El miércoles 21 de mayo de 2026, antes del amanecer, una delegación del pueblo Misak llegó al sector de La Ensillada, en el resguardo de Pitayó, municipio de Silvia, con la intención de tomar posesión física de un predio de aproximadamente nueve mil hectáreas que consideran de su propiedad ancestral. Lo que ocurrió después dejó seis personas muertas —tres del pueblo Nasa de Pitayó y tres del pueblo Misak de Guambía—, 121 heridos atendidos en hospitales de Silvia, Jambaló, Piendamó, Popayán, Santander de Quilichao y Cali, 35 comuneros Misak retenidos en la Casa del Cabildo de Pitayó y vías bloqueadas que impidieron durante horas el ingreso de la ayuda humanitaria. Lo que también ocurrió después fue una respuesta institucional que tardó demasiado en llegar y que solo llegó porque los muertos ya estaban contados.
La chispa y la pólvora acumulada
Las raíces del conflicto territorial entre los pueblos Nasa de Pitayó y Misak de Guambía se remontan al año 1700, cuando el cacique Nasa Zatama fijó los límites de su territorio en un encuentro con el regidor de Popayán, el señor Mosquera, evento consignado en la escritura 959 de 1883. Esos linderos históricos, que definían con claridad las fronteras entre los pueblos Nasa de Pitayó, Mosoco y Caldono, convivieron durante siglos con los territorios Misak de Guambía, cuyo título principal —la Resolución 1149 de 1963— fue ampliado en 1993.
En 1966, un episodio que hoy resulta central para entender el conflicto: el territorio ancestral de Mosoco entregó al pueblo Misak más de 3.500 hectáreas, incluyendo la laguna de Ñimbe y el sector de Piendamó, mediante acuerdos de diálogo y concertación entre los pueblos. Ese antecedente, que los Nasa invocan hoy como prueba de la generosidad histórica de su pueblo con los Misak, contrasta con lo que ocurrió décadas después: la reestructuración y ampliación de la Resolución 1149 de Guambía en 1993 produjo una superposición cartográfica sobre el título ancestral de Pitayó que nunca fue resuelta por ninguna autoridad del Estado colombiano.
La crisis se aceleró en diciembre de 2025, cuando la Agencia Nacional de Tierras realizó reconocimientos territoriales que, según el alcalde de Silvia, Juan Carlos López Morales, fueron dirigidos simultáneamente tanto al pueblo Nasa de Pitayó como al pueblo Misak de Guambía sobre las mismas tierras en disputa. Esa decisión, que el propio director de la ANT, Juan Felipe Harman, confirmó sin aparente consciencia de su gravedad al declarar que «la ANT reconoció un título histórico que no supedita ni suspende un título inalienable e imprescriptible como el Resguardo de Guambía», equivalió a decirles a dos comunidades que tienen derecho sobre el mismo territorio. Cuando el Estado otorga títulos que se superponen y luego se retira a esperar, la violencia resuelve lo que la institucionalidad no quiso definir.
El 21 de mayo: hora por hora
La violencia estalló en la madrugada del miércoles cuando la delegación Misak intentó tomar posesión del predio de La Ensillada. Los cabildos Nasa respondieron con la defensa de lo que consideran su jurisdicción territorial, argumentando posesión física y trabajo de la tierra durante los últimos años. El enfrentamiento escaló con rapidez. Se usaron armas de fuego. El saldo preliminar que circuló durante las primeras horas —más de diez muertos y cuarenta heridos— fue corregido por el alcalde López Morales en seis fallecidos y más de 105 heridos en el primer reporte oficial, cifra que el comunicado conjunto del 23 de mayo elevó a 121 personas heridas.
Las vías quedaron bloqueadas. Los organismos humanitarios solicitaron con urgencia un corredor para evacuar a los heridos que no podían salir del territorio. Treinta y cinco comuneros Misak —entre ellos autoridades indígenas, mayores y jóvenes— quedaron retenidos en la Casa del Cabildo de Pitayó. Desde el pueblo Misak, la gobernadora del resguardo de Guambía, Liliana Pechené, describió la situación con crudeza ante los medios nacionales: «Tengo cuatro muertos confirmados, seis cuerpos que se quedaron en la zona y que no sabemos de ellos, 105 heridos a bala, de los cuales tres están en la UCI en Popayán, y 37 personas secuestradas por el cabildo de Pitayó».
Las dos posiciones enfrentadas
El pueblo Misak sostiene que las tierras de La Ensillada les corresponden por derecho ancestral e histórico. Según sus voceros, se movilizaron al sector tras recibir notificaciones de instancias del Gobierno Nacional que reconocían su propiedad sobre ese predio. Durante los años 2025 y 2026, el pueblo Misak presentó ante las autoridades competentes solicitudes de revisión y aclaración de resoluciones anteriores, denunciando una ocupación que consideran ilegal por parte de integrantes de Pitayó. Afirman haber participado en múltiples mesas de diálogo, de las cuales la contraparte se habría retirado en varias ocasiones sin presentar argumentos jurídicos suficientes.
