La Carta de 1991 llega a su aniversario en medio de la transición presidencial y
de un nuevo debate sobre los límites del poder,
los derechos y las deudas con el Pacífico colombiano.
El 4 de julio de 1991, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, setenta y cuatro delegatarios firmaron el texto que reemplazó la Constitución de 1886 y rediseñó el Estado colombiano desde sus cimientos. Hoy, exactamente 35 años después, ese mismo texto enfrenta una coyuntura que pone a prueba su capacidad de resistencia ante un cambio de ciclo político profundo.
Colombia cambia de gobierno en 33 días. El 20 de julio se instala el Congreso que acompañará al presidente electo Abelardo de la Espriella, y el 7 de agosto asume la Presidencia. El tránsito del gobierno progresista de Gustavo Petro hacia una administración de derecha renueva con urgencia las preguntas sobre la vigencia, la utilidad y los riesgos que enfrenta la Carta del 91.
Lo que el texto construyó y lo que sobrevivió
La Constitución de 1991 nació en el momento más violento de la historia reciente del país. Durante los trabajos de la Asamblea, entre febrero y julio de ese año, Colombia registraba magnicidios, guerra simultánea contra carteles y guerrillas, y una clase política que había perdido toda legitimidad. En ese contexto, el texto resultante fue extraordinariamente ambicioso: consagró la tutela, creó la Corte Constitucional, reconoció la diversidad étnica y cultural, garantizó la autonomía territorial indígena y abrió la representación política a sectores históricamente excluidos.
Treinta y cinco años después, la tutela superó los ocho millones de radicaciones. La Corte Constitucional construyó una jurisprudencia que cambió el derecho público colombiano desde adentro. El artículo 55 transitorio derivó en la Ley 70 de 1993, el instrumento jurídico más importante para la protección territorial de las comunidades afrocolombianas del Pacífico. Esos logros sobreviven a cualquier gobierno y pertenecen a la ciudadanía que los usa cotidianamente, con o sin apoyo del Estado.
El texto también acumula más de cincuenta reformas en 35 años, una velocidad que supera ampliamente el promedio latinoamericano. Algunas corrigieron vacíos genuinos. Otras respondieron a agendas de poder específicas. La reelección presidencial inmediata de 2004, la más polémica, tuvo que ser anulada por la propia Corte en 2015.
La amenaza de la Constituyente: qué dice la historia
Periódicamente, desde distintos sectores políticos, vuelve el debate sobre la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 91 fue hija de una crisis terminal del Estado. Ese origen explica su legitimidad excepcional. Una nueva Constituyente convocada por un gobierno con mayoría legislativa tendría un origen radicalmente distinto: la voluntad de un partido en el poder, no la presión ciudadana de un movimiento transversal.
El riesgo de una Constituyente no está en el proceso mismo, que la democracia admite. Está en el contexto en que se convoca. Una Constituyente surgida del impulso de un gobierno que quiere perpetuarse o que busca desmantelar las garantías del texto vigente produce exactamente lo contrario de lo que el 91 logró. La Corte Constitucional estableció con claridad que el poder de reforma del Congreso no puede sustituir elementos esenciales de la identidad constitucional. Ese límite jurisprudencial es hoy el principal escudo que protege al texto de su destrucción desde adentro.
Iván Cepeda, al asumir la oposición, prometió defender las reformas sociales del período Petro conquista por conquista. El presidente electo De la Espriella llega con una agenda que el electorado respaldó, pero que deberá ejecutarse dentro del marco constitucional vigente. La Constitución del 91 sobrevivió a doce presidentes de tendencias opuestas. Esa capacidad de contención es su mayor logro institucional.
El Pacífico y la deuda que el aniversario no puede ocultar
Desde el Cauca, el Chocó, el Valle del Cauca y el Nariño del Pacífico, el aniversario de la Constitución produce una lectura diferente a la de Bogotá. El texto garantizó derechos que las comunidades afrodescendientes e indígenas aprendieron a usar con creciente habilidad. La tutela, la consulta previa, las acciones populares y los mecanismos de control constitucional llegaron a territorios donde el Estado nunca había tenido presencia real. Esas herramientas salvaron vidas, protegieron tierras y frenaron decisiones institucionales que habrían destruido ecosistemas enteros.
La deuda persiste en la otra orilla. Los territorios colectivos del Pacífico concentran minería ilegal, presencia armada, abandono institucional y las tasas más altas de asesinatos de líderes sociales del país. La consulta previa se ejerce frecuentemente bajo presión y sin garantías reales de que sus resultados modifiquen las decisiones del Estado. Los consejos comunitarios administran tierras que el Estado titula pero no defiende.
Esa brecha entre el texto y el territorio es el problema constitucional más serio que enfrenta el Pacífico colombiano al cumplirse los 35 años. Ningún cambio de gobierno la resuelve automáticamente. La requiere voluntad política sostenida, presupuesto real y presencia institucional en zonas donde el Estado colombiano históricamente eligió no llegar.
Lo que el nuevo gobierno no puede ignorar
El presidente De la Espriella asumirá el 7 de agosto el gobierno de un Estado social de derecho con mandatos constitucionales precisos: garantizar derechos fundamentales, proteger la diversidad étnica y cultural, asegurar el acceso a la salud, la educación y la justicia, y respetar la autonomía de los organismos de control y de la rama judicial. Esos mandatos no son del gobierno saliente. Son del texto que Colombia aprobó en 1991 y que el electorado no puso en discusión en las urnas del 21 de junio.
La Constitución del 91 ofrece al nuevo gobierno las mismas herramientas que ofreció a todos sus antecesores: un marco de derechos que limita el poder, organismos independientes que lo controlan, y una ciudadanía que aprendió a usar sus mecanismos de defensa. Esa arquitectura institucional es el legado más robusto de los 35 años.
La conmemoración de hoy, 4 de julio de 2026, coincide con el inicio de la cuenta regresiva hacia el cambio de poder. Colombia ha navegado transiciones más difíciles sin destruir su texto constitucional. La prueba de los próximos meses dirá si la Constitución del 91 sigue siendo lo que fue en 1991: un pacto que ningún gobierno puede romper solo.
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Para ampliar el análisis histórico y jurídico sobre la Constitución de 1991, consultar la crónica publicada el 16 de junio en proclamadelpacifico.com https://proclamadelpacifico.com/?s=constitucion+1991
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