Terminación o nacimiento de un nuevo conflicto
La coyuntura electoral colombiana, que tiene en ascuas a los partidos y agrupaciones políticas, con pocos antecedentes en la vida del país, no tiene origen en la radicalización de la democracia, ni en las propuestas para lograrlo.
El eje de las diferencias ideológicas y políticas radica en los tratados con la guerrilla para la superación del conflicto armado interno y no en desacuerdos de fondo sobre diferencias que pongan en juego el modelo político y productivo vigente, inscrito en el marco riguroso del neoliberalismo.
Los dos bloques políticos que se disputan el poder, tanto para acceder a él como para mantenerlo, no tienen diferencias antagónicas que pongan en riesgo las estructuras económicas de la nación.
La diferencia central gira en torno a las posiciones sobre el proceso de paz y las libertades públicas, que en el pasado demostraron que el uribismo, con el cual tuvo compromisos de fondo el santismo, pudieran ser objeto de quiebre, como en efecto ocurrió durante los gobiernos de Álvaro Uribe en la Gobernación de Antioquia y como Presidente de la República, en que el derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos, consagrados en la Constitución Política Colombiana, fueron severamente afectados.
Se incorporan a las prácticas políticas del ex presidente Uribe la iniciativa privatizadora de la Ley 100 de 1993, que creó el «Sistema General de Seguridad Social en Salud», donde los pobres y amplios sectores de la clase media no tuvieron nada más que perder sino su salud y reformas pensionales y laborales de corte neoliberal.
Hacen parte, así mismo, las Asociaciones Comunitaria de Vigilancia Rural, CONVIVIR, que en teoría estaban destinadas a responder por la seguridad en las zonas rurales donde la Fuerza Pública no podía garantizar la seguridad, por el desbordamiento violento de las guerrillas, otorgándoles un marco legal a las redes paramilitares, que en connivencia con la Fuerza Pública, llenaron el país de luto, mientras los grupos insurrectos acudían sistemáticamente a la barbarie.
El fascismo, como ideología e instrumento político de gobierno no es nuevo en Colombia, hizo presencia durante el régimen de Laureano Gómez, que reivindicó la ideología de Primo de Rivera y la Falange española y legitimó la «acción intrépida» y el «atentado personal» para frenar el avance del liberalismo, en la primera gran arremetida contra los derechos humanos, invocando la fidelidad católica, presuntamente atacada por las ideas socialistas que irrumpían en el escenario de la vida nacional.
Abocados a una disyuntiva, pocas veces presentada en la historia del país, la alternativa no es simplemente entre Santos y Uribe, la alternativa no es entre Santos y Zuluaga, la alternativa es entre un gobierno que por la vía de la complacencia política y acciones institucionales permita el advenimiento del fascismo, como expresión violenta del gran capital, y un gobierno que garantice no sólo respeto por los derechos humanos y no constriña, mediante la violencia institucional, la construcción de una democracia económica, política, cultural y de género para los colombianos.
Lo demás es permitir un Estado desde cuyos estrados institucionales los sectores dominantes impongan reglas de juego para su propio beneficio, mientras a la sociedad se le impone soportar la violencia de la desigualdad social.
No hay duda, en circunstancias de alta sensibilidad política como las actuales, que muchos de los mejores cuadros y dirigentes del uribismo han asumido una posición militante combativa en defensa del candidato Zuluaga en virtud de haber sido víctimas directas o indirectas de la guerrilla que, como bandas armadas, han obrado con total desprecio por el derecho internacional humanitario y el derechos de gentes.
Este es el principal factor que ha nutrido el apoyo al uribismo y no mejores razones políticas, tanto que Santos y Uribe han hecho causa común en defensa de idénticos ideales, sin que existan sustanciales diferencias en la conducción económica del Estado.
Ambos creen que el neoliberalismo es un formato de dominación de clase adecuado a las relaciones económicas contemporáneas, recitan el mismo catecismo del mercado y ninguno de los dos tendría vergüenza pública o privada de calificarse como neoliberal.
La diferencia radica en que Santos, quizá por su talante democrático burgués y su tradición liberal familiar, no quebraría, de manera tosca y rústica, las mejores conquistas de la democracia representativa, como las garantías individuales, la tolerancia, el pluralismo, la libertad, la legalidad y fundamentalmente, el diálogo.
Votar por la paz debe ser una forma de resistencia contra la barbarie política, el uso de la violencia contra el pueblo y un acto de inconformidad contra la injusticia social y la muerte. Hasta pronto.
