Después de varias semanas de haber llegado a Bogotá, las mujeres que protagonizaron la marcha por la defensa de la vida desde el Norte del Cauca y la toma del Ministerio del Interior durante cinco días, llegaron a un nuevo acuerdo con el Gobierno Nacional.
“Nuestro mensaje es claro, estamos cansadas de firmar papeles”, dijeron después de que el Gobierno firmara ciertos compromisos que aseguran la protección a estas mujeres y sus familias y acciones concretas en la lucha contra la minería ilegal que invade su territorio.
Después de veinticuatro días de marchar por varias ciudades hasta Bogotá, declararse en asamblea permanente tomándose las instalaciones del Ministerio del Interior, de ser declaradas amenaza nacional, y de sentar a la mesa a las autoridades nacionales y discutir por una semana, entre lenguajes y visiones opuestas, lograron que las diferentes autoridades del Gobierno Nacional se comprometieran a cumplir con una ruta ya trazada en Mayo cuando por lo menos 50 personas perdieron la vida en la mina de San Antonio, en Santander de Quilichao, una ruta que tiene como propósito tratar la problemática minera en la región y proteger la vida, derechos y territorios.
El documento cuenta con la firma de ministros y viceministros de las carteras del Interior, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa Nacional, junto con las instituciones, congresistas y organizaciones garantes, entre ellas la Defensoría del Pueblo a la cabeza de Patricia Luna y Todd Howland de Naciones Unidas.
Dicho documento es un acta que contiene los acuerdos alcanzados bajo el principio de buena fe y voluntad política, establecidos como garantía en las instalaciones del Ministerio del Interior sede La Giralda.
El primer acuerdo y sobre el cual las mujeres tienen en este momento toda su atención, es la expulsión de la minería ilegal de sus territorios. “Esta es una acción urgente e inmediata que nos servirá como medida para evaluar si hay verdadera voluntad política del gobierno para cumplir estos acuerdos o no”, dijo Francia Márquez, líder de la movilización.
Dentro de los compromisos el más importante es el de crear una subcomisión para estudiar acciones inmediatas que puedan ser tenidas en cuenta para erradicar la minería ilegal, así como adelantar nuevas estrategias con el fin de hacer de la minería del Cauca un proceso sostenible son los compromisos que asumidos por el Ministerio del Interior.
El compromiso del Ministerio de Defensa, es asegurar a estas mujeres que el Gobierno garantizará su seguridad frente a los atropellos contra civiles, cometidos por los grupos que se benefician de la minería ilegal.
Las mujeres cuentan que cuando decidieron marchar sus territorios estaban plagados de retroexcavadoras haciendo explotación del oro. “Al llegar a Bogotá, algunos mineros entendieron el mensaje y salieron; otros, optimistas y seguros, escondieron las máquinas y esperaron. Pareciera que los mineros supieran que el gobierno no cumple sus compromisos, porque hoy esas y otras máquinas han regresado y continúan destruyendo el territorio” según han verificado misiones de monitoreo de la Red de Solidaridad Afrocolombiana (ACSN, siglas en inglés).
Sin embargo este proceso no ha terminado. Según Francia Márquez, luchadora incansable de su comunidad, las mujeres continúan en Asamblea Permanente hasta ver resultados concretos. “Los acuerdos establecidos tienen rutas y agendas de cumplimiento que nosotras y los organismos garantes, así como la ciudadanía nacional e internacional, estaremos siguiendo paso a paso”.
