Jambaló continúa en abandono por parte del Gobierno Nacional
Claro es que la desmovilización armada de las FARC-EP como insurgencia que mantuvo sometida por muchos años la región Toribío-Jambaló-Caldono con pleno ejercicio de su control territorial, social y político, tras la firma del Acuerdo Final y la dejación de armas, trajo nuevos aires de tranquilidad y esperanzas de un mejor destino, que iniciaría con la reconstrucción, inclusive moral y decorosa de estas comunidades.
Por esta circunstancia, las autoridades tradicionales indígenas decidieron disponerse al rediseño de su progreso y de su cultura ancestral con base en las garantías que brindaría la consolidación, o por lo menos, la implementación de los acuerdos que conducirían a una paz tangible, siempre añorada, porque, por acá, sólo la conocían de manera hipotética, en teoría.
Pero resulta que más de un año después de las celebraciones por la firma del Acuerdo Final que se hicieron en Bogotá muy cerca del centro del poder económico y político de la nación, incluyendo la adjudicación de un Premio Nobel, nada de lo esperado ocurrió en esta región y, ante la persistencia del abandono por parte del Gobierno Nacional, las esperanzas comenzaron a desvanecerse, estimulando la reiniciación del conflicto armado, ahora a nombre de otras estructuras ofensivas, como el supuesto ELN o facciones disidentes de las antiguas FARC que han venido ocupando los espacios de la antigua insurgencia, hoy supuestamente desarmada.
Estas evidencias fueron corroboradas por la alcaldesa Flor Ilva Tróchez Ramos y explicadas en detalle por el secretario de gobierno municipal, Daniel Marino Tombé, en diálogo con Proclama del Cauca.
Los funcionarios de la Alcaldía denunciaron, por ejemplo, que disidentes o grupos residuales de las Farc, integrantes del Eln y otros actores armados siguieron sembrando artefactos explosivos en esa zona y por eso exigían la intervención del Gobierno Nacional, que nuevamente, al parecer, los abandonó a su suerte.
El secretario de Gobierno nos dijo que el 18 de noviembre pasado fueron encontrados y desactivados dos artefactos en la salida hacia Toribío, que informaron oportunamente y solicitaron la inspección y colaboración de organismos especializados del Ejército o de la Policía: “no ocurrió absolutamente nada”, se lamentó. “Nos tocó con el inspector de Policía trasladar los artefactos explosivos hasta la Estación de Policía y dejarlos allí”… y continúa su angustioso relato: “hace 20 días en la vereda Nueva Jerusalén, muy cerca del casco urbano, también encontramos tatucos y otros explosivos antipersonas. Nuevos informes, ninguna respuesta…” y ratifica: “en los programas de desminado el municipio de Jambaló no aparece en ninguna parte hasta el punto que la Guardia Indígena, corriendo todos los riesgos por sus conocimientos empíricos y con el ánimo de proteger a la población civil ha decidido asumir esa delicada responsabilidad”.
Es tal el abandono al que nuevamente ha sido sometida esta región flagelada por la guerra que precariamente quieren acabar, y tanto el interés de las comunidades por avanzar en la verdadera paz, que el mismo secretario de gobierno municipal confirmó: “el 28 de agosto de 2017 se firmó un acuerdo colectivo, entre más de 5.000 personas y el Gobierno para la sustitución de los cultivos de uso ilícito porque el municipio de Jambaló había sido priorizado en este programa… posteriormente salió un informe absurdo según el cual en Jambaló solo existe una hectárea de cultivos de uso ilícito, lo cual no amerita ninguna atención por parte del Gobierno Nacional… esto desilusionó a las comunidades que querían salir de este flagelo…”, y concluye el señor Tombé: “entonces, no sabemos si los acuerdos eran solo un asunto protocolario para mostrar a la prensa, o eran para sacar al pueblo colombiano de la situación en que venía sometido por el flagelo de la guerra…”
Esta lamentable situación de apatía por parte del Gobierno Nacional también ha sido registrada por otros medios de comunicación. El funcionario dijo a la W Radio que este fue un corredor de las Farc y los combates más grandes se registraron en ese municipio, por lo que muchos elementos explosivos se quedaron en esa zona.
“Nosotros seguimos con ese flagelo, y el Gobierno Nacional a través del programa de minas a Jambaló lo dejó a un lado. Siguen sembrando minas y en este posacuerdo lo que vemos es que el país no cambia”, agregó.
La comunidad hizo un llamado para que el Ejército Nacional regrese a ese municipio, asuma el control de la situación y se eviten hechos lamentables. Por otra parte, se advirtió de la permanencia y crecimiento de cultivos ilícitos, que mantienen vigentes a las estructuras armadas ilegales.
En conclusión, quedamos pendientes de una respuesta eficaz del Gobierno Nacional porque además hay otros acuerdos incumplidos que continúan “minando” la confianza entre las comunidades y el Estado, o mejor, hacia la burocracia capitalina que no tiene ni idea de la verdadera situación que atraviesan los grupos sociales que viven un poco más lejos de la carrera séptima de Bogotá pero que también hacen parte de la nación colombiana y que todavía esperan que se les brinden garantías de no repetición.
