Gobierno Petro pierde disputa jurídica por el Muelle 13
Redacción Cali.
La decisión respalda el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en febrero, otorgó medida cautelar a favor del concesionario. El Consejo concluyó que la ANI vulneró el debido proceso al intentar revertir el otrosí contractual sin agotar el procedimiento legal previsto en el artículo 97 del CPACA.
Según el alto tribunal, la revocatoria generó perjuicios económicos proyectados en más de USD 58 millones, al impedir el desarrollo ordinario de la operación portuaria.
El contrato había sido ampliado en diciembre de 2023, luego de cumplirse —según el Consejo— con los requisitos legales y técnicos. No obstante, el Gobierno Nacional objetó la prórroga alegando presuntas falencias ambientales y estructurales. Estos argumentos siguen siendo evaluados mediante un peritaje independiente, cuya conclusión aún no ha sido revelada.
Para el Grupo Portuario, la decisión representa un precedente relevante en defensa de la estabilidad contractual y la legalidad administrativa. Su apoderado, el exministro Luis Felipe Henao, declaró que “la justicia corrigió un acto arbitrario que ponía en riesgo la inversión privada y la operatividad de Buenaventura”.
El Muelle 13 moviliza anualmente cerca de 1,5 millones de toneladas de carga y es clave en la cadena logística del Pacífico colombiano. El fallo también refuerza el principio de seguridad jurídica, elemento indispensable para atraer inversión en infraestructura portuaria.
Mientras se resuelve de fondo la legalidad de la prórroga, el muelle continuará operando bajo administración privada.
