Violencia urbana en Colombia
“Más que las violencias del campo, las que nos están matando son las violencias de la calle”. Esta es una de las conclusiones de la Comisión de Estudios de la Violencia (1987), que nos permite pensar que la contradicción guerra-paz generalmente se ha venido tratando desde el punto de vista del conflicto armado bajo la esperanza de encontrar alguna salida y con ello el advenimiento de la convivencia pacífica, al tiempo que se desconocen las otras violencias, que a simple vista tienden a perder significado ante las diferentes acciones de la guerrilla y otros actores comprometidos en esta violencia que ha copado medio siglo de nuestra historia republicana.
Los violentólogos analizan con preocupación el problema de la violencia urbana en nuestro país. Según este estudio, 79 homicidios por cada cien mil habitantes hacen que Colombia se convierta en uno de los países más violentos del mundo. Tasa tres veces mayor que la de Brasil, considerado el segundo país más violento de Latinoamérica; diecisiete veces mayor que Uruguay, el menos violento. El número de homicidios cometidos en un año en Colombia resulta tres veces más alto que el de la República Popular de China.
El alto índice de homicidios registrado en Colombia que no corresponde a la violencia política, sin duda alguna corrobora el recurso de la intolerancia o eliminación del otro como manera de resolver los conflictos. Problemas socioeconómicos acentuados explican delitos contra la propiedad, de los que resulta el mayor nivel de criminalidad, que es fundamentalmente urbana y entre sus actores se encuentran los sectores más pobres, marginados sociales, desplazados y desempleados. No obstante, es oportuno aclarar que no necesariamente, entre más pobre sea una población, sea por ello más violenta.
En la violencia urbana, entre otros actores, juegan un papel importante las pandillas juveniles procedentes de sectores pobres, tal como demostró un estudio sobre homicidios y criminalidad en Cali durante 1993, que indica que 33.7% de las víctimas de homicidios eran jóvenes entre 15 y 25 años. En 1995, en el Valle del Cauca, un 16.4% de los procesados por diferentes delitos corresponden a jóvenes entre 18 y 25 años.
En diciembre de 2002, de acuerdo a informe anual de Derechos Humanos, Medellín se posicionó como la ciudad más violenta del país, pues mostró estadísticas que la catalogaron ocho veces más violenta que Bogotá; delitos de violencia intra familiar son los más cometidos, así éstos no sean los más llamativos. Las autoridades de la capital antioqueña hasta el 30 de noviembre reportaban 3.427 homicidios, mientras en Bogotá se reportaban 1.599 hasta el 31 de octubre y en Cali 1.777 muertes reportadas hasta el 17 de noviembre del citado año.
Los indicadores sociales actuales señalan que la situación no ha cambiado y este es un tema de mucha preocupación de las administraciones locales, que sin embargo no han tenido respuestas contundentes. El distanciamiento entre Estado-sociedad es evidente, el inconformismo social crece al tiempo que no vislumbran políticas públicas a mediano y largo plazo que puedan minimizar la situación. Se dice que el problema de la inseguridad en las carreteras ya no es tan marcado pero la desprotección de los ciudadanos en las ciudades se hace insoportable, situación que permite hablar de ciudades al garete.
El desprecio por la vida en Colombia exige de inmediato la necesidad de implementar una ética ciudadana que haga posible la solución pacífica de los conflictos y en donde lo diverso y diferente no sirva de pretexto para eliminar al otro, sino que en el reconocimiento de las diferencias, buscar coincidencias y acuerdos posibles en el terreno de lo colectivo. Para ello se debe educar en unos nuevos valores, capaces de civilizar los ámbitos privados y públicos de los colombianos.
Hay que ponerle atención al conflicto armado, pero también a las otras violencias. Si no se hace, la solución del conflicto armado- en caso de ser posible- no sería suficiente. No podemos seguir pensando que la violencia es el destino trágico de los colombianos frente al cual ya no se puede hacer nada. Es necesario edificar la cultura de la paz. Como es necesario también, concretar un modelo económico incluyente y justo.
En plena época electoral los candidatos a las alcaldías y a los demás cargos de elección popular, poco argumentan ante las preguntas de ¿cómo tramitarán los problemas referentes a la inseguridad ciudadana y cómo reproducir una cultura de tolerancia y resolución pacífica de los conflictos? Dios quiera que logremos la paz política pero también que resolvamos las demás violencias, pues son muchos los factores, actores y escenarios que no están relacionados directamente con la violencia del monte, tal como afirman los violentólogos. Otros enfoques necesariamente debemos reconocer en la contradicción guerra-paz; de lo contrario la convivencia civilizada entre los colombianos se quedaría, ontológicamente hablando, en el deber ser y no en el ser.
