Gobernación exige datos reales al CRIC
Gobernación exige datos reales al CRIC.
La Gobernación del Cauca y su Secretaría de Educación mantienen una postura de legalidad y transparencia ante las demandas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que reactivó la Minga de Resistencia tras la ocupación de la sede administrativa en Popayán el pasado 19 de febrero. La administración departamental, liderada por Jorge Octavio Guzmán, ha supeditado el nombramiento de 112 nuevos dinamizadores educativos a una validación técnica rigurosa en cada territorio, con el fin de garantizar que los recursos públicos se asignen según la necesidad real de los estudiantes.
El conflicto escaló luego de que las 138 autoridades del CRIC denunciaran un presunto incumplimiento de compromisos pactados el 28 de enero. No obstante, la secretaria de Educación, Sor Inés Larrahondo Carabalí, sostiene que los ejercicios de planeación actuales no reflejan la falta de dichas plazas. Para la administración, la firma de cualquier acto administrativo debe contar con un sustento jurídico sólido que evite irregularidades, por lo que instaron a las comunidades a permitir una inspección directa en las aulas para contrastar las cifras reportadas por la organización indígena.
La persistencia del bloqueo y la movilización hacia puntos estratégicos, como el territorio ancestral de Quetquina, Sa’th Tama Kiwe, han forzado a la Gobernación a implementar medidas de contingencia. Franky Almario Bravo, secretario general, confirmó la activación del trabajo remoto para los funcionarios públicos y la instalación de un Puesto de Mando Unificado junto al Ministerio Público y el Ministerio de Educación Nacional. Estas acciones buscan proteger la integridad de la ciudadanía y asegurar la continuidad de los servicios gubernamentales mientras se agota la vía del diálogo.
La administración departamental ha reiterado que el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es respetado, pero su implementación debe alinearse con la eficiencia administrativa. Con el acompañamiento de organismos internacionales como la ONU y entidades como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación espera que la verificación en territorio permita destrabar la controversia y restablecer el derecho a la educación de los niños caucanos, alejando el riesgo de desarmonía territorial que la falta de clases podría generar.
