Gobierno nuevamente aplaza el fortalecimiento de los medios alternativos.
El Gobierno Nacional está perdiendo tiempo y grandes cantidades de dinero en la ejecución de un proyecto destinado a un supuesto fortalecimiento de medios de comunicación regionales, locales, alternativos, comunitarios y digitales.
Está perdiendo el tiempo porque lo proyectado, en el inmediato futuro, no reduce en nada el abismal desequilibrio entre el derecho fundamental a la información que tenemos todos los ciudadanos para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y el monopolio informativo de impacto en la opinión pública que realizan los medios masivos de comunicación – radio, prensa, televisión y medios digitales – que están al servicio exclusivo, y excluyente, del poderoso conglomerado económico, con sus intereses privados prevalentes.
La sutil manipulación mediática inició con la puesta en marcha del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, que contempla cambios favorables para la nación colombiana pero que limita las codiciosas pretensiones de los poderosos. Esto justificó una manipulación informativa que va haciéndose más intensiva a medida que avanza la implementación de las reformas progresistas para una equidad real en todos los estratos sociales.
La tarea impuesta a esos medios parece ser evitar que se implementen de manera integral y que haya participación activa de la sociedad civil. Lo están logrando, porque el Gobierno no utiliza adecuadamente una estrategia de comunicación que equilibre el flujo de información.
El Gobierno está perdiendo dinero porque, finalizando el pasado mes de octubre, a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias adjudicó a la Unión Temporal Cincoop-Comunikate, conformada por la Central de Integración y Capacitación Cooperativa Cincoop y la Fundación Comunikate, un contrato de dos mil doscientos veintiséis millones de pesos ($2.226.000.000) para “aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el fortalecimiento, la formación e integración de medios alternativos, comunitarios y digitales”. Imposible lograrlo en apenas un mes que tiene la unión temporal para ejecutar el contrato, y que en nada fortalece la sostenibilidad de los medios.
Pero es más grave. Ese contrato es para “Identificación de medios”, asunto que ya se había venido realizando a través del portal https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Haz-parte-del-Directorio-Nacional-de-Medios-Alternativos-Comunitarios-y-Dig-230223.aspx
Otra parte es para “Formación y capacitación en asociatividad solidaria, un diplomado, y 10 encuentros con estrategia de asociatividad”.
Desconocen, la UAEOS y el contratista, que los periodistas y sus medios hace rato están organizados en diferentes gremios que los representan, y que siguen aportando para la formación que requieren los periodistas, pero que siguen abandonados por el Estado.
Por ejemplo, la Federación Colombiana de Periodistas –Fecolper, es una organización que agrupa a 23 asociaciones de periodistas y a 850 comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación en Colombia (entre ellas están: Circulo de Periodistas de Cali, Red de Periodistas en Frontera- Ipiales, Fundación Circulo de Periodistas de Cartago y Norte del Valle, Corporación Unión de Periodistas del Cauca UPC, Corporación de Comunicadores y Periodistas de Pradera, Circulo de Periodistas de Valledupar, Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería, Asociación de Comunicadores y Periodistas de Sucre, Asociación de Comunicadores y Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del Meta, Corporación de Periodistas de Arauca, Corporación de Periodistas del Putumayo, Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila, Asociación de Trabajadores de Medios Comunicación de Caquetá). También existe la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado – PEVIPAZ, el Círculo de Periodistas de Bogotá – CPB, la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Asociación Colombiana de Periodistas ACP, la Asociación Colombiana de Medios de Información, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, la Asociación de Locutores y Periodistas del Centro de Colombia, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACORD, la Asociación de Periodistas Económicos – APE, entre otras.
Y todas estas organizaciones cuentan con el apoyo y proyectos de capacitación permanentes, por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, el Consejo de Redacción – CdR, Reporteros Sin Fronteras – RSF, la Asociación Mundial de Periodistas y hasta de la Federación Internacional de Periodistas FIP, además de la IJNet, Red Internacional de Periodistas, que ayuda a que los periodistas accedan a las oportunidades y la información que necesitan para perfeccionarse y mejorar la calidad del periodismo de manera permanente.
Si se gastaron 2.226 millones en una pendejada, habría sido más lógico y eficaz, que el Gobierno Nacional hubiera hecho una primera convocatoria, por ejemplo, a 200 emisoras comunitarias y medios alternativos independientes y con un plan estratégico de medios, otorgarles una financiación de diez millones de pesos a cada una para su fortalecimiento propio, que es lo que necesitan. Habría sido más económico, de mayor compromiso laboral y realmente la inversión se habría enfocado directamente hacia los objetivos específicos que busca el Gobierno Nacional, que no se lograrán con el equivocado contrato que está en desesperada ejecución contra el tiempo.
Bueno, eso ya está en proceso de pérdida, así fiscalmente llenen todos los requisitos de Ley, pero lo que se pretendía era fortalecer los medios de comunicación alternativos y comunitarios en regiones apartadas porque es una tarea crucial para garantizar una información diversa, representativa y cercana a las comunidades, que la UAEOS decidió aplazar quién sabe hasta cuándo, por favorecer a una unión temporal que mañana desaparece.
En adelante, debería crearse un Fondo Específico para Medios Alternativos, Locales y Comunitarios en regiones apartadas y golpeadas por el conflicto armado, destinado exclusivamente para financiar actividades operativas esenciales, como la producción de contenido, la mejora de la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal, de acuerdo con las necesidades propias. Es decir, crear programas de incentivos económicos para medios independientes, alternativos, comunitarios y digitales, que permitan su sostenibilidad financiera.
El Gobierno debería, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, facilitar el acceso a tecnologías emergentes y plataformas digitales que ayuden a los medios locales a llegar a audiencias más amplias y diversificar sus fuentes de ingresos. También a subsidiar la adquisición de equipos y herramientas tecnológicas esenciales para la producción y distribución de contenido, y, obviamente, establecer un sistema de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas.
Sentido común, y eficaz asesoría periodística, le faltaron al Gobierno del Cambio para enfrentar desafíos significativos en términos de equidad y pluralismo en el acceso a la información y para apoyar proyectos de medios que promuevan la diversidad informativa, sin abandonar la crítica y la reflexión frente al Poder.
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