El pueblo Nasa de Pitayó, respaldado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, reconoce las raíces históricas de sus vecinos Misak pero reivindica la posesión física, el control efectivo y el trabajo de la tierra durante los últimos meses y años como fundamento de su derecho. Invocan además el antecedente de 1966, cuando el pueblo Nasa entregó voluntariamente más de 3.500 hectáreas al pueblo Misak mediante acuerdos de concertación, y señalan que la reestructuración de 1993 del resguardo de Guambía generó la superposición cartográfica que hoy está en el centro del conflicto.
Ninguna de las dos posiciones carece de fundamento. Ese es precisamente el problema que el Estado colombiano tenía la obligación de resolver antes de que los muertos lo hicieran.
La respuesta humanitaria: tarde pero real
El jueves 22 de mayo, una misión humanitaria integrada por la Misión ONU, ONU Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la Misión Médica, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Personería y la Alcaldía Municipal de Silvia logró los primeros acuerdos entre ambas comunidades.
La Autoridad Ancestral Nasa de Pitayó entregó formalmente a las 5:41 de la tarde del viernes 22 de mayo los 35 comuneros Misak retenidos, con un acta que dejó constancia de que fueron tratados en condiciones dignas: alimentación, artículos de aseo, atención médica y respeto de sus derechos durante el tiempo que permanecieron bajo custodia. «En ningún momento fueron amarrados o torturados», precisó el documento. El CRIC confirmó que la entrega se realizó directamente a la misión garante, que luego los trasladó a delegados del pueblo Misak en el sitio concertado.
El acuerdo humanitario incluyó además el ingreso de una comisión para recuperar el cuerpo de un comunero Misak que permanecía en la zona, y el compromiso de ambas partes de frenar las agresiones y los mensajes en redes sociales que aumentaran la tensión.
El 23 de mayo, en Popayán, el Gobierno Nacional, departamental y la Alcaldía de Silvia, junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y los organismos internacionales —ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de Naciones Unidas y Mapp-OEA— emitieron un comunicado conjunto que expresó solidaridad con las víctimas, valoró las acciones humanitarias de ambas comunidades y anunció propuestas específicas en materia de tierras, esclarecimiento de los hechos, protección a la niñez, seguridad y atención psicosocial. El presidente Gustavo Petro confirmó su disposición de reunirse con las autoridades de ambos pueblos para contribuir a la solución pacífica del conflicto.
La voz que no dialogará: la gobernadora Misak
En medio de los acuerdos humanitarios, la gobernadora Liliana Pechené fijó una posición que el Gobierno Nacional debe escuchar con atención antes de diseñar cualquier ruta de solución: «Ahorita ponerme a unas mesas de discusión, teniendo esta situación, no tengo condiciones y la comunidad no me ha autorizado para sentarme a conversar». Pechené reclamó además que ella había advertido con anticipación al Estado colombiano sobre la posibilidad de un estallido violento, sin recibir respuesta oportuna.
Esa advertencia, que el alcalde de Silvia corroboró al señalar que su administración solicitó en repetidas ocasiones el acompañamiento permanente del Gobierno Nacional para evitar el escalamiento, configura la dimensión más grave del caso: la tragedia del 21 de mayo estaba anunciada por las propias autoridades locales e indígenas, y el Estado eligió no actuar con la urgencia que la situación exigía.
La sombra política sobre el conflicto
A ocho días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el conflicto Nasa-Misak adquirió una dimensión que Proclama del Pacífico registra sin suscribirla: voces críticas señalaron que el enfrentamiento tuvo motivaciones político-electorales además de las territoriales. La candidata presidencial Paloma Valencia lo dijo sin rodeos: «Lo que sorprende aquí es que el CRIC, la organización a la que pertenece la candidata a la Vicepresidencia de Iván Cepeda, está tomando partido aupando a que sigan las invasiones, desconociendo los derechos ancestrales de los Misak».
Proclama del Pacífico registra esa declaración y advierte que mezclar una tragedia humanitaria con el cálculo electoral es una operación que daña a las víctimas dos veces: primero con la violencia y después con la instrumentalización política del dolor. El conflicto territorial entre etnia Nasa y Misak en el oriente del Cauca lleva décadas construyéndose sobre negligencias institucionales acumuladas. Reducirlo a un episodio de campaña es una bajeza que la gravedad de los hechos no permite.
Lo que queda pendiente
Seis muertos. Ciento veintiún heridos. Un territorio cuya delimitación cartográfica el Estado lleva décadas sin resolver. Una gobernadora Misak que no tiene condiciones para dialogar. Una ANT que reconoció títulos superpuestos sin resolver la contradicción. Un Gobierno Nacional que se prepara para recibir a ambas comunidades en Bogotá después de que la sangre hizo lo que las instituciones no hicieron.
La reunión con el presidente Petro puede ser el inicio de una solución o puede ser otro episodio de promesas con fecha de vencimiento. La diferencia entre las dos posibilidades no está en las palabras del presidente. Está en si la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE reciben instrucciones de resolver la superposición cartográfica con urgencia real, con plazo definido y con resultado verificable antes de que el Cauca produzca otra tragedia anunciada.
El Cauca lleva demasiados años esperando que el Estado llegue antes de los muertos.
