Por Alfonso Luna Geller / El 31 de mayo de 2026 define si Colombia consolida una ruta de transformación democrática o entrega su institucionalidad a la violencia organizada como método de persuasión política. La extrema derecha ha alcanzado niveles de degradación que obligan al ciudadano razonable a examinar con detenimiento los mecanismos de coerción que hoy se despliegan sobre el electorado.
Esta vertiente política opera sobre un principio consistente: la acusación sin fundamento como cortina de humo. Mientras profiere señalamientos destinados a desviar la atención pública, oculta criminalidades de mayor envergadura que involucran a sus propios referentes. Figuras como Santiago Uribe —vinculado al grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles— conforman el sustrato ideológico de quienes hoy se presentan como defensores del orden institucional. El cinismo de esa postura se sostiene por sí solo ante cualquier revisión del expediente histórico del uribismo.
La deshumanización que caracteriza este proyecto político trasciende el discurso y alcanza la promoción directa de la violencia física. Por ejemplo, la entrega de bates a conductores de servicio público por parte de funcionarios con investidura oficial en Medellín —bajo el pretexto de una supuesta defensa legítima— valida la fuerza bruta sobre el debate de ideas y genera un efecto multiplicador de consecuencias documentadas y graves. El caso más reciente registra a un taxista en Antioquia que utilizó uno de estos instrumentos, presuntamente entregado de forma gratuita, para golpear a un joven de 23 años tras un accidente de tránsito; la víctima permanece hoy en una Unidad de Cuidados Intensivos. Este hecho materializa una política de odio que encontró en el objeto mismo del bate su más precisa metáfora.
La traslación de esa violencia al ejercicio institucional quedó registrada con el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como «Gury», sorprendido portando un bate durante una protesta pública. La conducta constituye incitación clara a la violencia y al hostigamiento, y su gravedad se magnifica por provenir de un cargo de representación popular. Ante este comportamiento, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro formalizó acciones penales y disciplinarias, denunciando la afectación a la dignidad institucional y el riesgo que el discurso del cabildante representa para la seguridad ciudadana. La denuncia establece una ruta jurídica para frenar la legitimación del terrorismo urbano como estrategia de campaña, y fija un precedente sobre los límites que el ordenamiento constitucional impone al ejercicio del cargo público.
La estrategia de sectores representados por Paloma Valencia se sostiene, en ausencia total de propuestas programáticas, en la mentira sistemática y el grito. Sus referentes políticos defienden los intereses de élites históricamente responsables de la miseria y la desigualdad estructural en Colombia. El análisis jurídico y político de sus posiciones confirma la inexistencia de una plataforma de gobierno: hay intimidación, hay insulto, hay hostigamiento, pero ninguna respuesta técnica a los problemas del país.
Mientras tanto, Iván Cepeda Castro representa la defensa documentada de la paz y los derechos humanos, ejercida durante décadas con sustento en verdades y hechos verificables. Y es obvio que las mediciones de intención de voto —que registran una ventaja sostenida de su candidatura— explican el pánico que hoy mueve a ciertos sectores hacia la violencia física y simbólica. La desesperación ante los resultados electorales previsibles es el motor real de la pedagogía del garrote.
El ambiente mediático refuerza esta estrategia de amedrentamiento. Medios como Caracol —cuya estructura de contenidos responde a los intereses de su propietaria multinacional— emiten espacios donde se profieren insultos y amenazas directas contra la figura presidencial y los candidatos de preferencia popular. El uso de frecuencias de carácter público para realizar publirreportajes disfrazados de entrevistas constituye un abuso contra el oyente y una manipulación del debate nacional. La coordinación de agendas mediáticas para demeritar al contendor confirma la ausencia de argumentos técnicos en quienes apelan al odio como instrumento de recuperación del poder. La domesticación de la audiencia que estos espacios persiguen tiene efectos psicológicos y sociológicos cuantificables, y su análisis merece la atención rigurosa de los organismos de control del espectro electromagnético.
La integridad del sistema de escrutinio enfrenta cuestionamientos de alta gravedad que la institucionalidad electoral colombiana tiene el deber de atender con celeridad y transparencia. La denuncia radicada ante la Dirección Nacional de Inteligencia sobre vínculos entre el candidato Abelardo de la Espriella y los propietarios de la multinacional Thomas Greg & Sons —empresa a cargo del software electoral— exige una auditoría externa inmediata y la revisión profunda del código fuente de los sistemas tecnológicos tercerizados. El riesgo de alteración de resultados mediante algoritmos compromete la confianza ciudadana en la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución cuya legitimidad descansa en la certeza técnica de sus procedimientos. La transparencia de la jornada del 31 de mayo depende del control estatal efectivo sobre cada componente tecnológico del proceso.
Colombia tiene memoria. La historia del país registra con precisión las consecuencias de permitir que la violencia desplace a la razón democrática. El civismo colombiano carga, por esa misma razón, el compromiso ético e histórico de rechazar la brutalidad que sectores de extrema derecha pretenden imponer. La tendencia electoral hacia una transformación social es un hecho político constatado, irreversible en su dirección, que la vigilancia institucional y la movilización pacífica de las mayorías tienen el poder de proteger. Los ciudadanos deben acudir a las urnas el 31 de mayo con la convicción de quienes defienden un derecho conquistado: el de elegir libremente, sin bates, sin algoritmos manipulados, sin miedo.
La conciencia jurídica y civil de un país que decide no regresar a la barbarie es el único muro que esta hora histórica exige levantar.
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