Persiste el conflicto territorial en el Cauca
Por: Luís Barrera
El pasado Jueves Santo amaneció incendiada la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá, en el oriente del Cauca, como muestra infame y despiadada del enfrentamiento que cada día se agudiza más entre comunidades campesinas que se sienten desplazadas cultural y territorialmente por los indígenas.
Con la incineración de este patrimonio cultural de la humanidad, según la Unesco, que era uno de los símbolos más importantes de esa región del oriente caucano ubicado en una zona de importancia turística, se pretendía llamar la atención para una solución definitiva al conflicto. Sin embargo, este hecho, causó más bien indignación total en el Cauca y en Colombia.
Hablar del conflicto, la guerra y de otros fenómenos similares tiene en el Cauca, entre otras, la dificultad de que carecemos de un lenguaje adecuado para describirlos y hacerlos inteligibles. Esta prosa cruel no habilita poesía alguna. No hay adjetivo que exceda los extremos a los que periódicamente llegan las comunidades enfrentadas por simple intolerancia.
Las poblaciones locales, indígenas, afrocolombianas, campesinos mestizos, conciben el territorio como el lugar al cual pertenecen y en el cual desarrollan su vida. Independientemente de la relación jurídica de propiedad, lo cierto es que el territorio es su posibilidad de ser en el mundo.
En la medida en que las relaciones de producción y de dominación han ido estatuyendo condiciones jurídicas de propiedad sobre la tierra y sobre la naturaleza, estas poblaciones se han ido encontrando con dificultades para permanecer en el territorio y realizar su vida, pero por lo mismo han buscado adaptarse y hasta han aceptado estas condiciones, en la esperanza de permanecer en el mismo.
Ubicados en este marco podemos señalar que los casos de lucha por la tierra en que se encuentran comunidades indígenas, afro y campesina, en disputa entre sí, son conflictos que no definen la problemática principal de la conflictividad territorial en el Cauca, por lo que no podemos hablar de un conflicto interétnico.
Son conflictos no principales, dependientes de la no resolución del conflicto histórico por la tenencia y propiedad de la tierra en el Cauca y los demás conflictos que se generan por la pobreza, el desplazamiento forzado, la minería ilegal, el narcotráfico, violencia y la exclusión. El tratamiento adecuado por parte del Estado de estos conflictos por la tierra permitirá que la dinámica de lucha y exigibilidad desde unos y otros sectores no sea presentada de manera desfavorable o instrumentalizada en contra de la lucha por la equidad y por un modelo que permita la existencia digna de una economía propia, campesina, indígena y afrocolombiana.
Actualmente continúan sin resolver de fondo varios conflictos en el norte y oriente caucano que han originado graves enfrentamientos. Entre ellos este conflicto entre comunidad indígena y comunidad campesina en el municipio de Inzá por la exigibilidad de los indígenas sobre la vigencia de títulos de resguardo en corregimientos de mayoría de población que se auto adscribe como campesinos mestizos.
Los campesinos por su parte, argumentan sus títulos privados y su tenencia durante décadas de estas tierras, y la realidad histórica de la existencia cultural y económica de sus territorios como campesinos.
En varios conflictos ha tenido una causalidad importante la actuación de la institucionalidad, lo cual ha sido denunciado por las mismas comunidades. Sin embargo, es necesario ver que también hay legitimidades y exigibilidades encontradas entre sí que por lo mismo no serán resueltas hasta tanto no se dé un proceso de diálogo y concertación en la búsqueda de la convivencia en el departamento en torno a la territorialidad.
De la capacidad, serenidad, generosidad y vivencia de la unidad en la diferencia que tengan las comunidades indígenas y afrocolombianas para resolver estos conflictos locales, dependerá el que ellos no sean convertidos en enfrentamientos permanentes en el campo popular que permitan ocultar los conflictos principales y que como en la larga noche de la invasión y la colonia permitan la ocupación del territorio y la expulsión de las mismas.
No nos olvidemos que ante el fracaso de la reforma agraria en el país y su único salvavidas en la colonización de la frontera agrícola, millones de campesinos fueron arrojados hacia tierras sin posibilidad inmediata para el desarrollo de una economía que permitiera su estabilidad.
Así, el Cauca en municipios como Argelia, Balboa, El Tambo, se vio poblado por colonos y por poblaciones nativas, para entonces, de afrocolombianos. Igualmente la apertura económica y la falta de políticas de investigación y asistencia técnica dieron al traste con economías campesinas sólidas como las de los municipios de Mercaderes y El Bordo-Patía.
La calidad y uso potencial de suelos de las tierras de comunidades indígenas y afrocolombianas, lo mismo que la falta de programas de investigación aplicada sobre agricultura de ladera, no permitieron una economía sostenible de estas comunidades más allá de la subsistencia de las mismas, y que decir de la negra suerte que corrieron los municipios del Litoral Pacífico y algunos nortecaucanos.
Todo ello fue caldo de cultivo para que una importante parte de la población se refugiara en los cultivos de uso ilícito, los cuales a la vez se convirtieron en competencia para la economía campesina y empresarial que lograba, y en algunos casos logra aún, ser sostenible económicamente; competencia que se da en el Cauca.
Los conflictos territoriales en el Cauca en la última década se pueden clasificar en conflictos por la tenencia y propiedad de la tierra, conflictos de usos, conflictos por el agua y el bosque.
Observamos cómo los indígenas, con la tercera parte de la población rural, tienen una cifra cercana a la quinta parte del área rural; algo similar se puede ver en el caso afrocolombiano; en tanto la población sin adscripción étnica, siendo a su vez una tercera parte de la población rural, tiene más de la mitad del área rural catastral.
