¿Por qué estamos así?
¿Por qué estamos así?
Crónica de Gustavo Adolfo Caicedo Muñoz
Los que no somos indios en el Cauca, somos voces sin posibilidad de expresarnos, no somos ni nos consideran actores, ni nos convocan, ni nos cuentan, ni nos llaman ni podemos participar de alguna manera, ni patalear en las discusiones internas del gobierno con las comunidades indígenas en todos los temas en que se enredan, embarcan y discuten y que a la larga pierden con facilidad.
Nunca sabemos nada, en ocasiones ni sospechamos siquiera lo que pasa en esos conciliábulos, no sale humo de ese cónclave, de ese encierro, de ese manoseo, de ese ejercicio, hasta que aparece una ley que nos obliga y nos aterra por el contenido y las afectaciones expresas. Pero eso sí … nos convertimos después en actores y sujetos pasivos receptores de las consecuencias, de las equivocaciones, de los errores y de los excesos, de los abusos de los acuerdos que firman los gobiernos en carreteras con operativos trasmitidos por radio y televisión donde la policía se ve a gatas para conducir a una comisión de altos funcionarios a cambuches, centros comunales o toldas improvisadas, auditorios de guadua y en medio de una algarabía aterradora se compromete el destino del Cauca y del Suroccidente de Colombia con documentos elevados a categoría decretos legislativos, politizados que nos deterioran, que nos roban las fincas, que nos someten en un silencio sepulcral. Sólo después de un tiempo exigido por la comunidad, aparece el Decreto, el examen de laboratorio del paciente los resultados angustiosos el diagnóstico esperado, de que tan grave esta la salud institucional de los ciudadanos y el tratamiento obligatorio.
Miremos por qué
1.- Considerar exclusiva y excluyente la discusión entre comunidades y Gobierno es una consecuencia de la constitución, la ley y la jurisprudencia, ya que la política indígena del país, y por supuesto la del Cauca, es una responsabilidad pública del Estado porque compromete los bienes de la Nación (Los parques nacionales los resguardos indígenas, las tierras comunales, el patrimonio arqueológico de la nación son bienes de uso público Art 63 de la constitución). Esta postura genera reacciones negativas de los sectores económicos que detectan irregularidades en el ejercicio, pero nunca por parte de nuestros representantes ajenos y distantes de esta realidad, atentos eso sí a agarrar algunos votos en este río revuelto de conflictos.
2.- Posteriormente, al entrar en vigencia acuerdos internacionales tales como el convenio 169/OIT ratificado por la Ley 91, las asambleas de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos de estas comunidades a participar en las decisiones que los puedan afectar (que forman parte del bloque constitucional) surgieron las famosas mesas de concertación y la relación, exclusiva y excluyente, entre estos dos actores para diseñar la política pública. Así nació el matrimonio indisoluble y maquiavélico que nos impone sus reglas y nos gobierna.
3.- ¿En qué degeneró esta circunstancia jurídica? La falta de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (reconocida por la Corte Constitucional, la existente fue considerada insuficiente en estas materias por el alto tribunal) el ordenamiento indígena es un capítulo interno de esta ley, lo cual permite legislar a los gobiernos con base en un artículo que se inventaron, el 56 transitorio de la Constitución de 1991, y así lo han hecho en los últimos 28 años atragantándose de esta facultad oprobiosa y excluyente. Podemos afirmar que la política indígena no tiene origen democrático ni participativo, no nace de una ley orgánica estructural ni estatutaria que haya sido discutida y analizada en comisiones y plenaria con participación de los partidos y de los congresistas para efectuar un debido control político. El Ministerio del Interior en un festín legislativo se atragantó de esta facultad exclusiva y por vía legislativa concentró y monopolizó desde una pequeña oficina de Bogotá la perpetuidad de imponernos un limitado criterio de manejar los destinos de miles de personas en los departamentos del Cauca y Nariño por existir mayor concentración de comunidades indígenas beligerantes y organizadas en la región. Todas las decisiones se tomaron con la asesoría de chamanes, ONG indigenistas, académicos de izquierda, sin que las opiniones, criterios económicos, técnicos del sector privado tuvieran cabida para al menos moldear estas decisiones. En este aberrante centro de poder y de decisión se sumergió el Ministerio en un criterio político circunstancial, coyuntural para recuperar la gobernabilidad, que fue destruyendo poco a poco los destinos de las gentes del suroccidente del país sin contemplaciones.
