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Domingo, 11 de octubre de 2026

Reforma constitucional en Colombia: consenso sí, año electoral no

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Reforma constitucional en Colombia: consenso sí, año electoral no.

El debate sobre una eventual reforma constitucional volvió al centro de la agenda pública tras los pronunciamientos del arzobispo Luis José Rueda Aparicio, del exjefe negociador Humberto de la Calle y del presidente Gustavo Petro. En el fondo, las tres voces coinciden en una idea central: la Constitución de 1991 admite reformas, pero no puede convertirse en instrumento de confrontación electoral.

Monseñor Rueda señaló que una asamblea constitucional puede ser factible, siempre que se preserve una condición básica: no mezclarla con un año electoral. Su postura pone el acento en la prudencia institucional y en la necesidad de separar los debates de fondo de la coyuntura política inmediata.

En la misma línea, Humberto de la Calle advirtió que resulta equivocado afirmar de manera simplista que “la Constitución no se toca”. A su juicio, existen ámbitos que entraron en crisis, como la justicia y el ordenamiento territorial, y que requieren ajustes. El mensaje, sostuvo, debe ser claro: reforma sí, pero no así; reforma con consenso, no como arma de batalla política ni como recurso de campaña. Recordó que la Constitución de 1991 fue producto de un acuerdo político previo y de un amplio consenso nacional, condiciones que no pueden omitirse en un proceso de esta naturaleza.

 

De acuerdo con el mandatario, el debate se daría en un escenario sin elecciones en curso y, de ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, la eventual elección de constituyentes se realizaría en los tiempos que determine la Corte, sin superponerse con el calendario electoral.

Petro detalló además los ejes temáticos que, según el proyecto de ley presentado para la recolección de firmas, serían objeto de discusión. Entre ellos se incluyen reformas sociales bloqueadas en el Congreso, una reforma agraria de mayor alcance, la adaptación a la crisis climática, un nuevo ordenamiento territorial con mayor autonomía regional, la reforma a la justicia —manteniendo intacta la Corte Constitucional—, cambios al sistema político y electoral, el derecho a la paz, la seguridad integral y la proyección internacional de Colombia.

 

El intercambio de posiciones deja en evidencia un punto de coincidencia relevante en medio de las diferencias: negar cualquier posibilidad de cambio constitucional resulta insuficiente, pero impulsarlo sin consenso, en clave electoral, pone en riesgo la estabilidad institucional. La discusión, coinciden las voces más experimentadas, debe centrarse en el cómo y el cuándo, más que en la simple afirmación o negación de la reforma.

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