Varias veces he escrito sobre el proceso judicial del exsenador y exministro Velasco Chaves. Lo he hecho porque estoy interesado en los resultados más adecuados. Luis Fernando es un distinguido caucano al que conozco desde hace muchos años, al igual que a su distinguida familia, por la que siento un profundo aprecio. Conozco su dignidad, su nobleza y los valores que han cultivado a lo largo de su vida.
Con frecuencia vuelvo a las páginas de El gran general – Más allá del poder y la gloria, la obra de su padre, Omar Henry Velasco. Es un libro al que recurro para comprender mejor la literatura, la historia y los complejos caminos de la psicología humana, pero también para reflexionar sobre la política colombiana, el ejercicio del poder y las contradicciones de quienes gobiernan.
Es más, he seguido la carrera pública de Luis Fernando Velasco prácticamente desde sus comienzos. Conozco sus actuaciones políticas, sus controversias y buena parte de su trayectoria como dirigente, desde sus primeros pasos como concejal y, posteriormente, alcalde de Popayán, la capital del Cauca.
Ese conocimiento y ese afecto no me impiden ejercer el periodismo con independencia; por el contrario, me otorgan cierta «autoridad» para opinar con conocimiento de causa y me obligan a ser especialmente cuidadoso al examinar las acusaciones que hoy enfrenta Luis Fernando, sin aceptar como demostrada una culpabilidad que corresponde establecer a la justicia.
Es que, el país ha conocido demasiados procesos en los que las audiencias públicas y procesos de investigación parecen convertirse en condenas sociales anticipadas, mucho antes de que exista una sentencia. Los titulares de prensa y, a veces, las confrontaciones entre acusadores y defensores terminan desplazando lo esencial: determinar qué ocurrió de verdad, quiénes participaron y qué pruebas permiten establecer responsabilidades y las sanciones y reparaciones eficaces y pertinentes.
Los ciudadanos, y periodistas, tenemos derecho a conocer la verdad completa. Una investigación seria no necesita culpables anticipados. Necesita pruebas, independencia y decisiones oportunas.
Después de conocer la entrevista que Luis Fernando concedió a Sebastián Nohra, para Cambio, y la decisión judicial que le devolvió la libertad, me asaltan varias preguntas: ¿está la Fiscalía investigando toda la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o ha concentrado sus esfuerzos en unos pocos funcionarios mientras otros posibles responsables permanecen fuera de las investigaciones? ¿Cuántos funcionarios pudieron haber desfalcado esa entidad sin que sus actuaciones fueran investigadas con el rigor que merecían?
No conozco íntegramente el expediente de Velasco, pero tampoco encuentro razones para aceptar, sin formular preguntas, que un escándalo de semejantes proporciones pueda explicarse únicamente con las responsabilidades que el organismo acusador atribuye a dos exministros y a quienes ya aparecen vinculados al proceso.
Además, me inquieta ese «tufillo» que se percibe en estas actuaciones judiciales y que lleva a sospechar que podrían estar contaminadas por intereses políticos. Me preocupa todavía más que la extensa trayectoria política de Luis Fernando Velasco y su vinculación al gobierno de Gustavo Petro, circunstancias que lo han convertido en una figura de enorme exposición pública, lo hagan también un verdadero «manjar» para quienes buscan mostrar resultados judiciales de gran repercusión, a pesar de que ninguna de esas circunstancias demuestra su culpabilidad.
El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad al considerar que no estaban debidamente acreditadas las razones para mantenerlo privado de ella. La decisión corrigió una medida que, según el Tribunal, carecía de justificación suficiente.
La Fiscalía sostiene que Velasco participó en una organización destinada a direccionar contratos públicos para obtener respaldo de congresistas a proyectos del Gobierno. Es una acusación que debe examinarse con todo el rigor posible. Pero Velasco acaba de formular unas denuncias que no deberían perderse entre las controversias de su propia defensa.
