El colapso financiero del Ingenio La Cabaña amenaza el sustento de más de 20.000 personas en una región donde el desempleo y la pobreza ya eran carga histórica. La huelga indefinida de este 16 de junio revela la magnitud de un naufragio empresarial tejido durante años desde Bogotá y Nueva York.
A las pocas horas del amanecer de este martes 16 de junio de 2026, los trabajadores del Ingenio La Cabaña bloquearon varios corredores viales del norte del Cauca. La medida fue anunciada. Lo que no estaba calculado era su peso: detrás de cada llanta cruzada en la vía internacional Panamericana hay una familia que lleva meses sin certeza sobre su salario, su contrato y su futuro. La huelga indefinida es la respuesta a una crisis financiera que la gerencia del ingenio reconoció públicamente hace más de un año y que las autoridades nacionales y regionales no han resuelto.
El Ingenio La Cabaña opera hace casi ocho décadas en el valle geográfico del río Cauca. Moisés Seinjet, ciudadano rumano llegado a Colombia a principios del siglo XX, fundó la empresa con una pequeña molienda y fue ampliando operaciones hasta construir uno de los complejos agroindustriales más importantes del suroccidente colombiano. Sus herederos —David, Rony Doron y John Rabinovich Seinjet— recibieron ese legado y con él, también, un modelo empresarial que hoy está bajo escrutinio de la Superintendencia de Sociedades y que acumula pasivos superiores a los $876.000 millones.
La geografía del daño
El norte del Cauca concentra algunos de los municipios con mayor población afrocolombiana del país: Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené, Caloto, Santander de Quilichao. Son territorios que la Constitución de 1991 reconoció como espacios de diversidad étnica y cultural, que la Ley 70 de 1993 dotó de instrumentos jurídicos para la autonomía territorial y que el Estado ha abandonado de manera sistemática en materia de inversión social, infraestructura y generación de empleo formal.
En ese contexto, el Ingenio La Cabaña era el principal empleador de la zona. Los números que circulan entre los organizadores de la huelga lo ilustran con precisión: 1.700 trabajadores directos, más de 3.600 empleos indirectos en la cadena productiva de la caña de azúcar, y alrededor de 20.000 personas que dependen de manera directa o indirecta de la actividad económica que genera el ingenio. Esa cifra incluye transportadores, proveedores, comerciantes, pequeños productores agrícolas y familias vinculadas a la agroindustria a lo largo de catorce municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
«Estamos defendiendo el derecho al trabajo de miles de familias. No solo se trata de los empleados de la empresa, sino de toda una región que depende económicamente de esta actividad productiva.» — Voceros de la movilización, comunicado del 16 de junio de 2026.
La paralización de esa maquinaria económica ya ocurrió antes, en mayo de 2024, cuando los trabajadores realizaron la primera huelga ante los retrasos en el pago de salarios y prestaciones. En ese momento, el gerente general, Luis Enrique Saavedra Pardo, envió una carta a los empleados reconociendo la situación: tres factores habían desbordado las finanzas del holding. El fenómeno de La Niña redujo los cultivos de caña. El plan de inversiones ejecutado en los años anteriores generó un alto nivel de endeudamiento. Y la subida sostenida de las tasas de interés agravó los costos financieros de esa deuda. El resultado fue una solicitud de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades bajo la Ley 1116, presentada el 17 de mayo de 2024 y admitida en junio del mismo año.
El entramado financiero detrás del ingenio
La crisis del Ingenio La Cabaña tiene raíces que van más allá del campo cañero. David Seinjet, nieto del fundador y heredero del negocio agroindustrial, construyó simultáneamente un holding financiero que hoy también enfrenta problemas de insolvencia. Credivalores, fundada por Seinjet en 2003 como institución financiera no bancaria de crédito al consumo, acumula deudas cercanas a los $2 billones. Ban100, el banco que nació en 2011 tras la compra de CIT Capital y que opera bajo el mismo ecosistema accionario, tiene activos por unos $2 billones pero arrastra su propia fragilidad. Finanza Inversiones, el vehículo que actúa como accionista principal de Ban100, incurrió en impagos en Estados Unidos por US$38,2 millones.
