Luis Fernando Colorado, exalcalde de Suárez, apeló sanción de destitución e inhabilidad por 11 años
El exalcalde del municipio de Suárez, Cauca, Luis Fernando Colorado Aponzá, presentó recurso de apelación ante la instancia superior por un fallo expedido por la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao que lo sancionó en su condición de alcalde municipal para la época de los hechos, con destitución e inhabilidad general por once años. La sanción impuesta responde a las conductas determinadas por el ente disciplinario: peculado por uso ilícito de bienes del Estado y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La sanción se impuso por una serie de irregularidades cometidas en los años 2008 y 2009 a partir de la celebración de un contrato de servidumbre minera (1 de septiembre de 2008) por seis meses, sobre el predio San Miguel, de propiedad del municipio, a favor de John Jairo Builes, representante legal de la firma Duque Builes CSS, por 40 millones de pesos.
Según la Procuraduría provincial, Colorado Aponzá permitió la exploración y explotación minera sin estar facultado para ello, además de que la firma Duque Builes tampoco tenía título minero inscrito en el registro minero nacional, ni licencia ambiental, por lo cual su actividad era ilícita.
La entidad disciplinaria consideró que el predio en mención era parte del área de reserva especial determinada así por el Ministerio de Minas para proyectos mineros de orden comunitarios y tradicional, ambientalmente sostenibles, y que ya venía siendo explotado de manera artesanal por los nativos afrodescendientes. Con ellos se firmó un convenio para pagarles $100 millones para que la firma entrara a la explotación con maquinaria pesada, durante la vigencia del contrato.
Por estas mismas circunstancias se adelantó una investigación penal contra el exalcalde Colorado Aponzá quien habiendo sido citado por el respectivo Juzgado para la audiencia de sentido del fallo, para la presente semana, por intermedio de su abogado defensor, solicitó el aplazamiento de dicha diligencia. Quedan entonces pendientes las diligencias penales sobre el sentido del fallo a expedir y la correspondiente sentencia.
