Buscan poner fin al negocio de patios y grúas
Buscan poner fin al negocio de patios y grúas/
En el Congreso de la República fue radicado el proyecto de ley ordinaria 119 de 2025, que propone modificar el Código Nacional de Tránsito con el objetivo de regular los cobros relacionados con la inmovilización de vehículos en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara Wilmer Guerrero, pretende eliminar lo que califica como un esquema de sobrecostos en el servicio de patios y grúas, que afecta principalmente a conductores y motociclistas en todo el país.
De acuerdo con el autor del proyecto, los conductores deben asumir actualmente pagos por comparendo, grúa, patios y otras tarifas asociadas al procedimiento de inmovilización, lo cual, en muchos casos, supera el valor de la infracción. El articulado plantea que, si un ciudadano paga la multa dentro de un día hábil, quedaría exento del pago por el traslado en grúa y el uso del patio.
Entre los cambios propuestos, el proyecto establece que los patios deberán cumplir condiciones mínimas de infraestructura, como pavimentación y cobertura, para garantizar la conservación de los vehículos. De no contar con estas condiciones, no se podría cobrar por el servicio. En relación con las grúas que transportan motocicletas, se propone que el costo se divida entre los vehículos trasladados, y no que se cobre a cada uno como si fuera un traslado exclusivo.
Otro punto contempla la posibilidad de retirar vehículos inmovilizados durante los fines de semana, eliminando la restricción que actualmente impide ese trámite fuera de días hábiles. En el caso de los cepos por mal parqueo, el proyecto estipula que con el pago de la sanción el ciudadano podrá llevarse el vehículo sin costos adicionales.
En caso de que el infractor impugne el comparendo y obtenga un fallo a favor, el Estado deberá devolver los valores pagados por concepto de grúa y parqueadero.
Según Guerrero, la iniciativa pretende desmontar un modelo de negocio que ha convertido la inmovilización en una fuente de ingresos para terceros, afectando de forma desproporcionada a quienes utilizan su vehículo como herramienta de trabajo. Citó el caso de Bogotá, donde más de 37.000 vehículos permanecen abandonados en patios tras superar el año de inmovilización.
El congresista subrayó que el objetivo no es eliminar las sanciones, sino garantizar que se apliquen de forma proporcional y bajo principios de justicia y equidad, evitando cargas económicas adicionales que dificulten el cumplimiento de la norma y desincentiven el pago.
