La carretera de la infamia atraviesa al Cauca
La tragedia de este martes en El Cabuyal, con siete muertos, se suma al robo masivo de vehículos, al posible retiro de la constructora de la Doble Calzada por amenazas y a la admisión de una demanda contra la Nación. El corredor vial colapsó bajo el peso de la violencia y la desidia de la burocracia oficial.
Por: Redacción Proclama del Pacífico
La vía Panamericana, columna vertebral del suroccidente colombiano, exhibe hoy un escenario de colapso estructural. La tragedia ocurrida este martes 27 de enero de 2026 en el kilómetro 45, sector El Cabuyal (jurisdicción de Pescador, Caldono), donde perdieron la vida siete personas tras el choque entre una buseta y un tractocamión, constituye la prueba fáctica de las severas limitaciones de una arteria vial en construcción. El siniestro evidencia el riesgo permanente que enfrentan viajeros y transportadores en una carretera que superó su capacidad técnica hace décadas.
Este accidente, sumado a la lucha de los heridos por sobrevivir, ocurre en un contexto de deterioro integral del departamento del Cauca. La región padece un aislamiento progresivo derivado de la incapacidad gubernamental para garantizar el tránsito seguro y la ejecución de obras estratégicas.
Infraestructura y economía jaqueadas por la violencia. La modernización vial, única respuesta efectiva para reducir la siniestralidad, permanece estancada. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Occidente confirmó la probable suspensión de los trabajos de la Doble Calzada Popayán – Santander de Quilichao. La empresa contratista, encargada de la ejecución, prepara su salida del territorio ante la ausencia absoluta de garantías de seguridad.
Los hechos respaldan esta decisión empresarial y revelan una escalada criminal sin precedentes. El pasado viernes 23 de enero, en el kilómetro 44 —apenas a mil metros del lugar del accidente de hoy— un comando armado incursionó en el campamento de la obra, retuvo al personal de vigilancia y hurtó cuatro volquetas.
Pero la audacia criminal va más allá. Hace apenas unos días, en este mismo corredor, se perpetró el robo de 17 vehículos Toyota en un solo operativo. Los delincuentes interceptaron las dos tractomulas tipo «niñera» que transportaban los automotores, llevándose los carros y dejando abandonadas las camabajas en la vía porque no les servían. Pese a la magnitud del hurto, que requirió tiempo y logística a plena luz del día, nada pasó. Todo siguió «normal» en la ruta de la impunidad. La proximidad geográfica entre el robo de la maquinaria, el asalto masivo de vehículos y el siniestro vial demuestra que la criminalidad y la accidentalidad conviven en el mismo tramo, asfixiando cualquier posibilidad de desarrollo.
El control territorial en manos ilegales. El corredor vial internacional, otrora la única alternativa de tránsito posible pese a sus restricciones, ha perdido su funcionalidad y viabilidad. La hegemonía de los grupos armados determina ahora la dinámica social, política y económica de la región atravesada por la vía Panamericana. Este control ilegal se traduce en extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos, como el reciente homicidio del coach deportivo Jorge Belalcázar en el sector de El Cofre. La vía funciona hoy como un activo financiero y logístico para las estructuras criminales.
La justicia ante la sordera del Ejecutivo. Como consecuencia de la Acción Popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), se espera que la justicia obligue al Gobierno Nacional a intervenir en el departamento del Cauca. Proclama del Pacífico, en nombre de las comunidades, ha solicitado reiteradamente acciones de emergencia que el Gobierno ha ignorado hasta la fecha.
El Tribunal Administrativo del Cauca evaluará las omisiones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior frente a la expansión de los grupos armados. Andrés Caro, director de la Fundación, sostuvo que la construcción de la paz exige la protección verificable de la vida y los derechos colectivos. La admisión de la demanda abre la vía procesal para que los jueces ordenen medidas cautelares que restablezcan la soberanía territorial y protejan a la población civil.
En conclusión, el departamento del Cauca enfrenta una crisis multidimensional. La muerte de siete ciudadanos en El Cabuyal, el retiro forzado de la maquinaria de construcción y los bloqueos de la carretera en protesta o reclamos al Gobierno Nacional —por ahora suspendidos mientras se adelantan las obras de construcción— componen el retrato de una región donde el Estado perdió el control territorial, económico y político. La Panamericana, lejos de ser un eje de integración, opera hoy como una trampa que cobra vidas y capitales ante la mirada indiferente del Gobierno Nacional.
