¡POR LA DIGNIDAD DEL MAGISTERIO NACIONAL!
La gran protesta nacional, que se inició el pasado 19 de agosto del presente año (y que poco a poco se va solucionando, con algunos desbloqueos y remedios temporales para calmar su intensidad), por el motivo justo y digno del paro nacional agrario, de nuestros campesinos, (quienes son los que nos dan de comer), olvidados por siempre de parte de los anteriores gobiernos de turno, de los demás sectores que tienen que ver con el trabajo de la tierra, de los mineros artesanales, quienes formaron un solo frente común, que puso a temblar al gobierno nacional y sus representantes, quienes se asustaran con las grandes manifestaciones en las capitales, especialmente la de Bogotá, corriendo de aquí y para allá, trasnochando y fatigándose (ahora sí les tocó), a hacerlos pensar, incluso a hacerlos equivocar garrafalmente como le pasó al presidente, cuando afirmó que no existía el tal paro agrario (seguramente por mirar las marchas y las protestas desde un helicóptero), ha sido sin lugar una de las más contundentes y eficaces en cuanto a esa problemática, vital para la economía nacional (pues de allí depende nuestra subsistencia material), junto a la realizada en febrero de este año, cuando se hizo el paro nacional cafetero, el cual también puso contra la pared al gobierno nacional, pero se resolvió con algunos acuerdos, los cuales no fueron cumplidos en su totalidad por los funcionarios estatales, como siempre sucede (por una miopía congénita gubernamental, que consiste en no darle la importancia debida a los asuntos fundamentales).
Pues bien, ahora esa miopía congénita gubernamental, la padece nuestra actual ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, quien el pasado 21 de mayo del presente, hace más de 3 meses largos, firmó con la FECODE (Federación Colombiana de Educadores), los acuerdos de un pliego nacional de peticiones, ampliamente debatido y analizado con los educadores afiliados en todo el país. Ese pliego, por lo demás conciso y justo, exigía lo siguiente: pago completo de la llamada prima de servicios, equivalente al 15% del salario, pagada en el mes de julio de cada año (siendo los educadores, los únicos empleados del Estado, a quienes no se les reconocía esa prima, ya existente hace 20 años, pero factible para el magisterio desde el 2010, según el Decreto 1545 del presente año); garantías a la vida e integridad de los docentes amenazados y desplazados, situación que se le planteó a la ministra desde mayo de este año, pero que solo vino a darse cuenta el 21 de agosto del presente, con el decreto respectivo, olvidándose que desde 1986 han sido asesinados 978 compañeros docentes y 11 en el presente año; exigir que haya un solo estatuto docente, pues hoy en día existen dos (el 2277 y el 1278), circunstancia absurda e ilógica, pues somos educadores con los mismos derechos e igualdad de oportunidades, sabiendo que los docentes del 1278 tienen más dificultades para ascender en el escalafón, con miles de dificultades; solución a la crisis del actual servicio médico asistencial, el cual es de pésima calidad, a pesar que cada mes lo pagamos religiosamente (régimen contributivo), exigiendo que el Estado se haga cargo de él (régimen exceptuado); pago de las deudas acumuladas desde el 2002 (ascensos, zonas de difícil acceso, cesantías, retroactivos, primas extralegales).
Por los motivos anteriores, justos y dignos, olvidados olímpicamente por el Ministerio de Educación Nacional y su ministra, la FECODE ordenó a sus afiliados el paro nacional de actividades para el próximo 10 de septiembre del año en curso, por el incumplimiento de lo pactado hace 3 meses y medio (guerra avisada no mata soldado, paro anunciado: oportunidad para dialogar y acordar, evitando muchas dificultades). La ministra tiene la palabra y la oportunidad de reivindicarse por el fracaso de su política estudiantil y el paro pasado.
