Por: Juan Sebastián Pérez.
Hay obras que se retrasan unos meses. Otras pasan de un gobierno a otro. Y hay proyectos que terminan convirtiéndose en una pregunta incómoda para toda una región: ¿quién responde cuando la salud de cientos de miles de personas queda esperando detrás de una construcción que nunca termina de convertirse en servicio?
El presidente Abelardo de la Espriella parece haber escogido la confrontación pública como una de las imágenes de su administración. En poco más de dos meses, según el análisis publicado por David Luna en Proclama del Pacífico, ha discutido con gobernantes, señalado a funcionarios e increpado a capturados. Su estilo ha abierto una discusión sobre la rendición de cuentas, los límites del poder y la responsabilidad de quienes administran los recursos públicos.
Pero hay una pregunta que merece llegar hasta el norte del Cauca: ¿y si Abelardo dirige su mirada hacia el Hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao?
No hablamos de una obra cualquiera. Hablamos de un proyecto concebido para atender las necesidades de salud de una región entera, anunciado hace más de una década y que, a pesar de los compromisos institucionales, las inversiones y los anuncios de reactivación, todavía exige respuestas sobre su terminación y puesta en funcionamiento.
En 2017 se proyectaba entregar la infraestructura en diciembre de 2018. Después llegaron los retrasos, las dificultades contractuales y una suspensión que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se produjo en octubre de 2022 por incumplimientos del contratista y problemas con la interventoría.
La obra volvió a ocupar los titulares en febrero de 2025, cuando se anunció su reactivación tras cerca de 30 meses de retraso. La Gobernación adicionó 12.400 millones de pesos para continuarla. El dinero público tuvo que volver a ponerse sobre la mesa para sacar adelante un proyecto que ya debía estar al servicio de la ciudadanía.
Y en julio de 2026 llegó otro anuncio: la Gobernación del Cauca reportó un avance del 89 % y anunció la próxima habilitación de áreas como consulta externa, laboratorio, fisioterapia y administración.
Es una noticia que merece seguimiento, pero también una pregunta elemental: ¿cuándo estarán efectivamente disponibles esos servicios para los pacientes? ¿Cuál es el cronograma definitivo? ¿Qué falta por ejecutar, dotar, habilitar y poner en funcionamiento? ¿Quién certificará que la obra cumple con todas las condiciones para atender a la comunidad?
Porque una cosa es mostrar un porcentaje de avance y otra muy distinta es que un paciente pueda entrar, recibir atención oportuna y encontrar los servicios que necesita.
Ahora bien, si el presidente ha decidido exigir explicaciones públicas a gobernadores y alcaldes, el caso de Santander de Quilichao podría convertirse en una oportunidad para demostrar que esa exigencia no depende de quién gobierne, de la región donde se encuentre la obra o de la cercanía política con quienes deben responder.
La pregunta no es si el presidente debe aparecer frente a una construcción para protagonizar otra confrontación. La pregunta es si está dispuesto a exigir información verificable, revisar los antecedentes contractuales, pedir cuentas sobre los recursos comprometidos y establecer compromisos concretos para que el hospital entre en funcionamiento.
Y aquí también tienen responsabilidades las instituciones que han intervenido en el proyecto: la Gobernación del Cauca, las entidades nacionales que aportaron recursos, los organismos de seguimiento y control y quienes hoy tienen a su cargo la culminación de la infraestructura. La ciudadanía merece conocer el costo total actualizado, las adiciones presupuestales, los contratos ejecutados y pendientes, las responsabilidades derivadas de los incumplimientos y la fecha real de puesta en servicio.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie ni de convertir una demora en una acusación sin pruebas. Se trata de que los documentos, los contratos, las actas de obra y las decisiones administrativas permitan establecer qué ocurrió, quién debía cumplir y qué falta para terminar.
El Hospital Francisco de Paula Santander no le pertenece a un partido, a un gobernador ni a un presidente. Le pertenece, en el sentido público de la obra, a una población que necesita servicios de salud y que no puede seguir dependiendo únicamente de anuncios.
Por eso, si Abelardo de la Espriella está dispuesto a pedir cuentas en público, el norte del Cauca tiene una pregunta legítima que hacerle. Y también tiene derecho a exigir respuestas a sus propias autoridades.
Presidente, ¿y si esta vez la mirada se dirige hacia Santander de Quilichao? ¿Qué encontraría al revisar los contratos, los recursos invertidos y los compromisos de entrega del Hospital Francisco de Paula Santander?
Y una pregunta final para la Gobernación del Cauca: después de tantos años, tantos anuncios y nuevos recursos, ¿cuál es la fecha verificable en la que los habitantes del norte del departamento podrán contar con el hospital terminado y plenamente habilitado?
Porque la rendición de cuentas no puede quedarse en una discusión frente a las cámaras. Debe traducirse en documentos públicos, responsabilidades claras y resultados que la gente pueda comprobar.
En materia de salud, el tiempo también importa. Y quienes llevan años esperando merecen algo más que otra fecha por anunciar.