Las personas que habitan estas regiones permanecemos atónitas y confundidas por las manifestaciones de los medios y grupos políticos que informan sobre la legalidad de las protestas y de la minga, personas que se merecen mayor y mejor información de la situación a que estamos abocados por culpa de los gobiernos atrapados en el laberinto de su propio invento y de la incompetencia para salir de él.
4.- Miremos 3 ejemplos representativos de diferentes gobiernos que nos explican por qué estamos así:
A) El acuerdo INCORA-CRIC en el gobierno del presidente Gaviria, en el cual envió a apaciguar la manifestación de Caloto por la masacre de El Nilo (indígenas-narcotraficantes) al doctor Corrales Cruz, gerente del Incoder, y al doctor Carlos Negret, payanés (defensor del pueblo), y firmaron un compromiso de entregar 15.666 hectáreas de una lista de fincas presentada por los manifestantes de la protesta, por supuesto el CRIC (leerlo) sin que se explique por qué esta cantidad tan específica de hectáreas y, si la tierra era apta o no para los fines propios del Incoder, que no es otra cosa que crear unidades agrícolas familiares, encaminadas a garantizar la subsistencia de familias sin tierra. La única explicación de ese acuerdo de carretera fue el Art. 7 del mismo acuerdo: «el instituto al considerar que trata de un tema de territorialidad renuncia o se abstiene de realizar los estudios socio económicos y técnicos correspondientes». ¡Qué perla!: Renuncia a sus funciones institucionales. Pero dieron parte de recuperar el orden público.
Estos funcionarios ejecutores y leales a la voluntad del Ejecutivo aceptaron este tipo de solución para salir del embrollo, presionados en materia grave por la masacre inaceptable y optaron por intervenir estas tierras como forma de indemnización a las víctimas y de solidaridad del gobierno, donde el norte del Cauca era la cuota a pagar.
Este acuerdo se cumplió casi en su totalidad con fincas de personas honestas y trabajadoras de la región, que tuvieron que venderlas voluntariamente so pena de ser intervenirlas por expropiación (leer acuerdo). Hoy forman parte del rastrojo y el ataque recurrente a “La Emperatriz”, predio de Miriam de Jaramillo señalado en este compromiso. El cumplimiento del acuerdo fue intenso, conflictivo, plagado de invasiones, de modificaciones, demoró más de 15 años finiquitarlo y trajo como consecuencia el conflicto de tierras en la zona plana del norte del Cauca que antes no existía.
Sobre las investigaciones de la masacre de El Nilo la Nación fue condenada, por la participación de un agente de la policía, a pagar cerca de 300.000 millones como crimen de Estado. El grupo Alvear abogados se quedó con la mitad y el CRIC con el resto, sin que llegara un centavo ni un metro de tierra a las víctimas reales. Este hecho conocido por todo el país fue ratificado ayer por la exesposa de Feliciano Valencia, Diana Perafán, ante el Congreso de la República. Este coctelito de improvisación, irresponsabilidad y corrupción nos lo tomamos todito, sin que la opinión pública se enterara de semejante conducta.
Miremos otra perla importante:
B) El ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo, en el gobierno de Pastrana, atendió otra minga que se llamaba «Por la crisis social y económica de los pueblos indígenas» en La María-Piendamó. El éxito de la minga acarreó el reconocimiento del Cric como autoridad tradicional indígena. Esto no sorprendió ni al propio Ministerio del Interior, sólo a algunos observadores que entendieron que esta investidura les permitía el acceso a la plata; los giros de miles de millones de pesos de las transferencias de la nación pasaron por sus manos, lo que género la corrupción generalizada de esta jefatura, empezaron a aparecer vehículos de alta gama, camionetas doble cabina, edificios, oficinas, sedes, apartamentos, etc.
Esto lo permite la falta de fiscalización y auditoría de estos recursos. El Cric actuaba con anterioridad como asesor de los gobernadores y cabildos del Cauca quienes eran los ordenadores del gasto, y concentró el poder absoluto en esta entidad que se transformó en la ONG más importante e influyente de Colombia con reconocimiento internacional… ¡Qué perla, Dr Juan Camilo!
