Nueva regulación de encuestas genera controversia en Colombia
Nueva regulación de encuestas electorales en Colombia desata debate entre el CNE y las firmas encuestadoras.
Redacción Bogotá – Por: Carlos Villamil.
La actualización de las normas que regulan las encuestas electorales en Colombia abrió un fuerte debate entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las empresas encuestadoras. Mientras el organismo asegura que los cambios buscan mayor transparencia y rigor técnico, varias firmas advierten que las nuevas exigencias podrían reducir drásticamente la publicación de estudios de opinión en época electoral.
Según explicó Álvaro Montenegro, coordinador del Comité Técnico de Encuestas del CNE, la reforma responde a la necesidad de modernizar una legislación que estaba desactualizada desde 1996 y 1997, cuando el país no enfrentaba el impacto de las redes sociales, la masificación de internet ni las nuevas dinámicas de comunicación y violencia política.
“El mundo cambió y las encuestas también debían actualizarse”, señaló Montenegro, quien además aclaró que el CNE mantiene abiertos espacios de diálogo para revisar posibles ajustes a la normativa tras escuchar a las firmas encuestadoras y a expertos del sector.
Uno de los puntos que más controversia ha generado es la diferenciación entre “sondeos” y “encuestas probabilísticas”. Cristian Santa Escobar, integrante del Comité Técnico del CNE, explicó que los sondeos no cuentan con procesos formales de selección estadística, mientras que las encuestas probabilísticas sí garantizan rigor científico y representatividad.
Para el CNE, esta diferencia es clave debido al impacto que tienen las encuestas en la opinión pública y en la toma de decisiones electorales. “Está en juego quién administrará el Estado y la información debe ser de alta calidad”, enfatizó Santa Escobar.
Sin embargo, desde el sector privado advierten que las nuevas condiciones implican mayores costos operativos. María Fernanda Penagos, gerente comercial de INVAMER, aseguró que el incremento en las exigencias técnicas obliga a ampliar las muestras y elevar las inversiones, lo que podría traducirse en menos encuestas publicables.
Además, alertó sobre el riesgo reputacional que enfrentan las firmas en caso de incumplir la ley. “Si no cumples, te sancionan, y no solo económicamente, sino también en reputación”, afirmó.
A pesar de las diferencias, las partes coincidieron en que existe disposición para construir consensos y revisar aspectos de la regulación que permitan garantizar transparencia electoral sin afectar la viabilidad del sector encuestador.
