realidad. ¿Qué es lo que sucede en el Cauca, nuestra casa? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles podrían ser las soluciones? ¿Quiénes serían los dirigentes capaces, por sus antecedentes y conocimientos, de trabajar en beneficio de sus mandantes?

En el Cauca, la violencia armada no puede explicarse únicamente como criminalidad espontánea. Su arraigo se remonta a las luchas por el poder y a los ideales de transformación social que marcaron buena parte del siglo XX en Colombia.

Durante décadas, amplios sectores del país —y del Cauca en particular— aceptaron, toleraron o convivieron con una ideología armada que se presentaba como alternativa para alcanzar cambios políticos y sociales frente a un Estado excluyente, centralista y ausente.

La toma del poder, la revolución, la transformación del Estado, justificaban la violencia, y muchas comunidades la entendieron —o la soportaron— como parte de un conflicto con pretensiones históricas.

Ese ciclo, sin embargo, se agotó.

La firma de los acuerdos de paz de 2016, en particular el proceso que condujo al desarme de las FARC-EP, marcó un punto de inflexión. Con ese proceso, el Estado colombiano reconoció políticamente el conflicto, cerró un capítulo armado de larga duración y abrió la posibilidad de tramitar las disputas por la vía institucional.

A partir de ese momento, la justificación política de la lucha armada perdió vigencia.

Pero en el Cauca la violencia persistió. Claro que lo que quedó en los territorios no fue una insurgencia con programa ideológico, sino estructuras armadas fragmentadas, sin agenda política clara, cuyo principal objetivo pasó a ser el beneficio irracional de la economía criminal que reemplazó cualquier pretensión ideológica. Las armas dejaron de servir a un proyecto político y se dedicaron a la criminalidad.

Dicha coyuntura se integró con el sistema económico alterno, dominante, diseñado por las mafias de los años ochenta y noventa, que favorece a los excluidos de la economía legal. Los actores marginados, protagonistas discriminados, encontraron en la ilegalidad un camino posible —aunque violento— de acceso a ingresos, poder y reconocimiento social. El narcotráfico democratizó el acceso al capital para quienes no tenían apellido, ni cuenta bancaria, ni tierra titulada, una oportunidad para los excluidos.

Por eso es que en el Cauca la violencia se volvió perseverante, cambiante y difícil de erradicar: está anclada a la forma misma de vivir y producir. Las nuevas generaciones de criminales utilizan la minería ilegal, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el contrabando, como medios naturales de subsistencia. El asesinato, la amenaza, el secuestro o el desplazamiento forzado funcionan como sanción, mecanismo de cobro, control de competencia, forma de disciplinamiento social.

En este escenario uno piensa: un raspachín de coca, un informante o un transportador de insumos gana en una semana lo que un campesino honesto gana en dos meses cultivando café o piña; aquí es donde la legalidad pierde su atractivo racional y el joven rural elige el crimen, no por maldad intrínseca, sino por rentabilidad inmediata. Esto creó una gran fuerza laboral dependiente del delito, dispuesta a defender violentamente su fuente de ingresos. El Estado no ofrece una alternativa competitiva, sino persecución.

En consecuencia, ante el fracaso histórico de la acción legislativa sobre el Cauca, el candidato a legislador debe demostrar a quienes lo elegiremos que la solución no es más retórica, sino la ingeniería social y económica pertinente. No se trata de «moralizar» al campesino: hay que ofrecerle una competitividad real.

Deberá iniciarse por el desmonte de la mentira: La economía ilegal no genera desarrollo, genera algo de liquidez inmediata y algún consumo suntuario (camionetas, trago, armas), pero no deja infraestructura, ni educación, ni capacidad instalada, no deja calidad de vida. Y tener en cuenta que en el Cauca no hay mafias, hay campesinos esclavizados por los carteles de las ciudades capitales o internacionales, que no tienen ningún compromiso con sus víctimas (cultivadores y consumidores). Cuando se acaba el negocio (o matan al patrón intermediario), el pueblo queda más pobre que antes y con más viudas. Como es el Cauca en la realidad actual.

Entonces, el líder político debiera contribuir en la implementación de políticas públicas que garanticen la cesación de la violencia haciendo que la legalidad sea, si no más rentable, al menos más lógica y segura para el habitante rural. Hoy, en el Cauca, ser legal es un acto heroico y suicida. Por eso, el ciudadano espera es que ser legal sea, simplemente, el sentido común.

Es que ni siquiera el Acuerdo de Paz de 2016, que contempla muchas de las acciones necesarias para implantar en el Cauca, tuvo eco. La condición de las comunidades víctimas no fue tema prioritario para el legislativo; mejor, se dedicó en exclusiva a criticar y bloquear al actual gobierno, sin tener en cuenta ni siquiera la implementación de la reforma rural integral ni la solución al problema de las drogas ilícitas, que contempla Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). El Legislativo no fue propositivo, fue complaciente con los tormentos de las comunidades que supuestamente representaba.

Ante este diagnóstico, los discursos de campaña vacíos insultan nuestra inteligencia. Por eso me molestan, no saben que la paz no promete riqueza inmediata; promete estabilidad, dignidad y futuro.

En estas circunstancias, yo ya tengo cálculos más o menos precisos sobre cómo será mi voto dentro de 70 días. Oportunamente detallaré todos los porqués y beneficiarios de mi decisión, que también será colectiva. Gracias.

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