El Senado de la República tiene previsto debatir este martes 10 de noviembre de 2026 un proyecto de reforma constitucional que propone terminar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La iniciativa, promovida por el senador Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, llega a la plenaria después de superar su primera discusión en la Comisión Primera.
El proyecto busca modificar las disposiciones constitucionales que regulan la duración de la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Su aprobación significaría establecer un plazo definitivo para el funcionamiento de este tribunal, encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
La propuesta cuenta con el respaldo de congresistas cercanos al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pero también ha provocado cuestionamientos sobre sus consecuencias para las víctimas, los comparecientes y los procesos judiciales que todavía se encuentran en trámite.
¿Qué propone el proyecto para cerrar la JEP?
El Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026 plantea que la Jurisdicción Especial para la Paz concluya sus funciones en marzo de 2028, sin posibilidad de prórroga.
Los procesos que permanezcan pendientes pasarían a la justicia ordinaria mediante un régimen de transición que deberá establecer las condiciones para continuar las investigaciones y garantizar los derechos de las partes involucradas.
Entre las modificaciones que serán examinadas por el Senado figura una propuesta para que la Corte Suprema de Justicia revise automáticamente las sentencias condenatorias contra comparecientes que no reconozcan responsabilidad.
También se contempla que ese tribunal conozca acciones de tutela contra decisiones de la JEP.
El senador Enrique Gómez Martínez ha defendido la iniciativa con el argumento de que la justicia transicional debe conservar su carácter temporal y que los procesos pendientes pueden continuar bajo otras autoridades judiciales.
La JEP advierte sobre riesgos para las víctimas
La Jurisdicción Especial para la Paz expresó su preocupación por los efectos que tendría una terminación obligatoria de sus funciones.
En un comunicado publicado el 28 de octubre, el tribunal señaló que el cierre anticipado podría afectar los derechos de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparación y contar con garantías de no repetición.
La entidad también advirtió que trasladar investigaciones a la justicia ordinaria podría dificultar la continuidad de procesos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad, debido a su complejidad y a las reglas particulares de la justicia transicional.
Otro de los interrogantes se relaciona con la situación jurídica de miles de comparecientes, entre ellos antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública, cuyos casos todavía requieren decisiones judiciales.
Para la JEP, cualquier modificación de su funcionamiento debe asegurar la continuidad de las investigaciones y el cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas.
El Congreso tendrá que superar ocho debates
La Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa el 28 de octubre, en medio de diferencias entre los sectores políticos sobre el futuro de la justicia transicional.
El proyecto llega ahora a su segundo debate, en la plenaria del Senado, donde los congresistas podrán aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.
Al tratarse de una reforma constitucional mediante acto legislativo, deberá superar ocho debates en el Congreso antes de convertirse en una modificación de la Constitución.
Por tanto, la discusión de este martes no representa una decisión definitiva sobre el cierre de la JEP.
El debate también coincide con la llegada del magistrado Danilo Rojas a la presidencia del tribunal y con las discusiones sobre los recursos destinados a su funcionamiento.
¿Qué ocurrirá con los procesos del conflicto armado?
Una de las preguntas centrales es qué sucederá con las investigaciones que no hayan concluido cuando llegue la fecha propuesta.
La JEP conoce casos relacionados con secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Para departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, donde numerosas comunidades han sido víctimas de la confrontación armada, el debate tiene consecuencias directas sobre los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
El Congreso deberá establecer si la reforma permite garantizar esos derechos y cómo se realizaría el traslado de expedientes, pruebas y actuaciones judiciales.