Entre esas tres compañías y el ingenio existe una red de cruces de cuentas que la Superintendencia de Sociedades investiga con detalle. Las cuentas por cobrar del ingenio con Credivalores, los flujos entre Ban100 y Finanza Inversiones, y las transacciones entre empresas con los mismos accionistas mayoritarios configuran un esquema cuya opacidad ha generado inquietudes entre socios, proveedores y organismos de control. Para julio de 2024, el nudo acumulado sumaba deudas estimadas en unos $3 billones entre todas las compañías del grupo.
Ese entramado opera desde centros de decisión ubicados en Bogotá y Nueva York, muy lejos del norte del Cauca. Las consecuencias, sin embargo, recaen sobre los municipios que durante décadas construyeron su economía alrededor del ingenio. Esa distancia entre quienes toman las decisiones y quienes absorben los impactos no es nueva en la región, pero en este caso tiene nombres, cifras y expedientes abiertos.
Lo que los trabajadores exigen y lo que las autoridades deben responder
Las exigencias formuladas por los convocantes de la huelga son concretas. Piden estabilidad laboral, pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, y un plan de salvamento industrial y agropecuario que garantice la continuidad operativa del ingenio. Piden también que las administraciones municipales y departamentales actúen como mediadoras ante el Gobierno Nacional y que se evalúe la declaración de emergencia social y económica en la región.
Esas demandas apuntan a una verdad incómoda: el proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades protege a la empresa y a sus acreedores financieros, pero no garantiza por sí solo la continuidad del empleo ni el pago de las obligaciones laborales. La Ley 1116 establece un mecanismo de negociación entre deudores y acreedores que puede culminar en un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, en la liquidación judicial. Ninguno de esos escenarios tiene como prioridad explícita la protección de los trabajadores del norte del Cauca.
El Ministerio de Trabajo, el Gobierno departamental del Cauca, los alcaldes de los municipios afectados y el propio Gobierno Nacional tienen obligaciones concretas frente a esta situación. La declaración de emergencia social y económica que solicitan los trabajadores es un instrumento previsto en el ordenamiento jurídico colombiano para situaciones que desbordan la capacidad ordinaria de respuesta institucional. Una eventual liquidación del Ingenio La Cabaña cumpliría con creces ese umbral.
Pasivos totales del Ingenio La Cabaña con corte a 2023: $876.534 millones. Acreencias en proceso de reorganización: $314.000 millones. Empleos directos: 1.700. Empleos indirectos: más de 3.600. Personas que dependen de la actividad del ingenio: alrededor de 20.000.
Una región que no puede absorber otro golpe
El norte del Cauca arrastra décadas de desempleo estructural, presencia de grupos armados, economías ilegales y abandono institucional. La industria azucarera fue, durante generaciones, el principal mecanismo de inserción laboral formal para comunidades que el resto del aparato productivo colombiano no ha absorbido. Perder esa ancla económica en un territorio con esas características es un evento que puede derivar en una emergencia social prolongada.
La huelga indefinida que comenzó hoy es una señal de alerta que las autoridades competentes deben atender con urgencia y con instrumentos a la altura de la situación. El diálogo que las alcaldías y la gobernación han anunciado es un primer paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de compromisos concretos del Gobierno Nacional sobre el proceso de reorganización, las garantías laborales y la viabilidad futura de la operación.
La Superintendencia de Sociedades tiene en sus manos el expediente de reorganización. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de garantizar los derechos laborales de los trabajadores vinculados. El Congreso de la República tiene la posibilidad de convocar debates de control político sobre una situación que compromete el sustento de decenas de miles de colombianos en una zona históricamente vulnerable. Y el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de articular una respuesta que vaya más allá de la gestión burocrática de un proceso de insolvencia.
Moisés Seinjet llegó al valle del río Cauca hace casi un siglo y construyó desde una molienda pequeña uno de los ingenios más reconocidos del suroccidente colombiano. El norte del Cauca puso su trabajo, su tierra y su economía al servicio de ese proyecto durante ocho décadas. Hoy, mientras sus nietos negocian deudas en tribunales de Nueva York y Bogotá, miles de familias caucanas esperan en la carretera una respuesta que nadie les ha dado.
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Proclama del Pacífico · Crónica de alerta institucional · 16 de junio de 2026
Fuentes: comunicados de los trabajadores del Ingenio La Cabaña, Superintendencia de Sociedades, información financiera publicada de Ban100 y Credivalores, reportes de medios regionales y nacionales sobre la crisis del holding Seinjet.
Imágenes tomadas de: https://www.facebook.com/TvNorteNoticias85
