La palma africana y sus afectaciones

Por Jaír Villano
@VillanoJair

Hace unos años atrás la bióloga Liliana Dávalos y su equipo de trabajo del departamento de Ecología y Evolución de la Universidad Stony Brook de Nueva York alertaron al país al señalar que en cinco años (2002-2007) Colombia había perdido 35.121 km cuadrados de bosque, lo que Ilustrado es equivalente a dos veces y media la isla de Jamaica. Dicha pérdida obedecía, entre otras cosas, a la siembra de coca.

Hoy la situación parece si no menos alarmante sí más escandalosa, toda vez que en un artículo de la revista New Scientist la bióloga vallecaucana revela que la deforestación causada por la palma africana es más lesiva que la que produce la industria de la coca.

En efecto, cuando en una entrevista le preguntan si la deforestación causada por la agricultura legal en Colombia es el gran problema actual, la bióloga contesta que debido a que en Colombia los ambientalistas no tienen la misma voz que en otros lugares esta clase de daños ambientales pasan desapercibidos, “Así que esta destrucción ha estado bajo el radar. Y habría pasado por debajo del radar para mí también, de no haber mirado las imágenes del satélite. La magnitud de la misma me impactó. Son millones de hectáreas adquiridas por una agricultura que ni siquiera existía cuando yo estaba creciendo allí[1]”.

A decir verdad, los perjuicios socio-ambientales que produce la siembra de palma africana vienen de varios años atrás, Uribe Vélez y su ministro Andrés Felipe Arias, por ejemplo, quisieron extender el cultivo de palma a seis millones de hectáreas, pensando para ese entonces en las bondades que ello podría generar a las transnacionales venideras después de que se firmara su Tratado de Libre Comercio.

Lo cierto es que los cultivos de esta palma desatan múltiples conflictos, entre ellos, el desplazamiento legal e ilegal a comunidades de tierras donde esta actividad puede ser rentable, verbigracia el despojo ejecutado por Carlos Castaño en Urabá y, más sorprendente, el de empresarios como Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverry, quienes a través de su empresa Palmado S.A. se apoderaron de tierras de comunidades afrodescendientes de Chocó que fueron desplazados por los paramilitares de alias ‘Pedro Bonito’.

La siembra de esta palma está en desmedro de ecosistemas ubicados en selvas y bosques húmedos tropicales, como los ubicados en el Bajo Atrato (Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó), en un artículo publicado en la página del Projet Accompagnement Solidarité Colombie se señala que “en la cuenca del río Curvaradó, aproximadamente 26 especies forestales se encuentran extintas, entre ellas 12 especies maderables para la construcción, 8 especies medicinales y 5 especies para colorantes. Así mismo, cerca de 28 especies faunísticas han sido eliminadas y su hábitat completamente destruido[2]”.

A ello habría que agregar que los fungicidas, herbicidas y plaguicidas que necesita la palma para mantenerse productiva, generan problemas de salubridad a los trabajadores que se encargan de la aspersión de los mismos. Y para colmo de males, “los efluentes utilizados en las plantas extractoras del aceite, se vierten en los ríos cercanos, contaminando fuertemente sus aguas. La eliminación de la capa vegetal originaria de un territorio del todo, deja la tierra a la intemperie, siendo fuertemente dañada por los rayos del sol. Asimismo las lluvias ya no tendrán raíces que las absorban. Por todo ello, el resultado es la fuerte erosión de la tierra[3]”.

La palma africana ha sido vendida como el biocombustible (biodiesel, para precisar) que ayudará a la disminución de efectos de gases de invernadero, pero lo cierto es que detrás de ese discursillo ecologista se esconde un negocio que de no detenerse podría seguir generando daños socio-ambientales en ecosistemas de alta fragilidad y donde la presencia del Estado es nula.

Lo más aterrador es que en Colombia son muy pocos los medios de comunicación que aluden a esto, de hecho, esta columna se basa en una nota periodística – ¡de un párrafo!– que la más reciente edición de la revista Semana le dedicó al asunto.

Pero esa ausencia de información se explica en que la industria de cultivadores y procesadores de Palma africana son, según la revista Dinero, responsables de 6% del PIB agropecuario y generador de 110.000 empleos directos y la misma cantidad indirectos.

Se hace imperativo entonces que este tema entre en la agenda pública para, de esta forma, establecer si son más los beneficios o las afectaciones las causadas por esta actividad.

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[1] ‘Cocaine is bad for Colombia’s forests but big farming is worse’: https://www.newscientist.com/article/mg22730330-100-cocaine-is-bad-for-colombias-forests-but-big-farming-is-worse/

[2] “Agronegocios de palma y banano en el Bajo Atrato Impactos ambientales y socioeconómicos”: http://www.pasc.ca/es/article/agronegocios-de-palma-y-banano-en-el-bajo-atrato-impactos-ambientales-y-socioecon%C3%B3micos#sdfootnote16sym

[3] Ibídem.