Un Estado mafioso
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Opinión
2011-05-12 00
César Montoya Ocampo
Un deshonesto y libertino Estado mafioso es la herencia que Álvaro Uribe le dejó al país después de ocho años de su megalómano gobierno. Desde Simón Bolívar hasta hoy, jamás tuvo Colombia un cúmulo más escandaloso de atracos contra los dineros oficiales y la cínica y continuada irrupción de toda clase de delitos. Lo más grave es que, por acción u omisión, el ejecutivo los toleró o fue protagonista de esa avalancha aterradora de inmoralidad pública.
En un féretro se convirtió el poder moral de la nación. La tradición ética del ejecutivo fue pisoteada por un presidente insano, que enamoró la beatería de unos fariseos expertos en lambonerías rentables. Toda esa caterva tiene las rodillas aun no cicatrizadas de tanto ensalzar al ídolo de barro. Sus áulicos se hicieron ciegos para no ver, también nos engañaron con una sordera artificial, y sin miedo a las llamas del infierno, coadyuvaron crímenes o fueron actores de vergonzosas delincuencias. Esa es, en síntesis, la historia de ocho años de picardías continuas de una pandilla instalada en el Palacio Presidencial. Si al general Rojas Pinilla lo condenaron por la bobalicona importación de unos novillos que ni siquiera eran para él, qué no debiera ocurrir ahora con los pérfidos capítulos escritos por quienes fueron expertos en violar todos los tipos delictivos que consagra el Código Penal.
Este exordio ignominioso debe amurallarse en el hediondo océano de estiércol que a todos los colombianos nos inundó. Que los compatriotas se horroricen leyendo un escueto relato del tsunami que arrasó con la gloriosa tradición de nuestros primeros mandatarios.
Todo comenzó con un artificio. Uribe le dijo al país que solo gobernaría por cuatro años. Engolosinado con el poder quiso perpetuarse en él. Unos regalados aduladores promovieron un plebiscito para eternizarlo en el Solio de Bolívar. Ese sindicato lisonjero transgredió el código de las penas y ya negoció la condena con los operadores de justicia. Hubo otros maquinadores perversos. Ministros corrompidos alquilaron la conciencia de dos humildes parlamentarios para asegurar su voto en las decisiones finales del propósito reeleccionista. Sin rubor a una legisladora le pagaron el criminal negocio con unos puestos públicos en Barrancabermeja, más la promesa de un consulado, y para el otro crearon, a las volandas, una notaría en Bogotá, le nombraron su candidato, comprometiéndose éste a pagar 450 millones al señor de Caicedonia. Alcanzó a liquidarle 250. Fue cometido el delito de cohecho. Los legisladores fueron sentenciados y están prontos a salir de las mazmorras por pena cumplida. Solo falta que sobre las cabezas de los ministros delincuentes caiga la guadaña de la justicia. En las barbas del ministro de Salud se montó un abismal desfalco, serrucho que este cegatón no percibió. A este sujeto solo le alcanzaba el tiempo para disimular las trapisondas de su jefe. Otro ambicioso, madurado biche, quiso ser Presidente de Colombia. Para echarse los ricos al bolsillo se ideó un halago protervo. Agro Ingreso Seguro fue una estafa contra los pobres. Los segundos de este invento bribón ya están encarcelados. Falta la severa sanción para el mentor. Quien fuera ministro de Obras Públicas en esos ocho años de pillaje, ya está en la mira de los fiscales. El Secretario Jurídico resultó socio de una esposa de los Nule. Este eslabón puede explicar la lotería que siempre se ganaban esos timadores. Este mismo Secretario le abría las puertas secretas de la Casa Presidencial a reconocidos facinerosos en las horas en que aletean los murciélagos. El Secretario General fue el inspirador de la persecución malvada a varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya fue sancionado por la Procuraduría y espera una aleccionante condena. La Directora Nacional del DAS para lograr el éxito de las «chuzadas» entregó a su gestapo el torcido rastreo de los altos jueces del país, acatando órdenes del Palacio Presidencial. Cuando se iba a ejecutar su captura, el inspirador de las patrañas logró que la justicia fuera burlada al conseguir su asilo en Panamá. Otros palaciegos engominados fueron los artífices de los falsos positivos. Indignantes son los negociados de los hijos del Ejecutivo. Otro importante funcionario de la Casa de Nariño urdió un indebido y soterrado seguimiento del dinero que le ingresaba a magistrados y a ejecutivos muy calificados; fue pillado en tan insólitos desmanes. Se encuentra encarcelado. En los mismos ocho años, los mandatarios de Magdalena, Bolívar, Sucre, César, Chocó, Cundinamarca, Arauca, Boyacá, Casanare, desviaron los dineros públicos de la salud y educación hacia la subversión. Todos fueron condenados. Por parecidas trapisondas cayeron los parlamentarios de Magdalena, Atlántico, Chocó, Cesar, Córdoba, Valle, Caldas, Antioquia, Risaralda. Es monstruoso el destape purulento de las contrataciones en la Capital de la República. Ahora sabemos que también hubo pillajes en el Club de la Policía que funciona en Bogotá. Para qué hablar de las nóminas paralelas, dolosa y clandestina burla al presupuesto nacional.
Pregunto: ¿es posible mantener silencios cómplices con los latrocinios cometidos en los últimos ocho años en este desventurado país de ratas? ¿Se puede convivir con los ladrones que a diario llenan sus bolsas con los impuestos que pagamos los contribuyentes?
Felizmente en Colombia hay una Corte Suprema de Justicia pantalonuda que no se deja amilanar. El presidente que gobernó estos últimos años trágicos para la moral pública, persiguió, acusó, despotricó, amenazó, denunció al órgano judicial y a muchos de sus miembros, en agresiva táctica intimidatoria para colocar a los jueces contra los cordeles. Por fortuna no hubo miedo. Tenemos jueces inmaculados vacunados contra los terremotos que promueven unos moscardones de papel.
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