Terror en López de Micay por secuestro masivo de civiles

Imagen recreada con inteligencia artificial con fines ilustrativos. No corresponde a un registro fotográfico de los hechos.

La violencia armada volvió a romper la tranquilidad de las comunidades étnicas en la Costa del Pacífico del Cauca. Durante el atardecer del viernes 3 de julio de 2026, un comando de aproximadamente 35 hombres fuertemente armados, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN), irrumpió de manera violenta en la comunidad de San Antonio. Esta localidad forma parte del Consejo Comunitario San José, ubicada en la parte alta del río Micay, en jurisdicción del municipio de López de Micay. La denuncia fue interpuesta con carácter de urgencia por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes» y el Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA).

Al ingresar al territorio ancestral, los subversivos desplegaron una estrategia de aislamiento inmediato. Controlaron el casco urbano y obligaron a todos los habitantes a concentrarse en una reunión forzosa. Para asegurar el silencio y evitar que los líderes o la guardia comunitaria alertaran a la Fuerza Pública o a los medios de comunicación, los insurgentes confiscaron sistemáticamente los teléfonos celulares de todos los comuneros presentes. Con la población incomunicada y bajo intimidación directa, los integrantes del grupo ilegal procedieron a saquear los víveres, alimentos y enseres de los pequeños negocios y tiendas de abarrotes de San Antonio. La incursión adquirió ribetes de mayor gravedad cuando el grupo armado instrumentalizó a la población civil para asegurar su repliegue logístico. El ELN retuvo por la fuerza a 40 habitantes del consejo comunitario, obligándolos a actuar como cargueros para transportar el botín de alimentos y suministros hurtados a través de las zonas selváticas de la región. Las víctimas caminaron bajo el yugo de los fusiles durante gran parte de la noche, en medio de la zozobra y la angustia de sus familias en el casco urbano.

Hacia las 3:00 de la madrugada del sábado 4 de julio, los captores permitieron el regreso de 32 de los civiles retenidos. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que ocho personas de la comunidad de San Antonio continúan secuestradas por la organización subversiva. Hasta el momento se desconoce su paradero, su estado de salud y las condiciones de seguridad en las que se encuentran, lo que genera una situación de máxima vulnerabilidad en esta zona del suroccidente del país.

«Ocho personas de la comunidad de San Antonio continúan secuestradas por la organización subversiva. Hasta el momento se desconoce su paradero, su estado de salud y las condiciones de seguridad en las que se encuentran.» Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes» y MESPA

Ante la gravedad de los acontecimientos, la Red «Francisco Isaías Cifuentes» y el MESPA exigieron una reacción inmediata y contundente por parte del Estado colombiano, la Gobernación del Cauca y la Defensoría del Pueblo. Las comunidades exigen el despliegue de las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida, la libertad y la libre movilidad en los territorios colectivos, que hoy sufren el asedio de las armas. Asimismo, solicitaron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que realice un seguimiento estricto a las infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas en esta zona de operaciones del litoral pacífico caucano.