Implicaciones del Pacto territorial por el Cauca y ATEA
Implicaciones del Pacto territorial por el Cauca y ATEA.
Muy difícil va a ser el lograr un pacto de convivencia entre comunidades campesinas, étnicas y empresariales del Cauca, mientras el gobierno nacional, presionado por bloqueos a la carretera Panamericana o influenciado por políticos y tramitadores representando a poderosos grupos económicos, negocie aisladamente con cada una de ellos y por salir del paso acepte las propuestas y los pliegos de condiciones que les impongan, sin consultar ni tener en cuenta a las autoridades departamentales, municipales ni los intereses y punto de vista de las otras comunidades y diferentes gremios, sobre todo cuando van a ser afectados por los acuerdos firmados.
El imponer planes de desarrollo y macroproyectos económicos que con billonarias inversiones del estado benefician a poderosos grupos sectoriales, o el negociar y firmar con comunidades descontentas pliegos de peticiones que generalmente incumplen y dan pie a nuevas movilizaciones, ha sido la constante del gobierno nacional, desde el siglo pasado, antes y después de la Constitución de 1991.
La nueva Constitución que reemplazó a la de 1886, tampoco desarrolló a tiempo lo relacionado con el Ordenamiento Territorial Nacional, Regional, Departamental, ni Municipal y con este vacío legislativo permitió que las comunidades indígenas primero, después las afro y en la segunda década de este siglo, las comunidades campesinas, fueran reconocidas como objeto de derechos sin armonizar ni delimitar entre ellas, con mediación de las autoridades, sus jurisdicciones territoriales, para prevenir conflictos por la posesión de tierras.
En este déficit de Ordenamiento Territorial, con legislaciones transitorias, primero las comunidades indígenas y después las afrodescendientes, han aprovechado para que sucesivos gobiernos, “buscando desmovilizar rápido los bloqueos a las vías”, acepten sus peticiones sin asegurar presupuestos para cumplirlas y sin consultar con otras comunidades que puedan ser afectadas por los acuerdos firmados.
En este proceso de negociaciones aisladas los más adelantados han sido los indígenas del CRIC, que nació como organización en 1971 y desde entonces ha tenido un gran desarrollo institucional, económico, administrativo y jurídico, que les ha permitido obtener más logros de sucesivos gobiernos para satisfacer los intereses autonómicos de los pueblos indígenas a los que representa, en numerosas ocasiones en contravía de los derechos de otros pueblos indígenas como los misak, de afros, campesinos y empresarios.
Finalizando el mes de agosto, no habíamos salido de los dos bloqueos a la Panamericana, que hicieron los indígenas del pueblo Misak, agrupados en las Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, -hace años separada del Consejo Regional Indígena del Cauca, por lograr reconocimientos similares a los alcanzados por el CRIC en el manejo autónomo de los programas y presupuestos destinados a su educación y salud-, cuando estos decidieron viajar directamente a Bogotá para presionar al presidente Petro buscando la aprobación de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, que le extiende al CRIC, como autoridad de los nasa y otros pueblos indígenas, el manejo de la política Económica y Ambiental en sus territorios y áreas de ampliación de resguardos, tal como antes lo habían logrado en el manejo autónomo de la educación y la salud con presupuestos que la Nación debe girarles directamente sin pasar por el departamento y municipios.
