Santos, cúpula militar y reelección
Por: Felipe Solarte Nates
Con el cambio de la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía y posibles relevos en el gabinete presidencial, el gobierno de J.M. Santos toma la iniciativa para aprovechar al máximo, el último año de su cuatrienio para levantar su alicaída imagen reflejada en las encuestas.
En vísperas del Paro Nacional, convocado el 19 de agosto, por diversos gremios agropecuarios y sectores sociales y con la incertidumbre de sus consecuencias en el orden público y economía del país, el presidente Santos siente corto el tiempo para realizar sus propuestas, jugándosela por la reelección de sus programas de gobierno, en cabeza propia o en la de Germán Vargas Lleras.
El giro a su mandato, apartándose de cuidarle los ‘huevitos’ de la Seguridad Democrática al presidente Uribe, basados en la guerra total a las Farc y la confianza inversionista, le significó enfrentarse a su exmentor y principal opositor rechazando el proceso de paz, la restitución de tierras a los desplazados y la ejecución de la mayoría de programas sociales y económicos del gobierno, así como las fracasadas reforma política, educativa, tributaria y la corta de salud.
Sin embargo, con favorabilidad de opinión promediando el 50%, J.M. Santos, no tendría mayores obstáculos para ser reelegido, pues tiene el aparato y presupuesto del gobierno para hacer campaña y en las mismas encuestas, los precandidatos uribistas del Puro Centro Democrático, no tienen mayor respaldo, encabezando la lista su primo Francisco.
La escogencia por parte del uribismo, del 9 de marzo de 2014, día de elecciones para Cámara y Senado, como fecha de escogencia del candidato a la presidencia, es una buena táctica para aumentar la votación y asegurar suficientes curules en el Congreso para hacerle oposición a Santos.
El gobierno cuenta a favor con la mayoría de partidos que lo eligieron, encabezados por el Liberal, que se trazó como objetivo recuperar el primer lugar en las urnas, del partido de la “U”, “Cambio Radical y el antiguo PIN, que hoy lucen debilitados- y sumando al partido Conservador, como incondicional y al agónico partido Verde.
Los intentos del senador Omar Yepes Alzate, presidente del Directorio Nacional Conservador, de presentarse a elecciones presidenciales con candidato propio, escogido entre Clara Inés Ramírez y Jaime Lafauire, fracasaron, al decidir la mayoría de representantes y senadores irse por la reelección del presidente Santos, con quien tienen asegurados puestos, contratos y partidas para sus regiones.
Senadores ultrauribistas, como el caucano Darío Salazar, están en dudas de vincularse al Puro Centro Democrático y a su candidato presidencial, o plegarse a la mayoría conservadora santista, aunque en Popayán comentan que al final se inclinará por la mermelada que brinda el gobierno, para no ver emigrar a sus votantes.
En el Cauca, en el partido de la “U”, hay dudas acerca del sucesor del ‘patriarca’ Aurelio Iragorri, con 35 años, en el Congreso y para Cambio Radical, es positiva la resurrección de otro ‘abuelo dinámico’, el exsenador Humberto Peláez, quien acaba de renunciar a bien remunerados cargos que tenía en los parlamentos Latinoamericano e Iberoamericano, para volver a la brega proselitista en su terruño y otras regiones del país.
Por la Alianza Social Indígena, aspiran a mantener la curul, hoy en cabeza del senador Marcos Avirama, Jesús Piñacué y Aida Quilcué, los más opcionados, para encabezar la lista.
En la izquierda democrática para la presidencia, Antonio Navarro con los Progresistas y Clara López del Polo Democrático, presentan guarismos alentadores, si cuaja la propuesta de unirse alrededor de un programa y candidato todos los sectores con tendencias socialistas, incluidos los indígenas, afros, la Marcha Patriótica y los numerosos movimientos sociales movilizados recientemente en diferentes regiones del país, canalizando el descontento que en las anteriores elecciones presidenciales, desperdició Mockus, con el Partido Verde.
El proceso de paz con las Farc, no podrá concretarse en noviembre de este año, como inicialmente planteó el gobierno y está pendiente la posibilidad de vincular al ELN, para que oficialmente haya un cese al fuego total de la insurgencia y así las Fuerzas Militares y de Policía puedan combatir la delincuencia común conformada por desmovilizados de paramilitares, guerrillas e integrantes de pandillas urbanas dedicadas a los atracos, microtráfico y extorsión, entre otros delitos.
La lenta ejecución del presupuesto y en el giro de recursos nacionales y regalías a departamentos y municipios ha retrasado importantes obras públicas afectando la imagen presidencial.
El otorgamiento de concesiones para “mega-autopistas de cuarta generación” está demorado, según funcionarios gubernamentales, por evitar que por entregarlas a la carrera, sin diseños y cláusulas claras, como sucedía, contratistas inescrupulosos como los Nule, se enriquezcan a costillas del Estado, solicitando recursos por valores que multiplican los presupuestos acordados, amparados por abogados expertos en demandarlo.
En el año que resta a su mandato, el equipo del presidente Santos, más agresivo en responder a sus críticos, también se esforzará al máximo por acelerar las reformas pendientes, obras vitales de infraestructura y proyectos de inversión social prometidos y en garantizar que el proceso de paz avance a pesar de las dificultades que eran de esperar.