Pero la cosa no para allí; esa minga logró el nombramiento de un indígena en la oficina central y jefatura de asuntos indígenas del Ministerio del Interior para que actuara a nombre del Gobierno nacional… ¡Otro golazo!
Pero el más representativo fue que el recogió todos los acuerdos anteriores, papeles firmados que se transformaron en leyes de la República de forzoso cumplimiento en el contenido del decreto 982 que fue complementado por el 1811, que rige en la actualidad. Lo integran el Cric y todo el gabinete presidencial acompañado de Planeación Nacional en minga permanente de concertación.
Los acuerdos de carretera se caracterizaban por ser unos papeles sin mayor obligatoriedad porque no alcanzaban a constituirse como actos administrativos, exigibles judicialmente en el sentido que eran unas obligaciones de hacer a futuro (cartas de amor), que escapaban al control jurisdiccional contencioso, por lo tanto, las comunidades sólo en adelante aceptan leyes que garanticen lo acordado y aprendieron muy bien la lección para inscribir estos acuerdos en actos respaldados por la ley.
Generar un problema social inexistente con cualquier pretexto para inscribirlo en la agenda política cuya solución se traduzca en una Ley de la República es el objetivo. La estrategia repetitiva consiste en organizar una marcha «pacífica» que termina en taponamiento de vías, la toma de iglesias, edificaciones por tiempo prolongado que obligue la presencia de funcionarios con poder decisorio (ministros, viceministros, gerentes de Incoder, Agencia de Tierras) del poder central.
Los temas del problema planteado con violencia se estudian con anterioridad; la argumentación, las pruebas, los documentos se preparan previamente, el apoyo informativo de los medios de comunicación son vitales para que divulguen ampliamente el problema planteado, que obligue a la inscripción en la agenda política para darle solución. En esta fase aparecen los altos funcionarios y dentro de una terrible algarabía terminan firmando un acuerdo que se transforma en una Ley de la República y el objetivo se cumplió.
La estrategia se les enseñó a los asesores y jefaturas del Cric por académicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, ante la brillantez de la tesis de un ciudadano suizo en intercambio académico que le valió para alcanzar el doctorado. Titulada «Cómo se inscriben los problemas sociales en la agenda política de Colombia para convertirse en leyes de la República». Biblioteca Uní-Cauca.
Desde ese momento este documento se convirtió en el breviario del movimiento indígena del Cauca y se especializaron en su contenido.
C) Los famosos acuerdos Chirrinchos del gobierno Santos. Aurelio Iragorri Valencia compromete a la Nación a una serie de obligaciones. Al ritmo de una tambora y de gritos guardia: ¡Guardia, Fuerza… Fuerza…! aparecieron dos decretos importantes: el 2333/2014 y el 1953/ 2015.
El primero de ellos, de autoría del Ministerio de Agricultura, consagra los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre sus territorios. La parte motiva de este decreto habla de que el territorio indígena no es solamente el ocupado, sino que se extiende a las zonas tradicionales de sus actividades económicas y culturales. Lo grave de este contenido legislativo es no fijar el ámbito de aplicación de la ley, con connotaciones válidas para los pueblos indígenas tribales; óigase bien, itinerantes y nómadas que se desplazan en áreas baldías del Amazonas, de la Orinoquía y otras latitudes. Este es el criterio consagrado en el convenio 169/ OIT. Esto no puede aplicarse a regiones no baldías y que tienen ancestralmente también títulos de propiedad de la tierra que los protege de su aplicación extensiva a todo el país, conflicto jurídico sin resolver generador de muchas interpretaciones violencia y radicalización de la comunidad indígena.
Otro tema importante de estos acuerdos es el compromiso de no otorgar la personería jurídica al movimiento independiente indígena OPIC porque menoscababa la autoridad del CRIC. Se diferenciaba en querer integrarse a la Nación, a sus postulados, a su institucionalidad, al desarrollo occidental tan rechazado por el Cric. Esto trajo como consecuencia la concentración del poder absoluto en esta jefatura y sus opiniones son la única alternativa de la comunidad, para manejar las trasferencias recursos que no llegan debidamente a los cabildos sino con la voluntad de esta jefatura. Estas razones dieron cabida al movimiento independiente de la OPIC.
La manipulación de la interpretación jurídica y de la jurisprudencia en esos centros de poder, explica la situación devastadora donde nos encontramos.
