La condena a Uribe
La condena a Uribe
Por: Felipe Solarte Nates
El juicio se originó en 2013 cuando Uribe denunció por soborno a testigos al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda y la Corte Suprema de Justicia, al investigarlo lo exoneró y encontró indicios de que, el sobornador de testigos, fue Uribe, abriéndole investigación en 2018, en el gobierno de Duque.
Al sentir pasos de animal grande Uribe prefirió renunciar al Senado para escapar a la órbita de la Corte Suprema y ser investigado por la justicia ordinaria y su acolito el fiscal Barbosa, brazo derecho del expresidente Duque e integrante del Centro Democrático, el partido que fundó Uribe, con el que esperaba la preclusión.
Pero demostrando que en la democracia colombiana a pesar de las dificultades existe separación de poderes y la justicia puede tocar hasta los más poderosos, a pesar de los cambios de la jurisdicción de la Corte Suprema a la justicia ordinaria, y de las frecuentes dilaciones orquestadas por sus abogados para que prescribieran los delitos, y que tanto la Fiscalía, de ente acusador se sumó a la defensa del expresidente Uribe, al igual que la Procuraduría de la Cabello Blanco, este no se escapó de la inflexibilidad de las juezas a las que por reparto llegó el caso y basadas en las pruebas recolectadas por la Corte Suprema, que intentaron anular los defensores, lo estudiaron detenidamente hasta que la jueza Heredia lo encontró culpable de dos de los tres cargos.
La condena inicial a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal equivale a la que le hicieron a Al Capone por evasión de impuestos, si se parte del historial de investigaciones y cuestionamientos sobre su vida pública, borrando rastros de su participación, desde que fue director de la Aerocivil y autorizó centenares de licencias para aeronaves y pistas de aterrizaje de los grandes capos del narcotráfico; como gobernador de Antioquia apadrinó a los grupos paramilitares que lo ayudaron a elegir como presidente de la república en 2002, durante la cual además de comprar votos en el Congreso para su reelección, utilizando al DAS, como su policía política, chuzó comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema, de periodistas y opositores y, además, altos mandos de las Fuerzas Armadas se involucraron en los «falsos positivos» con 6.402 civiles asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros y poder cobrar recompensas y ascensos, sin olvidar las investigaciones por las masacres del Aro, La Granja y el asesinato del defensor de Derechos Humanos, José maría del Valle, cuando fue gobernador de Antioquia.
Los Estados Unidos con presidente condenado e indultado de graves delitos por una Corte Suprema ultraconservadora con la mayoría de magistrados nombrados por Trump, no tiene autoridad moral para darle ejemplo a la justicia colombiana y de cualquier otro país, ni menos el secretario de Estado Marco Rubio, que se apresuró a declarar que el juicio era una conspiración política contra Uribe, cuando se la Corte lo había iniciado desde el gobierno de Santos.
A pesar de la gran presión mediática divulgada antes del veredicto, a través de sus portales y redes como Facebook, por parte de los principales medios de comunicación propiedad de los grandes grupos económicos alineados con el expresidente Uribe, fue abrumadora la cantidad de entrevistas amañadas y artículos de opinión orientados a influenciar a la jueza Heredia.
Por presiones, la primera juez a la que correspondió el caso fue retirada y por sorteo le correspondió a la jueza Sandra Heredia que encontró a Uribe culpable de dos de las acusaciones formuladas.
Fanáticos precandidatos presidenciales por la ultraderecha, numerosos medios de comunicación propiedad de los principales grupos económicos que se beneficiaron con las privatizaciones impulsadas por Uribe y, el gobierno del condenado Trump, con sus subalternos como el secretario de Estado Marco Rubio, se unieron para vociferar que el juicio fue politizado contra el presidente Uribe, al igual que lo hicieron en Brasil con respecto al que por intento de golpe de Estado iniciaron contra Bolsonaro.
Los Estados Unidos con una Corte Suprema de bolsillo y alcahueta de los abusos del presidente Trump, no tienen autoridad moral para darle ejemplo de justicia a otros países, cuando decretaron su impunidad por los numerosos juicios que le adelantaban, entre ellos el del intento de golpe, cuando sus hordas violentamente se tomaron el Capitolio el 20 de enero de 2020, buscando evitar la posesión del presidente Biden.
Con la condena inicial pendiente de apelación, quedó sentado un precedente de Que en Colombia nadie se escapa de la ley.
Imagen creada por IA.
********************
Más columnas de opinión de este autor aquí.
