Una operación conjunta entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial produjo un fuerte golpe estructural contra las redes logísticas del Grupo Armado Organizado Residual «Jaime Martínez» en el departamento del Cauca. Las acciones militares, concentradas sobre el cauce del río Micay, permitieron la ubicación y posterior destrucción de dos depósitos ilegales de alta peligrosidad, donde el grupo armado almacenaba tecnología de punta, armamento y un volumen crítico de explosivos destinados a alterar el orden público en el litoral.
La intervención comenzó cuando unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 interceptaron a unos ocho operarios armados que se movilizaban a bordo de tres embarcaciones de alta potencia. Al notar el despliegue oficial, los ocupantes atacaron con fusilería de largo alcance a la unidad militar y emprendieron la huida por vía fluvial. La reacción inmediata de las tropas generó una persecución sostenida, forzando el repliegue de los atacantes y abriendo paso a las tareas de registro y control de área que llevaron al descubrimiento de los escondites clandestinos.
En los depósitos se hallaron 13 drones con sus respectivos sistemas de alimentación y mandos a distancia. El análisis técnico militar indica que estos dispositivos eran utilizados para labores de vigilancia ilegal y para el diseño de ataques con cargas suspendidas contra la fuerza pública y la población civil. A este inventario tecnológico se sumaron dos computadores portátiles, diez teléfonos celulares, memorias digitales de almacenamiento y equipos especializados de radiocomunicación y monitoreo de señales.
El hallazgo de material de guerra comprende dos pistolas, proveedores y más de 400 cartuchos de diferentes calibres. El componente logístico quedó en evidencia con la incautación de abundantes prendas de intendencia, que incluyen uniformes, chalecos, morrales de campaña de uso privativo de las fuerzas militares y distintivos propagandísticos alusivos a las extintas FARC-EP.
El punto de mayor alerta para los investigadores de seguridad fue la desactivación de un arsenal de 350 kilogramos de explosivos. El inventario exacto arrojó artefactos improvisados tipo granada, cargas cilíndricas de alto impacto, cohetes de fabricación artesanal, granadas de mano, pólvora industrial y múltiples dispositivos acondicionados con metralla para multiplicar su onda expansiva. Las agencias de inteligencia militar confirmaron que este cargamento representaba un riesgo latente para la movilidad de los corredores fluviales, la integridad de los habitantes de la cuenca y el desarrollo seguro de la próxima jornada electoral en el Pacífico caucano.
El armamento, los equipos de comunicación y la tecnología incautada pasaron a custodia judicial de las autoridades competentes para los respectivos procesos de investigación. Por razones de seguridad del territorio y siguiendo los protocolos técnicos, el personal especializado en Explosivos y Desminado (EXDE) ejecutó la destrucción controlada de la totalidad de la carga explosiva en el mismo sitio del hallazgo.
