En Mercaderes protestaron por erradicación forzosa de coca
El sector urbano del municipio de Mercaderes, ubicado al sur del departamento del Cauca, fue el escenario, el pasado viernes 24 de marzo, de una gran manifestación contra la erradicación forzosa de coca, que coincidió con un encuentro de autoridades locales con el delegado del Gobierno Nacional, Germán España, de la Dirección de Atención Integral en la lucha contra las drogas.
Las tiendas de Mercaderes cerraron sus puertas en solidaridad, mientras los manifestantes sostuvieron que no tenían intención de seguir siendo «esclavos a la coca» pero que el Gobierno tenía que crear el ambiente y las condiciones necesarias para transformar la situación económica de las comunidades rurales y viabilizar alternativas al cultivo de coca.
La producción de coca ha aumentado en Colombia y en el 2016 se alcanzaron niveles no vistos desde hace dos décadas.
Oscar Salazar, vocero del “Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega – PUPSOC”, señaló que el presidente Santos firmó los acuerdos de paz que comienzan afirmando la necesidad de crear una nueva visión para afrontar la problemática de cultivos ilícitos, porque sigue vigente la «visión vieja», según Salazar, de «considerar al agricultor, cultivador, como un delincuente, visión equivocada que los asimila con narcotraficantes, y que era la visión del Plan Colombia».
La «nueva visión» de los acuerdos «implica considerar el cultivador como víctima de las condiciones de pobreza que han obligado a cultivar coca», indicó el dirigente del sur del Cauca.
Salazar sostuvo que la erradicación está siendo aplicada bajo la visión antigua, que se cree la mentira de que erradicar la coca es erradicar el problema a largo plazo del narcotráfico. Lo que se necesita, argumentó, es que el Gobierno cumpla sus compromisos en planes de desarrollo, que respete los elementos culturales propios de las comunidades y corrija la legislación defectuosa, como el Decreto 249 del 14 de febrero de 2017, que faculta a la Policía para iniciar procesos de contratación de campesinos y civiles para que apoyen la erradicación de cultivos ilícitos.
A propósito, aquel decreto establece algunos requisitos, entre ellos la elaboración de unos estudios previos, por parte de la Policía, que analice la oferta y las características de las personas naturales o jurídicas que estén en condiciones de prestar el servicio, además de la vinculación de un porcentaje de trabajadores habitantes de la región en la cual se vaya a ejecutar el contrato de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Uno de los manifestantes dijo que «el campesino no cultiva coca porque quiere. El campesino planta coca porque él necesita para sobrevivir. He vivido aquí durante 57 años y no he visto gente que tenga grandes cantidades de dinero. Veo gente que lucha por sobrevivir. El gobierno, con arreglo a su política antidrogas, nos considera delincuentes, considera que somos narcotraficantes, y debido a esto es necesario erradicar la coca».
Astul Robles, dijo: «Nosotros creemos, que el objetivo es resolver un problema, no solamente de la coca, porque el fondo de todo esto no es la coca, es la supervivencia de muchas personas. Si aquí hubiera la promoción y la posibilidad económica de vivir del cacao, de la caña de azúcar, del café, de limones, de sandía, de la ganadería, la coca se iría para la mierda».
La reunión culminó con un acuerdo firmado entre Germán España y dirigentes de la sociedad civil de Mercaderes, y con el compromiso del delegado del Gobierno nacional a tramitar las demandas de los manifestantes, incluyendo la petición de interrumpir la erradicación forzosa mientras que todas las partes logren el consenso. El acuerdo también incluyó la afirmación de los derechos a la protesta por parte de los manifestantes.
