- Entregarán un pliego de peticiones, que incluyen solicitud de cambio de directores regionales y funcionarios.
- Algunos de los procesos de reparaciones colectivas han recibido como reparación una placa a la entrada del pueblo, placa – huellas para las carreteras, instrumentos musicales que nadie sabe usar, y otras, llevan dos años exigiendo “medidas urgentes” que incluyen ayuda humanitaria porque se encuentran en la pobreza total.
- Piden como garantes de este proceso al Defensor del Pueblo, un delegado de la Contraloría General, y al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, padre y ponente de la Ley de Víctimas.
Un grupo de víctimas, pertenecientes a seis comunidades ubicadas en los departamentos de Bolívar, Sucre y Santander, realizan en este momento una toma pacífica de la sede de la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV, ubicada en el centro de Bogotá, para exigir el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas, pues a su parecer, su implementación “ha tenido efectos contrarios a su objetivo”.
Las víctimas, que hacen parte de los procesos de reparaciones colectivas, decidieron trasladarse desde la lejanía de sus veredas para exigir, entre otras cosas, que se retire de sus cargos a los directores de las unidades territoriales y a los funcionarios de estas dos territoriales que se encargan de los procesos de reparación colectiva, así como el inicio de medidas disciplinarias a los funcionarios que maltratan y menosprecian a las víctimas.
Entre los argumentos presentados por este grupo de víctimas, y expresados en un pliego de cargos que incluye 9 peticiones concretas, muchos funcionarios de la Unidad de Víctimas en las regiones tratan a las víctimas como objetos y no como sujetos de derechos, las presionan para que acepten los planes de reparación que la Unidad les propone y que a su parecer, han convertido en “una receta” que aplican a todas las comunidades y que son aprobados solo por algunos líderes cercanos a las administraciones municipales que terminan buscando votos a costa de las víctimas.
El trato de algunos funcionarios “es mas de quien está haciendo un favor a las víctimas y no cumpliendo una obligación asignada por la Ley”, dicen en su pliego de peticiones en el que piden diferenciar, las medidas de reparación colectiva a las víctimas y las responsabilidades del Estado, pues en muchos casos se repara a las víctimas con carreteras, acueductos, y puestos de salud.
Casos concretos
Uno de los casos presentados, es el del corregimiento de Riachuelo, en Charalá, Santander, donde prima el miedo y el silenciamiento a las víctimas a pesar de los horrores vividos por estas, y en donde la Unidad de Víctimas decidió invertir 12 millones de pesos en instrumentos musicales que nadie sabe usar y que llevan más de un año guardados en una bodega. Y a esto se suma que el director regional de la Unidad de Víctimas, entregó unas declaraciones públicas en las que afirma que repararán a las víctimas que lo “merezcan”.
En otros casos, este grupo de víctimas se queja porque existen medidas de dilatación para garantizar sus derechos. Es el caso del Colectivo Liga de Mujeres Desplazadas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, y reconocidas como un esfuerzo colectivo de organización. El pasado 24 de julio de 2014 murió la señora Ana Paula Rodríguez Córdoba “por falta de atención en salud y carencia total de bienes materiales para su subsistencia”, según registra el derecho de petición presentado ante la UARIV el 15 de Abril de este año y que aún no recibe respuesta.
En el caso de este grupo de Mujeres del Departamento de Bolívar, llevan más de 2 años esperando a que se tomen “medidas urgentes” por parte de la UARIV para entregarles la ayuda humanitaria, pues como queda claro, la familia de Ana Paula, “quedó en condiciones de insalubridad e indigencia”. El presidente Juan Manuel Santos, sin embargo, se comprometió, durante una reunión con mujeres Premios Nobel que visitaron Cartagena a garantizar medidas de reparación incluida la ayuda humanitaria para este colectivo de mujeres, que hace una semana recibió la visita de una funcionaria que les aseguró que esto no sería posible.
Otra exigencia que hace este grupo de víctimas, es la de revisar las condiciones para los retornos, pues en el caso de las comunidades del corregimiento Las Palmas, en Bolívar, quiénes acordaron retornar y se encontraron que la vereda estaba minada lo que les ha impedido sembrar la tierra y encontrar modos de subsistencia.
Pliego de Peticiones
Por estos y otros casos, este grupo de víctimas decidió hacer una toma pacífica, y entregar a la UARIV un pliego de peticiones concretas que incluye:
- La emisión de un comunicado público por parte de la UARIV pidiendo a unidades territoriales respeto y compromiso con las víctimas,
- El inicio de procesos disciplinarios para los funcionarios que han maltratado y menospreciado a las víctimas
- El cambio de los directores territoriales de las seccionales de Bolívar y Santander, así como de los funcionarios de estas seccionales encargados de las reparaciones colectivas.
- Que la Unidad de Víctimas del nivel nacional explique los compromisos en recursos que ha realizado con las administraciones locales para reparaciones colectivas.
- Que los planes de reparación los apruebe toda la comunidad y no solo algunos líderes.
- Que se contrate a los profesionales de la misma comunidad para que realicen el restablecimiento emocional, la atención psicosocial y las garantías de los derechos de las víctimas, y éstos no queden a cargo de los líderes.
- Revaluar los procesos de retorno.
- Garantizar la protección de ellos y sus comunidades al momento del regreso.
- Finalmente piden que asista como garante de estos acuerdos el actual Ministro del Interior, padre e impulsor de la Ley de víctimas, el Defensor del Pueblo y un delegado de Contraloría General de la Nación.
