Ni perdón ni olvido para los crímenes de guerra
- MATEO MALAHORA
(Jorge Muñoz Fernández)
Guerra, en la expresión típica del término, que envuelve a contendientes de manera sistemática y sostenible, que configura confrontación de movimientos y posiciones, que implica profundas rupturas en la vida de una país, con ocurrencia de batallas decisivas para crear zonas o territorios liberados, no ha existido en Colombia.
Desde luego que no se puede desconocer la degradación del conflicto, que por su naturaleza sucia involucró al Estado y a sectores privilegiados de la economía nacional y extranjera en la comisión de crímenes atroces.
En ese contexto las FARC, que nunca en su historial militarmente agresivo han representado al pueblo colombiano, ni suscitado apoyo popular nacional o regional, como lo presumen utilizando mecánicamente expresiones políticas de guerrillas que en América Latina y en otras regiones del mundo constituyeron exitosos movimientos de liberación nacional, al autocalifcarse como ejército del pueblo (EP), sólo esconden la justificación para sentarse con el Estado a pactar la paz y cesar las emboscadas.
¿En nombre de qué son ejército del pueblo asesinando niños, reclutando menores de edad, contaminando ríos y arrasando ecosistemas de vital significación para la vida colectiva de poblaciones que, incluso, en su entorno viven y sobreviven en condiciones de pobreza?
¿En nombre de qué banderas le asestan de manera macabra y siniestra golpes a la infraestructura vial del sur del país, y, en especial al Departamento del Cauca, provocando miedo, terror y pánico a los usuarios de la carretera panamericana que en un noventa y cinco por ciento son trabajadores de la economía informal, sectores de clase media, transportadores, estudiantes, comerciantes, profesionales, indígenas y campesinos que cotidianamente utilizan el corredor vial para subsistir?
Si mediante el terrorismo puro, tenebroso y siniestro aspiran “vencer al enemigo”, pensando que explotar alcantarillas, asesinar policías en estado de indefensión, incendiar automotores, asaltar pueblos en días de mercados o fiestas populares, restringiendo el movimiento de la población, incrementando las víctimas del conflicto, es un episodio histórico y revolucionario, obran, como en efecto lo hacen, de manera alienada, demencial, como sicópatas de fusil y dinamita al hombro, que causan el repudio de los colombianos, las mismas víctimas directas e indirectas que según los acuerdos tendrán que refrendar, o no, los convenios de La Habana.
Hacer de las carreteras campos minados, convertir a infantes de temprana edad en cadáveres, negándoles con tatucos el derecho inalienable a la vida, volar torres de energía como si ya estuvieran a las puertas de las ciudades o pueblos para “liberarlos”, desplazar campesinos modificando por el éxodo los precios de la tierra y decidir cómo se debe vivir y morir en los campos bajo la influencia de las hostilidades bélicas es hacer del crimen por el crimen una conducta fundamentalista que niega de plano que son actores de la guerra, pues no sólo el ordenamiento jurídico humanitario protege a la población ajena al conflicto, sino que las propias costumbres de la guerra establecen los límites que existen entre la barbarie, el salvajismo y la bestialidad armada.
En ningún proceso de paz es posible plantear indultos y amnistías para los comprometidos en asesinatos, suplicios, toma de rehenes, torturas, responsables de crímenes de lesa humanidad y acciones caracterizadas por signos de extrema crueldad de quienes al ser reconocidos como beligerantes han obrado con total desprecio por el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Y, desde luego, en todo acuerdo para la terminación de los conflictos, por motivaciones de conveniencia pública, se recurre a perdonar los delitos tipificados como políticos, lo mismo que las transgresiones con evidencias de conexidad, pero sería fatal para el futuro de las víctimas que se eluda el juzgamiento de quienes como insurrectos vulneraron gravemente el derecho de gentes.
La suspensión de la punibilidad de los delitos contra el Estado colombiano, y cesación de las investigaciones por delitos contra el régimen constitucional legítimo, no implica cobijar, de ninguna manera, a los autores de gravísimas violaciones que por su naturaleza humanitaria, en honor a las víctimas de atrocidades, deben ser enjuiciados. Corresponde a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, conocida también como el Estatuto de Roma, ratificada por Colombia, hacerlo en caso de que el Estado rehúse obrar en consonancia.
“Borrón y cuenta nueva” no debe aplicar en Colombia para hacer la paz, sería un atentado más a la dignidad de la nación. Comprometido el Estado colombiano a respetar los tratados internacionales, no puede saltarse sus propias barreras morales, antes por el contrario la reconciliación que busca no puede basarse en la impunidad, y le es imperativo establecer una política criminal que asegure que actos como el la niña de dos años, Yarani Yaqui Musse, de la nación nasa, de Miranda, Cauca, y su madre, abatidas por un “tatuco” de la guerrilla, sean juzgados como crímenes de guerra. Hasta pronto.
