El martes 19 de mayo de 2026, en la vía Panamericana entre El Cofre y La Venta, jurisdicción de Cajibío, grupos armados ilegales atacaron el esquema de seguridad del senador Alexander López Maya y robaron el vehículo en que se movilizaba el alcalde de Santander de Quilichao, ingeniero Luis Eduardo Grijalba Muñoz. El mismo presidente Gustavo Petro confirmó que el vehículo blindado asignado al senador fue atacado con ráfagas de fusiles, y recordó que a pocos kilómetros de ese punto el mismo grupo narcotraficante masacró 21 civiles. Nadie puede seguir fingiendo que esto es una anomalía. Es la norma.
La vía Panamericana en el Cauca dejó de ser una carretera hace tiempo. Es un corredor de terror donde la delincuencia organizada cobra peaje en vidas, vehículos, libertad y dignidad. El robo masivo de automotores, los intentos de secuestro, las masacres, los ataques a funcionarios públicos y a ciudadanos comunes ocurren con una regularidad que el Estado colombiano ya no puede atribuir a la sorpresa ni a la falta de información. Ocurren porque quienes controlan ese territorio han decidido que pueden hacerlo, y nadie con autoridad legal ha demostrado lo contrario con hechos verificables.
El Cauca lleva años partido en dos realidades. Una, la que el resto del país conoce: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión, secuestro y control territorial por parte de estructuras criminales que operan con libertad en la mayor parte del departamento. Otra, la que hasta hace poco parecía resistir: el corredor de la Panamericana, la arteria que conecta al sur del país con el centro y que millones de colombianos recorren cada año creyendo que la presencia del tráfico implica la presencia del Estado. Ese corredor acaba de demostrar que esa creencia era una ilusión.
El presidente Petro cuestionó públicamente la falta de presencia permanente de la fuerza pública en ese corredor vial. Tiene razón en el diagnóstico. Pero ese cuestionamiento se lo hace a su propio gobierno, al Estado que él encabeza, a las instituciones de seguridad que dependen de su administración. Reconocer el problema desde la Presidencia sin anunciar medidas concretas, verificables y con plazo definido, es la descripción oficial de una abdicación.
Colombia tiene una pregunta pendiente que sus ciudadanos merecen que alguien responda con claridad y sin eufemismos: ¿el Estado ejerce soberanía en la vía Panamericana que atraviesa el Cauca, o ese territorio pasó definitivamente al control de las estructuras criminales vinculadas a alias Iván Mordisco y Marlon? Si la respuesta es la segunda, que lo digan. Los ciudadanos del Cauca y los millones de colombianos que transitamos esa vía tenemos derecho a saberlo para tomar decisiones con información real, no con la ficción de una autoridad que anuncia operativos y desaparece.
Un Estado que no puede garantizar la seguridad en su principal eje vial, que pierde el control de un vehículo blindado asignado a la protección de un senador de la república, que admite que el mismo grupo criminal que controla esa zona masacró 21 civiles en el mismo corredor sin consecuencias suficientes, ese Estado tiene una deuda con el Cauca que ya no cabe en ningún informe de gestión ni en ninguna rueda de prensa.
Que el Gobierno Nacional se pronuncie. Que diga con precisión qué capacidad real tiene para restablecer el control de ese corredor, en qué plazo y con qué recursos. Que deje de hablar de la violencia en el Cauca como si fuera un fenómeno externo al Estado y empiece a asumir que la ausencia de soberanía territorial es una decisión, aunque sea una decisión por omisión.
El Cauca lleva décadas pagando el precio de esa omisión con sangre propia.
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