Existen muchos ejemplos, más aterradores, que relatan cómo nació la criatura de ese matrimonio que nos aprieta y nos asfixia como una tenaza sin encontrar una salida que nos devuelva la paz y la tranquilidad regional.
Finalmente, la actual minga que le tocó al Gobierno Duque, estoy seguro va a concluir en forma parecida a los anteriores ejemplos. No se trata de nuevos compromisos sino de exigencias de cumplimiento de los anteriores que no permiten mayor capacidad de maniobra del gobierno, de allí su duración, protesta y marcha que se trasformó exigencia violenta de cumplimiento.
Al exigir las comunidades su ejecución cualquier resultado es ganancia para ellos; los logros incrementan los desembolsos en 823.148 mil millones y en tierras para el Cauca 75.000 mil millones que alcanza para 6.800 ha a 11 millones o para 3.400 a 22 millones, nada bueno para la región. Ojalá todo ese montón de dinero se fiscalice y lleve bienestar a los indígenas del Cauca y participantes de la Minga.
Resultados:
El poder político del Cric se fortaleció, se debilito la autoridad, se desdibujó la propiedad privada, la impunidad aumentó, la anarquía se manifestó, no sabemos que sigue después.
El éxito desbordado del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que lograron inscribir en la agenda legislativa todos los acuerdos de papel que consagraban la intención, en leyes de obligatorio cumplimiento, tiene también un talón de Aquiles. La ley del péndulo que permitió con base en la deuda histórica de Colombia con estas comunidades, va y viene, los excesos en la legislación de todo tipo de reivindicaciones sociales, la actitud censurada de los consejeros mayores y de los protagonistas de los taponamientos de las vías, la violencia y los perjuicios económicos, polarizan y desobligan a los simpatizantes de continuar apoyándolos. La enemistad que se granjearon del sector productivo, y de la sociedad, el apoyo partidista y el compromiso político con la izquierda radical los deslegitima y no es compartida por todos los comuneros, que a su vez ven cómo sus recursos se evaporan en costos desmedidos, de las movilizaciones, de compra de edificios, oficinas, vehículos, en beneficio de los líderes, la proliferación de cultivos ilícitos, la convivencia con el delito, el autoritarismo con sectores pacíficos, la presencia permanente de grupos armados y bandas criminales de narcotráfico en sus territorios que se aprovechan de la inviabilidad de la extinción del dominio en los resguardos ,el reclutamiento de los niños, el abuso a sus mujeres, están creando la cultura del delito que echaría al traste las cosmovisiones ancestrales. La autonomía lograda se descarriló, la voluntad debilitada del Estado para implementar proyectos productivos, el rechazo del sector privado a cualquier tipo de colaboración y asistencia técnica contribuye a la división interna de la comunidad descontenta.
Retomar el camino cuando se desmontó el Quintín Lame por influencias de la casta Piñacué resistente a la influencia subversiva, fue un gran logro para la comunidad; así lo registro el país. Hoy estamos más expuestos a la influencia de los Avirama y Valencia menos resistentes a las ideologías marxistas; estamos de regreso a la subversión y se nota en la actitud de la guardia indígena y la presencia de armas letales, la capacitación y entrenamiento de sus integrantes en técnicas de combate.
El narcotráfico y la presencia de cultivos ilícitos en área superior a 10.000 hectáreas genera cacicazgos, y castas dominantes; el ingreso no puede socializarse y atrae el regreso a la servidumbre indígena Colonial, con otro tipo de encomenderos más despiadados, con leyes de sangre y violencia, odios venganzas como los hijos legítimos de este delito. No vemos cómo puedan las comunidades integrarse a la vida de la Nación; que los habitantes del Cauca, Valle y Nariño, por lo menos sean escuchados y formen parte de las discusiones en la formulación de la política indígena, que esa concentración de poder omnipotente se erradique, la verdad no sólo le asiste al ministro de turno; escuche a los que hemos padecido por décadas los errores; enriquece al Gobierno deshacerse de esa omnipotencia y arrogancia legislativa ya que poner en funcionamiento los territorios indígenas es un deber y necesidad imperiosa de todos los Colombianos y tenemos derecho a que nos convoquen a estar adentro. Rechazamos la marginalidad de las mayorías; aspiramos a ver el suroccidente participativo.
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