Petro debe someterse a la ley
“Colombia es un estado social de derecho…”, reza nuestra Constitución Política. Quiere decir que todos los ciudadanos deben someterse a su justicia, aparte de las posibles equivocaciones en que pueda incurrir, someterse a las decisiones judiciales así nos parezca justo o injusto. Por ello el señor Gustavo Petro debe someterse al fallo del procurador, que desde luego es visto como salido de contexto, desequilibrado, exagerado.
Y debe someterse principalmente Petro. La figura del procurador, sus funciones, fueron establecidas por la Asamblea Nacional Constituyente en la que Petro mismo participó. Por lo demás, este procurador, con sus acusaciones de sectario, de fascista, de pertenecer a la ultraderecha, fue elegido por el Congreso del que Petro era miembro. Petro tiene los recursos legales, sus seguidores pueden manifestar su inconformidad, pero por encima de cualquier consideración debe someterse a las disposiciones legales establecidas. No se puede pensar que para cada caso particular de un ciudadano debemos acomodar las normas legales, reformar la constitución, promulgar una nueva ley, ha sido nefasta esa experiencia heredada del expresidente Uribe.
Lo que también es cierto es que no se puede concentrar tanto poder en una persona, en un funcionario. No sé qué pasaría con un procurador de izquierda, en un país viciado por el sectarismo, por la radicalidad, creo que las consecuencias serían idénticas, entonces vendrían las acusaciones de ateo malsano, de dictador comunista, de tirano populista. En realidad el constituyente no blindó a los ciudadanos frente a los posibles excesos del procurador y otros funcionarios, estableciéndolas sin segunda instancia, por ejemplo. No vieron que la Procuraduría debería ser, por ejemplo, un tribunal, donde se buscara mayor equilibrio. Entonces, la culpa no es del procurador, en el creído concepto de que desempeña sus funciones. Mejor dicho, el señor Petro, dio papaya y, papaya partida, papaya comida, dice el sabio pueblo.
Igual problema tiene la figura del presidente con su omnipotencia. Es un reyezuelo que quita y pone, sus errores acarrean equivocaciones a todos los ciudadanos, de allí que, por ejemplo, el impacto de figuras como la reelección destrozan el equilibrio institucional. En torno a su figura circulan todas las decisiones del país, públicas y privadas, provoca unanimismo, puede chantajear, favorecer a sus parciales. El mismo inconveniente tienen las figuras del fiscal general, del contralor general, del registrador nacional, por lo demás muy latinoamericanas, donde el Estado es el principal empleador y determina en buena medida la mayor capacidad de inversión.
Pero así hemos concebido el Estado, en nuestras democracias inmaduras, donde la participación ciudadana es sesgada por el trueque, por la compra del derecho al voto. Perduran los favores, los intereses individuales, la corrupción producto del mal diseño institucional que pesa radicalmente en las decisiones populares.
Es un caso aparte, forma concebida de que este estado social de derecho debe cambiar, se deben estructurar normas que blinden al Estado de causar abusos, se deben colectivizar las decisiones políticas y administrativas. Pero eso sucederá cuando perdamos el miedo a la participación activa del ciudadano, por eso no es descabellada la idea de convocar una nueva Asamblea Constituyente que reafirme la paz, que ponga en su sitio las cosas.