La reacción de los representados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, no se hizo esperar y en carta en parte reproducida en anterior informe: http://www.proclamadelpacifico.com/autonomia-economica-y-ambiental-indigena-y-conflictos-sociales/ entre otras expresaron las siguientes inquietudes: “Las comunidades campesinas que hacen parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, rechazamos la forma unilateral y sectorizada como el gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, pretenden aprobar e imponer un decreto denominado “ATEA” (Autoridades Territoriales Económico Ambiental). De acuerdo a los documentos de trabajo se trata de fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales, lo que nos parece importante y justo, pero por la experiencia adquirida por los campesinos y otros sectores sociales que convivimos con comunidades indígenas en diferentes regiones del territorio colombiano, especialmente en el Cauca, la aprobación de ese decreto va a agudizar los conflictos interétnicos y culturales que se han presentado desde 1991. Las causas que han generado múltiples conflictos por la posesión y tenencia de la tierra, o por la orientación y el manejo de las instituciones educativas y de la salud, no tienen que ver con el concepto de autonomía que defienden los pueblos indígenas, sino con la interpretación y práctica sesgada y sectaria que impuso un sector de la dirigencia indígena dentro del movimiento social del Cauca a partir de 1991. Es importante recordar que el CRIC nació al interior de la ANUC en 1971, y que sus fundadores concebían a sus comuneros como parte de la Nación, se consideraban campesinos y, a la vez, defendían su identidad indígena, ancestral y originaria. “Somos colombianos, somos campesinos y somos indígenas” se decía en sus primeros comunicados y cartillas. Sin embargo, tal situación cambió a partir de 1991. Ese cambió no se presentó porque la Constitución haya declarado a la nación como multiétnica y pluricultural, o porque se hayan creado las Entidades Territoriales Indígenas, sino porque la dirigencia indígena que se impuso dentro del movimiento indígena caucano ha utilizado el tema de la “autonomía” para resolver problemas que se viven al interior de los resguardos por la injusta e inequitativa distribución de la tierra, el manejo del agua y la administración de las transferencias a los resguardos y municipios. Es así como al negarse a hacer una “reforma agraria” al interior de los resguardos, la orientación que se impuso fue la de continuar expandiendo sus resguardos, “recuperando territorios” sin importar si esos predios estaban en manos de campesinos pobres y medios, o incluso, se han presentado conflictos entre pueblos indígenas (nasas y misak). Dicha orientación se apoya en la concepción de que por ser pueblos ancestrales y originarios son dueños de todos los territorios de la “Abya Yala” (América).”
A pesar de la oposición de los campesinos plasmada en la carta del mismo día en que el decreto 1094 fue firmado por el gobierno nacional, este entró a regir desde el 28 de agosto de 2024 y como lo anunciaron en el mismo comunicado dará pie a futuras movilizaciones y bloqueos a la Panamericana por parte de los campesinos que se consideran potencialmente afectados por las decisiones que como autoridad económica y ambiental adopten unilateralmente los indígenas en perjuicio de los campesinos, otras comunidades indígenas, afros y empresarios.
En estas circunstancias problemáticas generadas por la ausencia de consultas previas y consensos antes de tomar decisiones y trazar políticas y programas que los afectan a todos, han resultado estériles iniciativas de anteriores gobernadores del departamento para lograr “la unidad de los caucanos”, al igual que los llamados del presidente Petro en anteriores visitas al Cauca y, es difícil que tenga éxito la convocatoria hecha el 1 de septiembre, en Popayán, por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para concretar el gran “Pacto Territorial por el Cauca”, que buscando sacar adelante al departamento reemplazará a el paquete de obras y proyectos a ejecutar entre la nación, el Departamento y las Alcaldías en los 42 municipios, esbozado en la “Misión Cauca”, estructurada meses antes con el liderazgo del Director de Planeación Nacional, Alexander López.
Y eso que este escrito no da espacio para comentar los efectos del paro camionero, ni el anunció de comunidades campesinas, afros e indígenas del Naya de empezar pronta movilización para exigir que el gobierno cumpla promesas de años atrás; ni las repercusiones de la guerra, que en la mayoría de municipios, desarrollan en perjuicio de todas las comunidades rurales y urbanas y especialmente de las indígenas, las diferentes escuadras de los grupos armados, que entre ellos y con las Fuerzas Armadas del Estado, se disputan el territorio, con la población civil en medio de los combates y afrontando los tropiezos de la ingenua política de “Paz Total” desplegada por el gobierno nacional sin que le hayan correspondido los altos mandos de las guerrillas.
