El Gobierno Nacional debe declarar la emergencia en el Cauca

Hay días en que la realidad del Cauca supera cualquier capacidad de asombro. Este miércoles 21 de mayo de 2026 es uno de ellos. En menos de cuarenta y ocho horas, este departamento acumuló una lista de calamidades que en cualquier otro territorio del país habría producido ya una declaratoria de emergencia, la presencia del presidente de la república en el terreno y una movilización institucional de proporciones inéditas. En el Cauca, en cambio, produce pronunciamientos.

Proclama del Pacífico hace aquí una pausa para que Colombia entera lea lo que está ocurriendo en uno de sus departamentos mientras el resto del país debate encuestas electorales.

El inventario del derrumbe

Hace pocos días, veintiún civiles asesinados sobre la vía Panamericana, en el mismo corredor donde grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y la minería criminal ejecutan robos masivos de vehículos, secuestros y ataques a funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Santander de Quilichao y el esquema de seguridad del senador Alexander López Maya. La vía que conecta al sur del país con el centro de la nación opera bajo el control efectivo de la criminalidad organizada, con el Estado reducido al papel de testigo.

Hoy, cuatro muertos y más de sesenta heridos en el enfrentamiento entre comunidades indígenas Nasa y Misak en el sector de La Ensillada, resguardo de Pitayó, municipio de Silvia. Vías bloqueadas, vehículos incendiados, indígenas Misak retenidos en el Cabildo de Pitayó, organismos humanitarios pidiendo un corredor de emergencia para evacuar a los heridos que no pueden salir. Una masacre entre hermanos que llevaba meses anunciada y que el Estado colombiano eligió no prevenir.

El Ingenio La Cabaña, industria azucarera con ocho décadas de historia en el norte del Cauca, enfrenta un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades con pasivos acumulados que superan el billón doscientos sesenta mil millones de pesos. Más de tres mil empleos directos e indirectos en riesgo. Seis municipios caucanos —Guachené, Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica, Padilla y Santander de Quilichao— con miles de familias que dependen de esa industria para sostenerse.

Muertos en la Panamericana. Muertos en Silvia. Miles de empleos al borde del abismo. Ese es el Cauca de hoy. No el de hace un año. El de hoy.

Lo que une estas tres crisis

Sería un error leer estos hechos como tragedias separadas que coincidieron en el calendario. Los une una sola causa: la ausencia estructural del Estado colombiano en el Cauca, sostenida durante décadas, administrada por todos los gobiernos y pagada siempre con la misma moneda, la sangre y el empobrecimiento de sus habitantes.

La vía Panamericana no la perdió el Estado colombiano esta semana. La fue cediendo metro a metro durante años, mientras la fuerza pública respondía con operativos puntuales y el crimen consolidaba control permanente.

La masacre entre comunidades Nasa y Misak no estalló esta madrugada. Lleva años construyéndose sobre la negligencia de la Agencia Nacional de Tierras, que tituló y asignó predios en el oriente del Cauca durante décadas sin resolver las superposiciones cartográficas entre resguardos vecinos, y sobre el incumplimiento de treinta y cuatro años del mandato constitucional de reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas. Cuando el Estado no traza los linderos, los traza la violencia.

La crisis del Ingenio La Cabaña tampoco es un fenómeno exclusivamente financiero. Ocurre en un territorio donde la violencia, la extorsión y la inestabilidad institucional elevan los costos de operar hasta hacer inviables industrias que en otro contexto serían sostenibles.

Todo está conectado. La ausencia del Estado en el territorio produce violencia. La violencia produce inestabilidad económica. La inestabilidad económica produce desempleo. El desempleo produce más vulnerabilidad frente al reclutamiento criminal. Y el ciclo se cierra sobre sí mismo mientras Bogotá administra la distancia con comunicados de condolencia.

Lo que el gobernador sí hizo y el Gobierno Nacional no hizo

En medio de este cuadro de desolación, Proclama del Pacífico reconoce con justicia lo que la Gobernación del Cauca hizo dentro de sus competencias. El gobernador Octavio Guzmán Gutiérrez actuó con anticipación y buena voluntad: instaló mesas de diálogo desde la Secretaría de Gobierno Departamental, propició escenarios de concertación entre las comunidades Nasa y Misak, trabajó en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, y advirtió oportunamente a ambas comunidades que la ausencia de acuerdos podía producir exactamente lo que ocurrió esta madrugada. La Gobernación agotó los instrumentos que la ley le asigna al Departamento.

El problema es que esos instrumentos no alcanzan para resolver un conflicto cuya solución definitiva reside en competencias exclusivamente nacionales. La Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE son entidades del orden nacional. El deslinde técnico obligatorio entre resguardos, la cartografía oficial de los linderos y el decreto de delimitación territorial que habría dado certeza jurídica a ambas comunidades antes de que recurrieran a la fuerza son responsabilidades del Gobierno Nacional, no del gobernador del Cauca.

Dicho con precisión: el gobernador Guzmán Gutiérrez hizo lo que podía hacer. El Gobierno Nacional no hizo lo que solo él podía hacer. Y esa omisión, sostenida durante años mientras las comunidades pedían intervención, es la que convirtió una disputa territorial en una masacre. La buena voluntad del orden departamental no puede sustituir la acción obligatoria del orden nacional. Cuando el Estado central no traza los linderos, los traza la violencia.

Declaratoria de emergencia

El Cauca enfrenta el colapso simultáneo de su seguridad, su convivencia interétnica y su economía. Esa acumulación tiene un nombre institucional preciso: emergencia.

La Constitución colombiana contempla mecanismos de estado de excepción para situaciones que desbordan la capacidad ordinaria del Estado. El artículo 215 de la Carta consagra el estado de emergencia económica, social y ecológica. El Cauca presenta hoy evidencia suficiente para que el Gobierno Nacional evalúe su declaratoria: una crisis de orden público sostenida que supera la capacidad de respuesta institucional regular, una emergencia humanitaria activa con muertos, heridos y población incomunicada, y una crisis económica que amenaza con eliminar de golpe miles de empleos en comunidades ya golpeadas por la violencia.

Proclama del Pacífico le solicita al presidente Gustavo Petro que este jueves el Cauca sea el primer tema del Consejo de Ministros. Que la Agencia Nacional de Tierras reciba instrucciones de resolver con urgencia real el deslinde en el oriente del Cauca. Que el Ministerio del Interior instale una mesa de mediación en Silvia con presencia física y poder de decisión. Que el Ministerio de Trabajo acompañe con urgencia el proceso del Ingenio La Cabaña para proteger los empleos de miles de familias. Que la fuerza pública despliegue capacidad permanente sobre la vía Panamericana, no operativos de reacción que llegan cuando los muertos ya están contados.

El Cauca ha pedido durante décadas que el Estado llegue antes de las tragedias. El Estado siempre llega después. Si esta acumulación de calamidades en menos de cuarenta y ocho horas no es suficiente para romper ese patrón, habría que preguntarse qué tendría que ocurrir para que Colombia voltee a mirar de verdad a este departamento.

Estaremos pendientes. Como siempre. Desde el Cauca.

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