Se les dañó el negocio de las fotomultas

• El Congreso les puso freno a las fotomultas en Colombia.
• Con la decisión, se controlan abusos y se quita a los alcaldes el manejo autónomo de este servicio.
• A agosto del año pasado, en el país se habían impuesto un total de 1’015.579 fotomultas.

Después de dos años de tránsito por el Congreso, se aprobó este jueves en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca regular el uso de fotocomparendos en Colombia.

Este sistema se había convertido en algunas regiones en un lucrativo negocio, lo que desató olas de denuncias sobre irregularidades en su implementación en vías nacionales y urbanas.

“Queremos decirles a los colombianos que se acabaron los abusos, los atropellos y los asaltos contra los conductores y los propietarios de vehículos. El Congreso de la República tomó la decisión de sacar adelante el Proyecto 102 del 2015 y ya no se seguirán instalando fotomultas sin cumplir con una serie de criterios para su puesta en marcha”, aseguró el senador Mauricio Aguilar, quien lideró la propuesta junto con los senadores Antonio Guerra y Mauricio Lizcano.

“La atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”, sustentaron los autores del proyecto.

Era evidente que algunos alcaldes, como en Santander de Quilichao, realizaron convenios con operadores privados para la instalación de cámaras, en los cuales los operadores terminaban ganando más que los propios municipios, llegando a ser en algunos casos del 70 por ciento para el operador.

La nueva ley permitirá que el negocio de algunos particulares se termine: los concesionarios que manejan las fotomultas pasarán de recibir del 70 por ciento del recaudo a solo el 10 por ciento. Mientras que a los municipios o ciudades donde funcionen, se les entregará, mínimo, un 50 por ciento.

El Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y la Federación de Municipios también tendrán participación en el recaudo de los fotocomparendos.

Con la aprobación del proyecto, se determinó que el Ministerio de Transporte, en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, será el único que podrá autorizar el funcionamiento de fotomultas en las diferentes vías y ciudades del país.

El proyecto es claro al decir que sólo la Policía de Tránsito es la entidad que puede expedir los comparendos infracciones que capten los sistemas de fotomulta.

“Además, se asegura el cumplimiento del debido proceso, ya que hoy en día la mayoría de comparendos no son notificados al conductor o propietario del carro”, complementó Aguilar, quien destacó que ese aviso deberá hacerse por intermedio de un correo eléctrico y de un correo certificado. Igualmente, se debe identificar al presunto infractor y no solo tomar la foto de la placa del vehículo.

Aunque algunos sectores han manifestado que la aprobación del proyecto podría seguir beneficiando a los mismos empresarios, para el autor de la iniciativa, Maurico Aguilar, el objetivo fundamental es acabar con la corrupción. «El mensaje a todos los colombianos es que se acaba el negocio de las fotomultas y el enriquecimiento de unos pocos a costillas de los conductores de vehículos», dijo Aguilar.

Y para que se acredite su implementación, las administraciones municipales que quieran utilizar este sistema tendrán que cumplir con ciertas condiciones: respetar las velocidades establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial, tener un estudio técnico que indique que es indispensable colocar la fotomulta, la identificación de puntos críticos de accidentalidad y tener una adecuada señalización, entre otras. Cabe resaltar que, si el Ministerio de Transporte determina que hay cámaras innecesarias instaladas a menos de la distancia obligatoria la una de la otra, estas serán removidas sin importar el tiempo que lleven funcionando.

Con respecto a las fotomultas que ya funcionan, los operadores tendrán un plazo de 180 días (seis meses), desde cuando el Presidente de la República firme la ley, para acomodarse a los criterios técnicos que emita el Ministerio de Transporte. Al término de ese tiempo, las que no cumplan con los requisitos serán desmanteladas.

Ministerio entregará el aval

“Las fotomultas van a continuar, pero con un aspecto distinto: con un concepto técnico, de seguridad vial y no con un concepto lucrativo. Es un paso muy importante esta decisión del Congreso”, aseguró Alejandro Maya, viceministro de Transporte.

Además, el funcionario indicó que estos controles seguirán existiendo, pero con restricciones: tendrán que cumplir requisitos técnicos como, por ejemplo, ser instaladas donde exista riesgo de accidentalidad vial y estar señalizadas a 500 metros, con el fin de que los conductores sepan que van a llegar. Sumado a lo anterior, la reglamentación de la ley será clara, en el sentido de que los alcaldes ya no tendrán la potestad de ubicar cámaras, sino que deberán tener el aval del Ministerio de Transporte para darle vía libre, porque, inclusive, hay al menos 50 municipios, como en Santander de Quilichao, donde se han instalado los sistemas de detección electrónica de infracciones sobre vías nacionales.

Cabe resaltar que la aprobación de este proyecto de ley no tiene efecto retroactivo, es decir, no incide sobre los comparendos ya realizados. Pero las ‘fotomultas’ que se generen deberán ajustarse a los parámetros de la nueva ley.

La vigilancia en esta materia estará en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transportes.