La solidaridad de los gorilas y la barbarie de los ilustrados

Mateo Malahora.

«¿Quién niega que el conflicto de mayor dimensión se inscribe en un orden social injusto que deslegitima el establecimiento político y hace que no represente los intereses de la sociedad civil y el bien común, -(Mal común)-, sino que se pueda decir, sin pifia alguna, que el Estado, como territorio, instituciones públicas y población, soporta más de un sesenta por ciento de pobres?».

Cuenta un relato que en alguna ocasión se observó en una zona montañosa a un corpulento gorila realizando una faena nunca vista para su condición animal.

El cuadrumano sacaba peces del fondo de un río y los colocaba en una palizada que encontró en un árbol.

Al preguntarle un lugareño al simio ¿qué es lo que estás haciendo? el primate contestó con ínfulas protectoras: “Estoy salvándole de que perezca ahogado”.

La parábola del gorila es aplicable en el ámbito de los conflictos armados internacionales, -(Remember Bush?)- las políticas económicas globales y nacionales, particularmente en Colombia, si tenemos en cuenta la cruenta lucha guerrillera, las estrategias contrainsurgentes y las políticas del Estado para conjurar las injusticias que padece la mayoría de la población colombiana.

Los sesenta años de los sublevados significaron destrucción y muerte de la población civil ajena al conflicto armado y, al final, envejecidas las armas, la confrontación se convirtió en una forma de subsistencia en la que era imposible cambiar el país por la vía de la guerra.

En aras de un discurso guerrillero, que nunca llegó a la Nación, se cometieron sistemáticas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que los sublevados reconocen y están dispuestos a pedir perdón por su histórica equivocación.

Por algún tiempo las FARC EP sostuvieron que respetaban la humanización de la guerra, sin embargo, los hechos fueron comprobando que en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas legítimas del Estado sus mandos responsables ordenaban actuar a sus combatientes con el criterio del que “todo vale”…

Las consideraciones humanitarias, propias del derecho de los conflictos armados internos, en ningún momento fueron tenidas en cuenta como movimiento insurgente, sobre todo aquellas que beneficiaban a las personas que no participaban o dejaban de participar por cualquier razón en las hostilidades militares.

En la reconstrucción de la memoria histórica aparecerán los ataques dirigidos contra la población civil, como se observó en el Cauca, el ataque a los bienes indispensables para la supervivencia de la población, a los bienes culturales como escuelas, iglesias y colegios, el desplazamiento forzado y ataques al personal y vehículos de transporte sanitario, de carácter civil o militar.

No fue el Cauca ajeno a la degradación de la guerra, sostenida por la toma de rehenes (secuestros), la extorsión, que llegó a incluir a pequeños campesinos y el fomento y utilización de los cultivos criminales.

Tal fue la degradación del conflicto en la región que el principio de la no reciprocidad fue violado por todos sus autores: Fuerzas Militares, guerrilla y grupos paramilitares e introdujo el conflicto bélico en un torbellino de crímenes de guerra (Los Uvos, La Rejoya, El Naya, La Esperanza), donde el común denominador fue el salvajismo.

Masacres en nombre de la libertad y el orden, influenciadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional, entorno a las cuales las fuerzas legítimas del Estado han pedido perdón. Exterminios en nombre de la revolución.

La otra violencia, la estructural, donde reposan los conflictos sociales, es tan silenciosa y demoledora como la desaparición forzada, el asesinato fuera de combate o la emboscada.

Violencia que se expresa en los millones de colombianos sometidos al empobrecimiento, la miseria, el desempleo, la economía informal, la corrupción el abuso de los burócratas, el abandono de la niñez, la impunidad, la corrupción y el analfabetismo, que también golpea a guerrilleros y soldados.

¿Quién niega que el conflicto de mayor dimensión se inscribe en un orden social injusto que deslegitima el establecimiento político y hace que no represente los intereses de la sociedad civil y el bien común, -(Mal común)-, sino que se pueda decir, sin pifia alguna, que el Estado, como territorio, instituciones públicas y población, soporta más de un sesenta por ciento de pobres?

¿Cumplen a cabalidad sus funciones las tres ramas del poder público o sólo sirven para tipificar y reproducir la parábola del gorila en su pretensión de evitar que se mueran por ahogamiento los peces?

Aún somos una republiqueta, un Estado defraudado, orientado por bárbaros ilustrados, en cuyo entramado la injusticia social ha tenido relación de causalidad directa con la guerra pero no la principal.

¿Cómo acepar la “macdonalización” de la salud, el agua, la educación y los servicios públicos, provocada por nuestros gobernantes y legisladores, que terminaron convirtiendo el Estado en un mercado?

Algunos actos administrativos gubernamentales, ISAGEN, Ley 100, se parecen más a la intencionalidad de la parábola del primate: “Estoy salvándole de que perezca ahogado”, que al propósito de buscar la solución a los problemas de fondo que padece la sociedad colombiana.

Engañados por los fusiles y la aparente generosidad del Estado, autor, en los últimos tiempos, de crímenes ambientales y protector de los criminales del oro y del hambre, la paz política es una esperanza en el proceso de construir democracia. Pacífico fin de semana.