La grúa como instrumento de persecución en Quilichao

En Santander de Quilichao, donde la movilidad urbana enfrenta desafíos reales —vías congestionadas, motos que circulan dentro de la galería municipal atropellando mujeres, niños y ancianos, y caos vehicular en zonas comerciales— la Secretaría de Movilidad parece haber encontrado una prioridad insólita: perseguir a los periodistas de Proclama del Pacífico.

Lo que ocurre frente a las instalaciones de la Red de Medios no es un operativo rutinario de tránsito: es un atropello sistemático que desnuda cómo se usan los recursos públicos para la venganza y no para la legalidad. Una sola grúa, destinada a un municipio de más de 125.000 habitantes, parece tener como “zona de operación exclusiva” la calle 5ª entre carreras 9ª y 10ª. Solo allí se ejerce un control feroz y selectivo.

La prioridad es ensañarse contra quienes no ofrecen resistencia: los estudiantes de Comfacauca y los periodistas de nuestro medio, a quienes se les ha declarado la guerra por ejercer su derecho a estudiar y a informar.

Es que este medio de comunicación, con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha denunciado irregularidades y corrupción en algunas oficinas del tránsito local, y la respuesta ha sido el atropello vulgar y una persecución diaria, disfrazada de control vehicular.

La escena se repite como una obsesión: los agentes son enviados de manera rutinaria y casi militar a la misma calle, frente a nuestras instalaciones. La grúa llega justo en la hora del noticiero, como si obedeciera una consigna y siempre decomisa por lo menos una moto de los periodistas. No se trata entonces de un asunto de parqueo indebido, sino de un abuso institucional con fines de represalia.

Repito, este hostigamiento reiterado no es un simple problema de parqueo, es un claro abuso de poder. El Parágrafo 1 del Artículo 127 del Código Nacional de Tránsito es muy claro: si el dueño del vehículo está presente, la grúa no puede llevárselo. A pesar de esto, y ante la advertencia explícita de uno de nuestros periodistas, el agente de tránsito, con total desprecio por la ley, ordenó el decomiso, en varias ocasiones. Este acto ilegal y arbitrario es una muestra de que la autoridad ya no utiliza sus herramientas para regular la movilidad, sino para perseguir, extorsionar y complicar la vida de los ciudadanos.

Estaremos pendientes para registrar la reacción de los organismos de control y disciplinarios, inclusive penales, para ver cómo es que actúan cuando los funcionarios violan la ley públicamente.

Por otra parte, esta persecución es inaceptable. No es un error, es un acto arbitrario y selectivo que configura abuso de autoridad, tipificado en el Artículo 416 del Código Penal Colombiano.

Como periodistas, nuestra única arma es la verdad y nuestro único interés es el bien común. El uso de la grúa como instrumento de castigo es una intimidación que busca silenciar a la prensa independiente, un ataque directo a la libertad de expresión, una forma de censura y una demostración del autoritarismo que parece haber cooptado a la Secretaría de Movilidad.

Exigimos que se detenga esta persecución y que se investigue a los funcionarios que han incurrido en un abuso de poder. Defender la democracia es también garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias. Los ciudadanos de Santander de Quilichao merecen una Secretaría de Movilidad que trabaje por su bienestar, no una que use la ley como un arma de venganza.

En consecuencia, hemos presentado un derecho de petición formal para investigar en detalle la actuación de la Secretaría de Movilidad y sus agentes. El pueblo tiene derecho a conocer cómo funcionan los contratos de patios y grúas, cuánto dinero se recauda, a dónde van esos recursos y por qué se prioriza la persecución sobre los controles que realmente mejorarían la seguridad vial.

Obviamente, no patrocinamos la violación de normas de tránsito. Pero tampoco permitimos que quienes las violen sean precisamente los funcionarios encargados de hacerlas cumplir.

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