Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Roldanillo
- Jorge Mario Escarría Rodríguez es investigado por presuntamente comprometer cerca de $3.000 millones mediante vigencias futuras sin autorización previa del Concejo Municipal.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jorge Mario Escarría Rodríguez, exalcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, por el presunto uso irregular de vigencias futuras para asumir obligaciones derivadas de un contrato.
El proceso disciplinario se relaciona con hechos que habrían ocurrido durante 2021, cuando Escarría Rodríguez ejercía como mandatario municipal para el periodo 2020-2023.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, el entonces alcalde presuntamente comprometió recursos públicos por cerca de $3.000 millones sin contar previamente con la autorización del Concejo Municipal.
La aprobación de la corporación era necesaria para comprometer recursos correspondientes a vigencias fiscales posteriores, de acuerdo con las exigencias constitucionales, presupuestales y legales aplicables a las entidades territoriales.
Recursos habrían sido destinados a un contrato
Según la información conocida, los recursos comprometidos mediante vigencias futuras tenían como finalidad cubrir obligaciones relacionadas con un contrato celebrado por la administración municipal.
El organismo de control busca establecer si el exmandatario pasó por alto los procedimientos obligatorios para disponer de recursos pertenecientes a presupuestos de años posteriores.
La Procuraduría señaló que las vigencias futuras no podían comprometerse sin que el Concejo Municipal estudiara y autorizara previamente la operación presupuestal.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se adoptó la decisión, los documentos que la sustentaron y el cumplimiento de las condiciones legales exigidas para asumir las obligaciones contractuales.
Procuraduría señala posible vulneración de principios
Para el Ministerio Público, la actuación atribuida al exalcalde pudo quebrantar los principios de moralidad administrativa, legalidad del gasto público y anualidad presupuestal.
El principio de anualidad establece que el presupuesto público se aprueba y ejecuta para una vigencia fiscal determinada. Cuando una administración pretende comprometer recursos de años posteriores debe cumplir un procedimiento especial y obtener las autorizaciones establecidas por la ley.
La legalidad del gasto exige que toda obligación asumida por una entidad territorial cuente con respaldo presupuestal y respete las competencias de las autoridades que intervienen en la aprobación y ejecución de los recursos públicos.
La Procuraduría considera provisionalmente que la posible conducta constituye una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Esta calificación significa que el organismo de control examina una presunta infracción de especial relevancia disciplinaria que habría sido ocasionada por el incumplimiento de deberes elementales de cuidado. La valoración puede modificarse durante las siguientes etapas del proceso.
Pliego de cargos no constituye una sanción
La formulación del pliego de cargos indica que la Procuraduría encontró elementos suficientes para continuar el proceso disciplinario y llamar al investigado a responder formalmente por los hechos atribuidos.
Esta decisión no representa una declaración definitiva de responsabilidad ni equivale a una sanción contra el exalcalde.
Escarría Rodríguez podrá conocer el expediente, presentar descargos, aportar documentos, solicitar pruebas y controvertir los elementos reunidos por el organismo de control.
Una vez agotada la etapa de juzgamiento, la autoridad disciplinaria deberá decidir si archiva la actuación, absuelve al investigado o emite un fallo sancionatorio. Cualquier decisión deberá respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Nuevo proceso relacionado con la administración de Roldanillo
El caso vuelve a poner bajo revisión el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal de Jorge Mario Escarría Rodríguez.
La investigación se concentra en establecer si el exmandatario tenía facultades para comprometer los cerca de $3.000 millones y si cumplió los requisitos requeridos antes de asumir las obligaciones del contrato.
También deberá esclarecerse si existía una autorización válida del Concejo de Roldanillo o si, como sostiene provisionalmente la Procuraduría, el entonces alcalde comprometió recursos de futuras vigencias sin contar con ella.
El proceso continuará ante las autoridades disciplinarias competentes. Hasta que exista una decisión definitiva, los hechos y la responsabilidad del exalcalde mantienen carácter presunto.
