Pacto Cauca: el arte de planear sin ejecutar
Pacto Cauca: el arte de planear sin ejecutar
Cuando los pueblos claman por justicia territorial, los gobiernos responden con diagnósticos. Cuando los líderes sociales exigen inversión concreta, los tecnócratas responden con reuniones. Y cuando el Cauca reclama la ejecución de un acuerdo vital para su desarrollo, le entregan una promesa sujeta a vigencias futuras.
Así se resume, con cruel claridad, la respuesta que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a la solicitud formulada por el columnista de Proclama del Pacífico Juan Camilo López Martínez sobre el estado del “Pacto Cauca”.
Según el DNP, el Pacto Cauca es un instrumento de articulación institucional “en proceso de consolidación”. Sus lineamientos están definidos por la Ley 2294 de 2023, y su firma, que se ha anunciado desde 2023, está proyectada para finales de junio de 2025, en fecha aún indefinida. En la práctica, esto significa que, a un año y medio del inicio del actual gobierno, y a pocos meses de su cierre presupuestal efectivo, el departamento del Cauca no ha recibido ni un peso de los 16 billones prometidos como inversión estratégica.
Los tecnócratas del DNP detallan con esmero su trabajo: más de 42 espacios de diálogo, 746 organizaciones contactadas, inclusión del municipio de Jamundí en el pacto, y mesas con 43 alcaldes. Pero entre tantas mesas y tantas hojas de ruta, la ejecución sigue siendo una utopía burocrática. El aparato estatal ha hecho de la “concertación” un fin en sí mismo, no un medio para transformar el territorio.
Históricamente, el Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, la exclusión económica y la debilidad institucional. Desde la Constitución de 1991 —que elevó a la descentralización a la categoría de mandato constitucional— el Estado ha reconocido la necesidad de invertir de forma diferencial y estructural en regiones como esta. Sin embargo, tres décadas después, lo que vemos es una repetición ritual: planes que no se traducen en obras, promesas que no llegan a contratos, cifras que no tocan el suelo.
El Pacto Cauca debía representar un viraje histórico. En lugar de eso, se ha convertido en una metáfora de la ineficiencia estatal. Mientras las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas padecen inseguridad, desnutrición infantil, vías intransitables y colapsos hospitalarios, el Gobierno responde que está aún “definiendo fuentes de financiación” y “en elaboración” del documento técnico. Lo cual, traducido al lenguaje común, equivale a decir: no hay pacto. Solo papeles.
Y no se trata de desconocer los instrumentos jurídicos que sustentan la figura de los pactos territoriales. Se trata de exigir que tales instrumentos tengan consecuencias materiales. Que no se conviertan en espejismos para justificar la parálisis. La Constitución obliga a todos los funcionarios públicos, comenzando por el presidente de la República, a cumplir con los principios de eficacia y celeridad en la gestión pública. Aquí, por el contrario, hay morosidad planificada.
Y en este escenario de promesas etéreas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, se convierte en una víctima más de esta dinámica perversa. Los criminales siembran el terror, la violencia recrudece, y la respuesta del Gobierno Nacional, más allá de los comunicados de rechazo, se reduce a la retórica de la planificación y la burocracia.
Es más, yo creo que lo que revela esta respuesta oficial a mi amigo López Martínez no es solo una deficiencia de ejecución, sino un desprecio implícito por la urgencia territorial. En el Cauca, los tiempos del Estado son tiempos de papel; los de la comunidad son tiempos de hambre, sangre y abandono. Si el Gobierno Nacional no firma y financia el Pacto Cauca de forma inmediata y verificable, no habrá transformación posible, ni paz territorial creíble.
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