López de Micay cumple, la Nación no responde
López de Micay cumple, la Nación no responde.
La construcción del Centro Administrativo Municipal de López de Micay permanece detenida pese a que el municipio agotó todas las gestiones técnicas, jurídicas y fiscales para garantizar su continuidad. Así lo informó la Alcaldía mediante un comunicado público en el que expone, con documentos y actuaciones verificables, las razones que hoy impiden avanzar con una obra considerada prioritaria para la administración local.
El proyecto se originó en 2017, recibió aprobación de recursos en 2019 y quedó formalizado en 2021 a través del Convenio Interadministrativo 2057, suscrito con el Ministerio del Interior. Desde su diseño inicial, el esquema financiero contempló el respaldo del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entidad encargada de definir condiciones técnicas y aportar la mayor parte de los recursos. El municipio actuó bajo esa premisa institucional.
Durante la ejecución temprana del convenio se evidenció que los valores presupuestados no correspondían a los costos reales del mercado. El incremento sostenido en materiales y mano de obra, sumado a ajustes técnicos no previstos, elevó el valor total del proyecto a más de 8.366 millones de pesos, lo que implicó una exigencia adicional para el municipio cercana a los 2.703 millones. Esta situación no fue advertida a la administración entrante ni quedó consignada en los informes de empalme de 2023.
Al iniciar el periodo constitucional 2024–2027, la Alcaldía de López de Micay realizó un balance financiero detallado, actualizó estudios técnicos y emprendió gestiones directas ante el Gobierno nacional para evitar sanciones y destrabar el proyecto. Durante una visita presidencial en enero de 2024, el alcalde expuso la situación y recibió un compromiso público de apoyo institucional que, según el informe, no se ha materializado pese a derechos de petición y reuniones técnicas posteriores.
En lugar de una solución financiera, el Ministerio del Interior inició un proceso administrativo por presunto incumplimiento, el cual se prolongó por más de un año. La administración municipal atendió cada requerimiento, interpuso los recursos legales correspondientes y sostuvo reuniones permanentes. El trámite concluyó con el archivo definitivo del proceso mediante resolución administrativa, lo que descartó cualquier incumplimiento atribuible al municipio.
Ante la falta de respaldo nacional, la Alcaldía asumió un esfuerzo fiscal sin precedentes. En octubre de 2025, el Concejo Municipal aprobó una adición presupuestal por 2.700 millones de pesos, respaldada con certificaciones de disponibilidad y compromisos de vigencias futuras, con el fin de cerrar financieramente el proyecto. Esta decisión permitió obtener concepto técnico favorable, aunque la autorización final para continuar el convenio sigue pendiente.
El comunicado advierte que el municipio actuó bajo el principio de buena fe y confianza legítima, y que la ruptura del equilibrio económico del convenio obedeció a demoras administrativas externas que encarecieron la obra con el paso del tiempo. La Alcaldía insiste en que se trata de un proyecto bajo la modalidad llave en mano, diseñado para concluirse sin generar detrimento patrimonial.
La administración local reiteró que la no ejecución del CAM no responde a negligencia ni desinterés municipal, sino a la ausencia de voluntad política y financiera del nivel nacional para ajustar y respaldar un proyecto ya estructurado. También señaló que continuará buscando alternativas, pero considera un deber informar con claridad a la ciudadanía sobre las causas reales que hoy mantienen la obra detenida.
Finalmente, el gobierno municipal hizo un llamado al acompañamiento institucional del Estado para evitar que una infraestructura clave para la gobernanza local quede inconclusa, pese a los esfuerzos administrativos y fiscales realizados por el municipio.
Proclama del Pacífico se solidariza con la administración municipal y, sobre todo, con la comunidad de López de Micay, que hoy enfrenta una grave precariedad institucional. Durante el periodo anterior, la Alcaldía despachó desde un hotel, con un costo mensual de 12 millones de pesos. La actual administración permaneció allí algunos meses y luego se trasladó a la Casa de la Cultura, un espacio que no reúne las condiciones mínimas para ejercer la función pública ni atender dignamente a la ciudadanía.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que respalde al municipio y garantice condiciones básicas de gobernabilidad. Este no es un caso aislado: el Centro Administrativo Municipal de Corinto fue destruido por un carro bomba hace cinco años y aún no ha sido reconstruido; lo mismo ocurre en Buenos Aires y en otros municipios del Cauca que siguen sin sedes administrativas funcionales.
Las comunidades de López de Micay exigen lo mínimo: un espacio digno desde donde el Estado pueda cumplirles.
