LA DOCTRINA EICHMANN EN A.L.
JOSE LOPEZ HURTADO*
Uno de los avances que América Latina está consolidando después de sortear muchas encrucijadas es en el del tratamiento de la justicia a los delitos de lesa humanidad a manos de miembros de las fuerzas militares.
La construcción del camino ha sido particularmente difícil, si se tiene en cuenta que por varias décadas, en el caso de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, la impunidad fue el elemento predominante.
Algunos gobiernos de la región, incluso de origen democrático, caídos en el populismo y afectos a los sectores castrenses, como el de Carlos Menem en 1990, prestó un flaco servicio en la construcción de ese camino al otorgar el indulto mediante la Ley de Punto Final a Videla y a los otros miembros de la cúpula que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983. Hoy, el propio presidente uruguayo José Mujica, ha planteado la excarcelación a los militares condenados por crímenes durante la dictadura, cuando cumplan 70 años. Igual en Chile, se viene solicitando al gobierno de Sebastián Piñera, se decrete la amnistía para los condenados por los excesos durante la dictadura de Pinochet.
Pero la corriente que busca la aplicación de la debida justicia y la reparación a las víctimas ha venido ganando terreno. Porque es que los precedentes sentados en el tratamiento de estos procesos interesan a la propia Humanidad y sus efectos demasiados sensibles para los derechos humanos, además de la ambientación y control de instrumentos internacionales, con los que apenas se comienza a contar ahora.
La reciente condena a militares que participaron en el genocidio de Los Balcanes por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya (Holanda), y el propio juicio que se siguió contra “El carnicero de los Balcanes”, Slobodan Milosevic, ex presidente de ese país, así como la condena a prisión perpetua a los militares en Ruanda por su participación en el genocidio étnico en 1994, son antecedentes, entre otros, de la justicia universal que se está construyendo. Guatemala, otro buen ejemplo, al condenar en 2009 a 150 años de prisión, al comisionado militar Felipe Cusanero, autor de la desaparición forzada de varios indígenas.
El fundamento de éstas condenas ha girado alrededor de la teoría de las “estructuras organizadas de poder”, similar a una verdadera asociación para delinquir, con objetivos específicos de conspiración contra los más sagrados valores de la sociedad y contra los atributos inalienables del ser humano, así la participación criminal del justiciable, no haya sido necesariamente la de determinador del delito, como ocurrió con Adolf Eichmann, capturado en Argentina en 1990 y condenado por los tribunales de Israel, por su participación en el Holocausto nazi, que llevó a los hornos crematorios a más de 6 millones de judíos.
La Corte Constitucional de Colombia, ya había adoptado desde al año pasado, por fortuna, la tesis que llamó “Teoría de Concurrencia de personas”, (Diario HOY, de Quito, Ecuador, por José López Hurtado, 13 de octubre de 2009) para el caso de los políticos vinculados con los crímenes de los paramilitares, a quienes se hacen extensivos sus efectos, así no hayan participado directamente en los punibles de Lesa Humanidad. La condena a Fujimori, a sus familiares, asesores y militares por sus excesos en el combate al terrorismo, es un caso emblemático de esa nueva línea en construcción de nuestros tribunales. Pero sin duda, consolida el principio universal de que nadie está por encima de la ley.
*Analista Internacional, colombiano.
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