Petro rechaza sanción del CNE a su campaña.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por exceder los topes de financiación y recibir aportes de fuentes consideradas prohibidas. La sanción, aprobada por la Sala Plena el 27 de noviembre, impone millonarias multas al gerente de campaña Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aidee Mogollón, a la auditora María Lucy Soto y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
A través de su cuenta en X, el mandatario rechazó la decisión y defendió la legalidad de los recursos que ingresaron a su campaña. Petro aseguró que, tras varios años de indagaciones, los investigadores no habían encontrado pruebas de dineros del narcotráfico en su financiación electoral. Esa idea la reiteró en entrevistas y pronunciamientos posteriores, en los que insistió en que los señalamientos sobre aportes ilegales no se sustentan en las pruebas recopiladas en el proceso.
En su mensaje público, el presidente también acusó a la oposición de controlar la mayoría en el CNE y cuestionó la participación del conjuez que se sumó a la decisión sancionatoria. Según Petro, ese conjuez ha estado vinculado profesionalmente con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con figuras del establecimiento judicial, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad del fallo. El mandatario sostuvo que la resolución fue tomada de forma “tardía” y “sesgada” y la presentó como parte de una disputa política.
NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso.
La doble moral de la oposición.
Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado;… https://t.co/GFVIZbEbVe
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2025
En la misma línea, el jefe de Estado afirmó que su gobierno no acepta la decisión administrativa del CNE y la atribuyó directamente a sectores opositores. Para Petro, la sanción no solo busca afectar a quienes manejaron las finanzas de su campaña, sino condicionar el desempeño de las fuerzas que lo respaldan de cara a los próximos ciclos electorales. El presidente recordó que, al tratarse de un acto administrativo, la determinación puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La reacción del mandatario se produjo luego de que el CNE concluyera que la campaña presidencial de 2022 superó los topes de gasto en más de cinco mil millones de pesos, incluyendo recursos no reportados y aportes de organizaciones sindicales y otras entidades. Aunque la sanción no recae directamente sobre el presidente, abre un frente jurídico para los responsables financieros de la campaña y deja en manos de otros órganos, como la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía, eventuales investigaciones penales o disciplinarias.
Mientras la oposición destaca la decisión como un precedente en el control a la financiación de campañas presidenciales, sectores cercanos al Gobierno la leen como un episodio más de confrontación institucional. El debate se traslada ahora a los estrados y al escenario político, con la reacción del presidente como eje del pulso narrativo sobre el alcance real de la sanción.