En la entrevista concedida a la revista Cambio, el exministro afirmó que la Fiscalía no ha profundizado suficientemente en más de 26 contratos de la UNGRD, por un valor aproximado de 1,3 billones de pesos. Sostiene que el organismo investigador se concentró en el escándalo de los carrotanques y que existen otros negocios, contratistas y posibles beneficiarios cuya participación no ha sido esclarecida.
La investigación debe alcanzar el recorrido del dinero, los contratos, las empresas beneficiarias y las obras que debían realizarse. ¿Quién contrató? ¿Quién autorizó los pagos? ¿Quién recibió los recursos? ¿Cuáles obras se terminaron y cuáles quedaron abandonadas?
Me resulta difícil aceptar que esta investigación pueda considerarse suficientemente esclarecida mientras subsistan interrogantes de semejante magnitud.
No conozco las razones por las cuales la fiscal María Cristina Patiño ha orientado la investigación del modo en que lo ha hecho. Presiento que tiene una intención deliberada de favorecer a los verdaderos responsables o perjudicar a Luis Fernando Velasco. Por eso, considero legítimo cuestionar sus actuaciones y reclamar explicaciones sobre los hechos denunciados por el exministro. Cuando están comprometidos recursos de semejante cuantía, la independencia de la Fiscalía debe manifestarse en investigaciones completas, decisiones sustentadas y pruebas sometidas a contradicción. La actuación de la fiscal María Cristina Patiño debe ser examinada públicamente, como corresponde a cualquier funcionario que ejerce poder en nombre del Estado.
Es más, Velasco sostiene que su defensa todavía no ha recibido la totalidad del material probatorio reunido por los investigadores. Habla de más de nueve terabytes de información y de dificultades que habrían motivado llamados de atención durante las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia. No sé cuánto de ese material resulta efectivamente pertinente para su defensa. Pero el problema que describe es suficientemente serio para merecer una explicación clara.
También me llama la atención esa controversia sobre las reuniones realizadas en la Casa de Nariño durante noviembre y diciembre de 2023. Velasco sostiene que eran encuentros ordinarios del comité político del Gobierno. Niega haber solicitado recursos para comprar respaldos parlamentarios y afirma que varios asistentes contradicen la versión de Olmedo López. La Fiscalía tiene una interpretación diferente de aquellos acontecimientos y considera que existen elementos para atribuirle participación en conductas delictivas.
La discusión no debería resolverse por la repetición de sus versiones en los medios. Los investigadores deberán establecer con certeza qué ocurrió realmente en esas reuniones y qué hizo cada uno de los participantes.
Pero hay algo que me parece especialmente preocupante: que una gestión propia de las funciones de un ministro, como facilitar reuniones entre congresistas y funcionarios públicos, pueda adquirir una interpretación delictiva sin que se demuestre la finalidad ilícita atribuida a esa actuación.
Además, Velasco ha utilizado una expresión que merece examinarse: afirma que él y Ricardo Bonilla fueron convertidos en chivos expiatorios, para concentrar extrañas culpas, ofrecer una explicación aparentemente suficiente y apartar la atención sobre los verdaderos responsables. Si eso llegara a demostrarse, estaríamos ante una distorsión de la justicia y una nueva agresión contra los ciudadanos perjudicados por el saqueo de los recursos públicos.
Una de las principales alarmas que surge de las propias declaraciones del exministro Luis Fernando Velasco es reconocer que durante el gobierno de Gustavo Petro operó una poderosa red de corrupción. Una afirmación de semejante gravedad obliga a preguntarse hasta dónde han llegado las investigaciones, quiénes participaron en el saqueo de los recursos públicos y cuántos responsables permanecen todavía fuera del alcance de la justicia. Porque si al final se desvían las investigaciones, se sanciona a algunos y los demás conservan su libertad y el dinero obtenido ilícitamente, Colombia habrá sumado otro escándalo de corrupción sin conocer toda la verdad ni recuperar lo que nos robaron.
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