La reacción del presidente Gustavo Petro al informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol puso en el centro la relación entre el Gobierno, sus agencias de inteligencia y los grupos insurgentes. El jefe de Estado negó la veracidad de los señalamientos que vinculan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con las estructuras de alias ‘Calarcá’, y cuestionó el origen de la información divulgada por el noticiero.
El reporte periodístico se basa en correos, chats, cartas y fotografías que, según el análisis de Noticias Caracol, provienen de más de un centenar de dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue capturado Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Esos equipos quedaron en poder de la Fiscalía y contendrían comunicaciones internas, reportes de reuniones en Bogotá y referencias a contactos en Venezuela entre mandos de las disidencias y funcionarios del Estado.
En ese material se describen propuestas para constituir una empresa de seguridad que serviría como fachada. La iniciativa se atribuye al entonces general en retiro Juan Miguel Huertas y se presenta como un esquema para permitir desplazamientos en vehículos blindados y porte de armas amparados en licencias oficiales. Los archivos también aluden a un “pacto de no agresión” en regiones como Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar, sustentado en el suministro de frecuencias radiales, números de contacto y direcciones de correo de unidades militares, lo que habría facilitado el conocimiento previo de operativos. Adicionalmente, se mencionan filtraciones de información reservada procedente de entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Dijín y bases militares.
La investigación reseña, además, a un ciudadano de origen chino identificado como Jixing Zhang, señalado como intermediario en compras de armamento y en actividades mineras irregulares, y lo ubica en encuentros con mandos del Estado Mayor Central en campamentos y reuniones en territorio venezolano, donde se habría discutido la creación de la empresa de seguridad y la distribución de recursos entre distintos frentes.
La versión de Petro sobre inteligencia y grupos armados
Frente a este cuadro, Petro respondió desde su cuenta de X que los “supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos” y sostuvo que se pretende “purgar” a personas que, según su versión, han colaborado con él en la identificación de oficiales implicados en hechos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares. El presidente citó casos de robo de armas en La Guajira y de entrega de permisos para compañías de seguridad que operaban al servicio de estructuras criminales.
El mandatario afirmó que durante su gobierno se suspendieron estos esquemas y que esa decisión detuvo flujos de sobornos asociados a la expedición de permisos para empresas de seguridad. En contraste, señaló que en la administración anterior hubo una entrega “masiva” de autorizaciones a organizaciones ilegales y relacionó la controversia actual con la afectación de intereses económicos que se habrían consolidado en ese periodo.
Petro se refirió, además, al funcionamiento de la inteligencia estatal. Planteó que todas las agencias deberían hacer públicos sus informes en plazos prudenciales y sostuvo que la contrainteligencia debe orientarse a identificar vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y estructuras ilegales, y no a dirimir disputas políticas. En esa línea, criticó que se utilicen informes de inteligencia para cuestionar a quienes, según él, han denunciado nexos de corrupción dentro de la institución castrense.
En su respuesta también mencionó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Señaló que la fuente del periodista estaría ligada a la CIA y relató que en una reunión con esa entidad recibió información sobre oficiales colombianos, entre ellos el general Huertas, a quien se asociaba con un grupo armado distinto al que hoy aparece en los archivos de alias ‘Calarcá’. Afirmó que, tras revisar un operativo contra el ELN, concluyó que el reporte inicial no correspondía a lo ocurrido, porque el helicóptero que habría frustrado la operación pertenecía a la Policía y no al Ejército.
El presidente sostuvo que la CIA también puede ser inducida a error cuando recibe información en contextos marcados por el narcotráfico y la corrupción, y aseguró que hay sectores del poder en Estados Unidos y redes del narcotráfico que coinciden en su intención de desestabilizar su gobierno. Según su lectura, esa combinación influye en la forma como se construyen narrativas sobre Colombia en el escenario internacional y termina incidiendo en la opinión pública nacional.
Señalamientos sobre la campaña y respuesta de Francia Márquez
Otra vertiente del caso apunta a la campaña presidencial de 2022. En los archivos asociados a alias ‘Calarcá’ aparecen chats entre alias ‘Iván Mordisco’ y otros mandos en los que se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de referencias a supuestos acuerdos de apoyo político y económico. En uno de esos mensajes, un jefe disidente afirma que “todo se hizo a través de Francia Márquez”.
La vicepresidenta se pronunció mediante un comunicado y mensajes en redes sociales. Negó un vínculo con grupos armados, afirmó que su campaña se financió con recursos legales y reiteró que no existe prueba que la conecte con acuerdos clandestinos. En una de sus declaraciones indicó que un “delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes” y señaló que no ha participado en encuentros con mandos de organizaciones ilegales.
Márquez pidió que quienes la señalan presenten sus afirmaciones ante las autoridades competentes y situó el episodio en un contexto de ataques que, a su juicio, buscan deslegitimar su labor en el Ejecutivo y en los procesos territoriales que encabeza.
Respuestas oficiales y escenarios de investigación
Tras la emisión del informe de Noticias Caracol, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación interna para revisar los hechos referidos en los archivos de alias ‘Calarcá’. El Ministerio informó que entregará los insumos necesarios a la Fiscalía y a los órganos de control y reiteró que se sancionarán posibles irregularidades dentro de la Fuerza Pública si se comprueban.
La Dirección Nacional de Inteligencia comunicó que inició actuaciones para aclarar las acusaciones que involucran a Wilmar Mejía y garantizar transparencia en el manejo del caso. El general Juan Miguel Huertas negó haber sostenido reuniones con mandos de las disidencias o haber viajado a Venezuela, y manifestó que sus actuaciones pueden ser verificadas en los expedientes de la institución.
En el Congreso, congresistas de varias bancadas han solicitado explicaciones públicas y sesiones de control político para precisar el uso que se le ha dado al material incautado en Anorí y el grado de conocimiento que han tenido las autoridades civiles y militares sobre el contenido de esos archivos. Voces cercanas al Gobierno respaldan la posición del presidente, sostienen que parte de la información puede estar descontextualizada o manipulada y señalan que detrás del caso hay intereses que buscan cuestionar la política de paz y las medidas contra la corrupción en cuerpos armados del Estado.
El desenlace del episodio dependerá de la verificación técnica de los documentos, de las decisiones que adopten la Fiscalía y los órganos de control, y del alcance de las investigaciones internas en las agencias de inteligencia. En ese escenario, la relación entre el Gobierno, sus aparatos de inteligencia y los grupos armados ilegales queda sometida a un escrutinio que combina pruebas en poder de las autoridades, revelaciones periodísticas y versiones contrapuestas desde distintos niveles del poder político.
