La indignación que hoy sacude a los cenáculos bogotanos y a las redacciones de la prensa tradicional ante el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como ministro de la Igualdad confirma, precisamente, la necesidad de su designación.
El «escándalo» fabricado por la ausencia de un título universitario en su hoja de vida desnuda el profundo clasismo de una sociedad que confunde la preparación académica con la capacidad de gobierno, y el mérito con el privilegio de acceso.
Desde el norte del Cauca, tierra de resistencia, entendemos este nombramiento con una óptica distinta. Alfredo Acosta, hijo de Caloto y del pueblo Nasa, llega al gabinete no por falta de credenciales, sino porque porta las credenciales que la academia ignora: la graduación en la supervivencia, la maestría en la movilización social y el doctorado en la defensa de la vida.
La falacia de la idoneidad
Quienes rasgan sus vestiduras argumentan que el Ministerio de la Igualdad requiere un tecnócrata. Yerran en el diagnóstico. Esta cartera, nacida para demoler las barreras de la exclusión, exige una gerencia política capaz de entender el hambre, el despojo y la discriminación sin necesidad de intérpretes ni consultores. Acosta Zapata conoce la desigualdad porque la ha padecido y la ha combatido desde la trinchera organizativa.
Coordinar la Guardia Indígena Nacional, una estructura de más de 60.000 hombres y mujeres, implica capacidades logísticas, de mando y de resolución de conflictos superiores a las que se adquieren en muchos posgrados de gestión pública. Su liderazgo en la búsqueda de los niños perdidos en el Guaviare, operando en conjunto con el Ejército, demostró su competencia para articular esfuerzos en situaciones límite. Eso es gestión. Eso es Estado.
El valor de la experiencia vital
Descalificar a un líder social por ser bachiller es asumir que el conocimiento válido ocurre exclusivamente dentro de las aulas. Es una visión reduccionista. La universidad enseña teoría; el territorio enseña realidad. Para dirigir la política pública de los «nadie», se requiere haber sido uno de ellos.
El nombramiento de Acosta rompe el molde de la endogamia política colombiana. Incomoda porque valida saberes ancestrales y organizativos al mismo nivel que los saberes occidentales. Incomoda porque pone en la mesa de decisiones a quien, históricamente, solo servía para poner los muertos o los votos.
Su coterráneo y compañero de gobierno, Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, lo define con precisión quirúrgica: su trayectoria nace del cuidado de la vida. Yule, un académico y líder que comprende los dos mundos, respalda esta designación como un acto de justicia epistémica. Reconocer el camino del «hermano» es validar que la gobernanza también se construye desde la palabra, el bastón de mando y la escucha comunitaria.
Un mensaje político contundente
La administración pública cuenta con suficientes técnicos, asesores jurídicos y expertos financieros para manejar el papeleo y la minucia administrativa. Lo que escasea en el alto gobierno es la sensibilidad social y la conexión orgánica con la ciudadanía. Alfredo Acosta aporta esa conexión. Su presencia en el gabinete garantiza que las políticas de igualdad no se diseñen desde escritorios refrigerados en Bogotá, sino desde la comprensión visceral de las necesidades de la Colombia profunda.
Este nombramiento desafía la lógica del «diploma en la pared» como única medida de valor humano. La dignidad no se enmarca; se ejerce. La capacidad de entender al pueblo no se certifica en una notaría; se demuestra en la lucha.
Alfredo Acosta Zapata asume el reto más grande de su vida bajo el fuego graneado del prejuicio. Su éxito dependerá de su capacidad para traducir esa inmensa experiencia social en ejecutorias institucionales. Pero su sola llegada ya es una victoria simbólica y política: es la prueba de que el Estado empieza, por fin, a parecerse a su gente.
