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viernes 18 diciembre, 2009 a las 12:57 pm

Municipio de Santander ejecutará el Presupuesto del 2010 por Decreto

*** No hubo acuerdo en el trámite que se debía dar en el Concejo Municipal


*** La nueva bancada conformada por los cinco “voltiarepistas» (que fueron llamados al Partido uribista de la ‘U’, y los cuatro independientes (ASI, Mira, Movimiento Afro y Polo) obstaculizó el trámite normal del Proyecto de Acuerdo

En un hecho sin precedentes en Santander de Quilichao, un partido político que no obtuvo ningún concejal en elecciones (el Partido de la ‘U’) logró convencer a cinco concejales (dos de Cambio Radical -Jose Celio Prieto Benachi y Silvio Andres Narvaez Noreña; dos liberales -Andres Carabali Mulato y Oscar Marino Carabalí Mina; y uno de Apertura Liberal -Diego Fernando Lopez) para que se retractaran de la confianza que las comunidades habían depositado en ellos cuando los eligieron y se “voltearon” de partido, sin haber consultado con nadie y por motivos que aún se desconocen, por presión del senador Aurelio Iragorri, del Representante a la Cámara Felipe Fabián Orozco (también recién llegado a la ‘U’) y del abogado Jorge Medina Abella.

Este incidente transformó la conformación política de las bancadas al interior del Concejo Municipal y ahora el nuevo partido uribista de la ‘U’, es “manejado” al interior del Cabildo por el edil del Polo, Nestor Adolfo Pardo Garcia (foto), el más avezado en estos tejemanejes, quien aprovechó la coyuntura y logró conformar una coalición decisoria con los otros tres concejales independientes (Juan Carlos Menza Ulcue, de ASI; Marcelly Caso Ulcue, del Mira y Willian Alvaro Medina Ortega, del Movimiento Afro).

El otro grupo, expectante ante la paradójica situación, está conformado por los concejales Ancízar Duque Morales y Jose Wilmar Ramos Torres, Conservadores; Edier Erney Loboa Mina, de Convergencia Ciudadana; Hermencia Herrrera de Obando y Nelson Ordóñez Ibarra, Liberales. (Hace varios meses se encuentra desaparecido el concejal Asnoraldo Ipia Yule, de la Alianza Social Indigena , quien no ha sido reemplazado).

En estas circunstancias, la Administración Municipal, el primero de Noviembre, como lo dispone la Ley, presentó a consideración del Concejo Municipal el proyecto de presupuesto para el 2010, el cual fue tasado en 34 mil millones de pesos, aproximadamente. A pesar de que la Comisión de Presupuesto lo aprobó en primer debate, el día que se iba a dar el segundo, el dirigente del Polo argumentó que era ilegal porque no estaba sustentado por otros dos proyectos (el del 15% de sobretasa al impuesto de predial con destino a la CRC y el de subsidios a los servicios públicos). Sin embargo, vencidos los términos, a pesar de su presunción de ilegalidad, no se devolvió al Ejecutivo Local.

El alcalde entonces, presenta los proyectos de acuerdo oportunamente. El vocero de las nuevas mayorías, concejal Néstor Pardo, inesperadamente, en una jugada política que supuestamente le daría figuración ante las barras, exige que se debe incluir un nuevo subsidio del 10% para el estrato 2, diferente a los que estaban previamente establecidos por Acuerdo Municipal, lo cual provocó un conflicto de intereses pues varios concejales pertenecen a dicho estrato y por tanto deberían haberse declarado impedidos para tomar decisiones en beneficio propio. No lo hicieron, y fue aprobado por la citada bancada. El representante del movimiento afro, William Medina, inclusive, argumentó que dicha variación presupuestal, que sería de unos 46 millones, aproximadamente, podía aprobarse porque implicaba un descuento mensual a cada usuario estrato dos de los servicios públicos locales de unos $500, que eso nadie lo iba a agradecer, por tanto, no había beneficio propio; en cambio, que si fuera un aumento de los mismos $500 en las tarifas, todo el mundo protestaría; según él, con este argumento se podía votar a favor del nuevo subsidio.

Ante los velados intereses políticos pre-electorales, que primaron sobre las verdaderas preocupaciones de toda la comunidad quilichagueña, y vencidos los términos para la aprobación del presupuesto en el Concejo Municipal, fue archivado y por tanto, legalmente, el alcalde quedó facultado para ejecutarlo por Decreto.

Algunos líderes cívicos quilichagueños sostuvieron a este periodista, que «el Concejo Municipal no puede dejar a un lado el control que debe ejercer sobre el cumplimiento del plan de gobierno o del Plan de Desarrollo que anteriormente había sido elevado a Acuerdo Municipal por los mismos concejales que ahora, con otros compromisos de campaña electoral, pretenden desconocer, pues el presupuesto estaba ajustado a estos compromisos legales y de conveniencia social».
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